“Nosotros ya nos hemos cansado de pedir el apoyo de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Cruz Roja Internacional. La respuesta ha sido nula hasta la fecha. A ellos les falta involucrarse más en el tema de México”, afirmó Díaz en entrevista a Efe.
La activista encabeza a decenas de madres de familia organizadas en las Brigadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el oriental estado de Veracruz.
Según cifras oficiales, de 2011 a 2016 fueron localizadas en el estado 258 fosas clandestinas con al menos 463 víctimas y miles de restos humanos.
Díaz, quien también busca a su hijo desaparecido en 2013, fue una pieza clave para poder localizar decenas de fosas ilegales ubicadas en el predio Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz (Golfo de México), donde hasta ahora han encontrado restos de 250 personas.
Fue en septiembre de 2016 cuando localizaron el megacementerio ilegal, pero hoy hace un llamado al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a encarar la situación que representan decenas de miles de desaparecidos, no solo en Veracruz sino en todo México.
“Es momento de comenzar a encarar la situación, asumirla, reconocer que en México hay un verdadero problema con las desapariciones, que es real, y que comiencen a trabajar”, expresó.
El problema, agregó, se tiene que atender en dos vertientes: detener las desapariciones que siguen ocurriendo y localizar a los reportados como desaparecidos e identificarlos.
Durante la gestión en Veracruz del gobernador Javier Duarte (2010-2016), quien se encuentra prófugo de la justicia, 5 mil 785 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las que 2.340 siguen sin ser localizadas.
“A nosotros nos produce un desagrado muy grande, indignación muy grande, incredulidad, pensar que hubiera autoridades tan nefastas que permitieran que sucediera todo esto”, dijo.El hallazgo de las fosas con cientos de cuerpos, afirmó, les da pocas esperanzas en que prevalezca el Estado de derecho. “Nos desilusiona mucho porque pensábamos que estábamos en un país moderno y nos damos cuenta de que estamos en un país con mucho atraso”, agregó la activista.
El hallazgo en Colinas de Santa Fe, sostuvo, las obliga a seguir trabajando en el lugar, porque “aún no se termina y tenemos que conseguir fondos” para el trabajo de identificación.
Fue en junio de 2013 en el Puerto de Veracruz cuando un grupo de personas ingresó al domicilio de su hijo, Guillermo Lagunes, entonces de 29 años, y se lo llevó.
“Tenía un negocio de eventos muy exitoso y eso basta para que seas un objetivo. Tres años y medio buscándolo y seguiré buscándolo hasta que Dios me quite el aliento”, declaró.
Desde entonces ha sido uno de los estandartes de la búsqueda de desaparecidos en Veracruz, estado que hasta hace unos cinco años fue dominado por la más sanguinaria organización criminal en el país, los Zetas, pero que luego sufrió la irrupción de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Golfo.
Para Díaz es sencillo explicar por qué encabezar una lucha de tal magnitud y enfrentarse a autoridades y a la propia delincuencia.
“Cuando a una mujer le arrebatan a su hijo, el temor y la angustia se van a un tercer plano; una solo funciona en base a encontrar a ese hijo. Esa es la actitud de las madres: buscar al hijo hasta que se encuentre y si se toma toda la vida pues ni modo”, acotó.Por su parte, la presidenta del Colectivo por La Paz Xalapa, Sara Rodríguez, aseguró que de nada sirve explotar mediáticamente el tema de las fosas y seguir sacando restos, cuando las autoridades estatales y federales carecen de recursos y voluntad para realizar pruebas de ADN y poderlos identificar.
En entrevista con Efe, Rodríguez denunció que desde septiembre del año pasado los familiares de desaparecidos entregaron a las autoridades miles de muestras, pero debido a que carecen de reactivos ha sido imposible procesarlas y contrastarlas con los restos hallados.
La mujer consideró que es necesaria la intervención de la CIDH y de la Organización de las Naciones Unidas, pero no solo con charlas o recomendaciones sino con recursos y vigilancia para que se cumpla la identificación de víctimas.
Si bien reconoció que el nuevo fiscal del estado, Jorge Winckler, no es responsable de las irregularidades, es momento de que ponga orden y dé resultados.
El propio Winckler admitió hoy a medios locales que los Servicios Periciales de la Fiscalía estatal y el Servicio Médico Forense de la Universidad Veracruzana, que apoya en las tareas, están rebasados por el número de cuerpos.
“Sí, totalmente (rebasados); hay fosas que no se trabajan porque no tenemos dónde acomodar los restos que se pudieran extraer”, puntualizó.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
AUTOR: EDGAR ÁVILA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-03-2017/3174519