Desde 1994, cuando al final de su sexenio Carlos Salinas designó a Arsenio Farell Cubillas al frente de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública de la Nación, el combate a la delincuencia, incluida su variante de “guerra al narcotráfico”, ha fracasado no por falta de ideas o de recursos, sino porque los crecientes mercados de la ilegalidad han sido bien aceitados con la corrupción.
Después del secuestro del exdueño de Banamex Alfredo Harp Helú, Salinas creó aquella Coordinación que puso en manos de viejos conocedores de la represión que habían participado en la guerra sucia de los años sesenta y setenta. Fue para salir del paso.
La violencia siguió creciendo y a fines de los noventa, México entró en una etapa de inseguridad pública desconocida hasta ese momento, a pesar del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) echado a andar por el gobierno de Ernesto Zedillo.
Los militares desde entonces ya participaban de lleno en tareas de seguridad, avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 1996 declaró constitucional su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública creado por el SNSP.
Después, en abril de 2000, la propia SCJN emitió una tesis jurisprudencial a favor de que los militares participen en auxilio de las autoridades civiles en seguridad pública.
Los militares tienen el aval constitucional desde hace más de 20 años y desde entonces su participación como responsables de los cuerpos policiales ha sido constante.
Soldados y marinos han estado al frente de la Policía Federal, policías estatales, corporaciones municipales, grupos mixtos, fuerzas de tarea y cuantas propuestas han surgido.
Han estado incluso al frente de la Procuración de Justicia, como en el gobierno de Vicente Fox, a pesar de que durante la segunda mitad de los noventa, militares de élite comisionados a la Policía Judicial Federal, antecedente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desertaron para crear Los Zetas.
Felipe Calderón involucró de lleno a los militares cuando declaró la “guerra a las drogas”. El resultado no ha podido ser peor: un incremento sin precedentes de las violaciones a los derechos humanos y la partición de los grandes cárteles en pequeños grupos autónomos.
Para sobrevivir, las nuevas organizaciones son cada vez más violentas y tienen a México entre los países con más víctimas en el mundo, apenas separado de las naciones envueltas en guerras internas o regionales, como Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Paquistán, Libia y Ucrania. http://www.proceso.com.mx/450082/la-violencia-crece-pena-nieto-se-pasma
Ejemplo de los crímenes de lesa humanidad es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; pero también de la presencia de los militares en retiro en la delincuencia. Las propias investigaciones de la PGR lo han señalado.
La Ley de Seguridad Interior que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del PRI en la Cámara de Diputados, con propuestas similares del PAN, no sólo busca hacer permanente esa participación, sino darles incluso más facultades a los militares para “restaurar el orden interno”, por encima incluso de las autoridades civiles.
Como lo hacía Calderón y su “súper policía” Genaro García Luna, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reparte culpas entre los gobernadores y éstos sólo se asoman cuando se trata de recibir recursos federales para la seguridad.
La ley nada resolverá más que dar comodidad a los militares para evitar acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Pero el problema de fondo seguirá: la delincuencia aceitando la corrupción y el Estado invirtiendo en hombres que acaban trabajando para la delincuencia. Un círculo perverso, perfecto.
Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
http://www.proceso.com.mx/476582/ley-seguridad-interior-misma-receta-mismo-fracaso