En el último tramo de la selección del nuevo fiscal anticorrupción las diferencias se agudizaron entre las organizaciones civiles, los expertos, los senadores y los candidatos. De 32 aspirantes originales, seis declinaron su candidatura, incluyendo a los dos que eran considerados “favoritos” del gobierno y de bancadas del Senado: Ximena Puente, actual comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, a quien otros candidatos la señalaron por recibir el apoyo de la Secretaría de Gobernación, y Miguel Sarré, exvisitador general de la CNDH y miembro del subcomité de la ONU para la prevención de la tortura, quien ventiló un duro diagnóstico al retirar su aspiración.
El pasado jueves 2, Sarre afirmó en su carta de renuncia a la candidatura de la fiscalía que “bajo un marco jurídico insuficiente y que operaría a partir de lo que actualmente es la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos constituiría un obstáculo más que un apoyo” en la lucha contra la corrupción.
La carta de Sarre se refiere a que el titular de la Fiscalía Anticorrupción que sea electo por el Senado tendrá que atenerse al artículo transitorio de la reforma político-electoral, aprobado por el Congreso en 2014, en el que se señala que “los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador general de la República o, en su caso, por el fiscal general de la República”.
Además de Puente y Sarre, otros cuatro aspirantes declinaron y en las comparecencias del 14, 15 y 16 de marzo pasados se ventiló el bochornoso caso de Angélica Palacios Torres, ministerio público de la PGR en su delegación de Puebla, y Braulio Robles Zúñiga, de la Coordinación de Asesores de la PGR, que fueron descalificados por haber presentado dos trabajos prácticamente iguales: 26 de los 35 párrafos de sus respectivos ensayos para acreditar “conocimiento, sabiduría, poder mental y experiencia” eran exactamente iguales. El escándalo de los plagiadores fue lo más difundido de estas comparecencias.
La lista de aspirantes se redujo finalmente a 23, quienes comparecieron esos tres días sin despertar mayor interés entre los senadores integrantes de las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana que debieron llevar el procedimiento de selección.
El enfrentamiento con las 13 organizaciones civiles que participaron en el diseño original de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se expuso a la mitad del proceso de selección, ya que varios organismos, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Artículo 19, FUNDAR, Transparencia Mexicana, CIDE, Coparmex, México Evalúa, el Centro Espinosa Yglesias y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, decidieron abandonar el “acompañamiento” de los senadores, argumentando, entre otras cosas, la opacidad y los intereses dominantes de los partidos políticos, que querían dilatar el nombramiento o tener un fiscal cómodo. La mayoría de estas organizaciones fundaron el colectivo #FiscalíaQueSirva.
En su comunicado, FUNDAR y Artículo 19 argumentaron que el proceso de selección del fiscal anticorrupción “es un ejemplo más que ilustra cómo las designaciones en nuestro país siguen dependiendo de los tiempos y arreglos políticos en vez de considerar criterios como la idoneidad de los perfiles y las condiciones estructurales para que las instituciones funcionen de forma efectiva”.
Ambas organizaciones advirtieron el riesgo de que la participación ciudadana en el proceso sea “un acto de mera simulación”, ya que desde noviembre de 2016 le propusieron al Senado un Comité de Acompañamiento que ayudara a realizar una valoración independiente. Cuatro meses después, en marzo de 2017, a menos de una semana de que se cumpliera el plazo del 21 de marzo para conocer a los finalistas, los senadores respondieron formalmente, pero varias organizaciones decidieron no formar parte por dos razones: “falta de certeza en que la valoración independiente fuera a ser tomada en cuenta por la Junta de Coordinación Política”, y sigue sin avanzar la construcción de la Fiscalía General, de la cual dependerá la Fiscalía Anticorrupción.
También la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presidida por María Amparo Casar, emitió un duro comunicado en el que advirtió que se “levantaron de la mesa” por “la falta de certeza de que el análisis profesional que haríamos sería tomado en cuenta en la decisión final y que la decisión final sucedería de cara a la sociedad civil y no, como se vislumbra en estos momentos, de manera poco transparente y pública por los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República”.
En un artículo publicado en Excélsior, la propia María Amparo Casar acusó al Senado de indolencia por permitir que “se desperdicien dos años para sentar las bases y la operación de la Fiscalía Anticorrupción, y debido a su irresponsabilidad su próximo titular durará en el encargo a lo sumo un año y medio. Eso significa que difícilmente podrá llevar a cabo dos de las labores de su cargo: el diseño institucional y el rezago en delitos de corrupción”.
Tan sólo para tener una idea de las dimensiones del trabajo, varias organizaciones han advertido que en menos de 18 meses el fiscal que sea electo tendrá que desahogar las cerca de 700 denuncias e irregularidades en el manejo de la Cuenta Pública presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos cuatro años. Además, tendrá que hacer una nueva reestructuración de ministerios públicos, con el riesgo de ser removido por el actual titular de la PGR si afecta intereses políticos.
Enfrentamiento con el Comité de Acompañamiento
Los malos pronósticos de las organizaciones que integraron el grupo #FiscalíaQueSirva se cumplieron. El pasado jueves 23 los siete integrantes del Comité de Acompañamiento, encabezados por Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, tuvieron un duro intercambio de palabras con los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política y dieron a conocer un severo comunicado en el que acusaron de “opacidad” a los legisladores.
Este comité fue conformado de última hora, el 14 de marzo, con los especialistas Silvia Inclán Oseguera, Ricardo Jiménez González, Issa Luna Pla, Fernando Nieto Morales, Cristina Puga Espinosa, Juan Carlos Sánchez Magallán y el propio Ugalde Ramírez, para hacer una evaluación de los 23 candidatos que finalmente comparecieron ante las comisiones unidas y no fueron descalificados por plagio o que no declinaron en el momento.
El lunes 20, el Comité dio a conocer los nombres de cuatro finalistas: César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas a partir de “méritos profesionales, académicos, trayectoria y capacidades probadas”, sin consideraciones de género.
Los senadores Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, y Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, hicieron pública la recomendación de cuatro finalistas. Ugalde afirmó que este Comité de Acompañamiento no veía “justificación jurídica ni política o de otra índole que pudiera justificar un nuevo aplazamiento” para seleccionar antes del 4 de abril al nuevo fiscal anticorrupción.
En esa fecha se efectuará la primera reunión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y en ella debería estar el nuevo fiscal del ramo dentro de la estructura de la PGR.
Al día siguiente de que se conociera el nombre de cuatro seleccionados por el Comité de Acompañamiento, el priista Héctor Yunes Landa afirmó que para las comisiones y para la Junta de Coordinación Política los 23 candidatos llenan los “perfiles idóneos” y aclaró que la opinión de los expertos “no es vinculante”.
Según algunos legisladores que participaron en el altercado del jueves 23 entre el Comité de Acompañamiento y la Junta de Coordinación Política, los expertos reclamaron airadamente que los hubieran utilizado y no se tomara en cuenta la selección que ellos hicieron.
En su comunicado de ese día, el Comité de Acompañamiento afirmó que “aunque los 23 aspirantes cumplen con los requisitos formales exigidos en la convocatoria, no todos cuentan en la misma medida con la experiencia, conocimientos, perfil, visión y liderazgo para desempeñar idóneamente y con efectividad el cargo de fiscal anticorrupción, dadas las condiciones actuales”.
“La falta de atribuciones de las comisiones para elaborar una preselección traslada la decisión a la Junta de Coordinación Política, sin proveerla de una valoración previa y escrita que sirva de base para evaluar el proceso. Lo anterior implica el riesgo de que la decisión sea estrictamente política en demérito del proceso, dado que los integrantes de la junta no participaron de forma directa en el proceso y por ello cuentan con menos elementos para tomar una decisión informada y basada en el mérito”, concluyó el comunicado de los especialistas.
Los candidatos y las comparecencias
Los días 14, 15 y 16 de marzo comparecieron los 23 aspirantes que finalmente quedaron para buscar la titularidad de la fiscalía. Los participantes destacaron, en su mayoría, las limitaciones jurídicas y los riesgos de que el Sistema Nacional Anticorrupción fracase sin una fiscalía autónoma.
Américo Irineo Meléndez Reyna señaló que la prioridad del fiscal será recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad, al tiempo que Ricardo Vázquez Contreras indicó que debe modificarse el artículo 102 constitucional para que la fiscalía sea autónoma y pueda atraer casos que acrediten delitos como delincuencia organizada y asuntos electorales.
Ricardo Peralta Saucedo propuso revisar el fuero y crear un sistema de protección de testigos y denunciantes, y subrayó que no sólo los servidores públicos son susceptibles de corromperse, sino también los empresarios.
Gabriel Arena Flores propuso remover a todos los titulares de los órganos internos de control de la administración federal porque ellos podrían bloquear el trabajo del nuevo fiscal, mientras que José Bernardo Rafael Espino subrayó la importancia de tener mayor contacto con la ciudadanía.
César Alejandro Chávez Flores consideró necesario vincular las violaciones a los derechos humanos con el combate a la corrupción y también hizo notar las debilidades en el diseño de la nueva fiscalía. En este sentido coincidió también Jorge Luna Calderón: la necesidad de una capacitación a los ministerios públicos en materia de derechos humanos.
Michel Levién González provocó hasta risas de los senadores al subrayar: se necesita “un fiscal sin cola que le pisen, y ese soy yo”. José Fernández de Cevallos y Torres abundó sobre una estrategia nacional de prevención del delito, prometió “cero tolerancia” y reparación del daño en el combate a la corrupción.
Manuel Hallivis Pelayo expuso que un combate eficaz a la corrupción debe ir acompañado de jueces y procesos especializados en estos temas, mientras que Antonio Sam Baéz expuso que se requiere un área de “inteligencia criminal”.
Reyna Angulo Valencia insistió en la autonomía del fiscal y que éste formará parte del nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Victoria Pacheco Jiménez destacó la pertinencia de darle seguimiento a cada acusación o caso de corrupción que se ventile públicamente.
Edgardo Flores Campbell criticó la falta de estructura y de sistematización en el combate a la corrupción, y Jorge Ricardo García Villalobos también mencionó una estrategia de “cero tolerancia” en el combate a la impunidad.
Algunos aspirantes declinaron seguir en la pelea, como fueron los casos de Héctor Carreón Perea y de Angel Buendía. Fernando Valerio Gutiérrez se retiró de las comparecencias y Roberto Palacios se quejó: “No me avisaron de mi comparecencia, sino hasta el día de hoy, y ni hay un expediente completo de mi perfil”.
El asunto aún es más delicado porque sólo en 16 de las 32 entidades de la República se ha avanzado en la conformación de los sistemas locales anticorrupción, y en algunos casos las disparidades presupuestales son enormes: el Estado de México cuenta con 300 millones de pesos para una “bolsa anticorrupción”, mientras que en Morelos sólo se destinarán 30 millones de pesos, según los datos manejados en la reunión de los representantes estatales y los senadores, realizada el 23 de marzo.
Este reportaje se publicó en la edición 2108 de la revista Proceso del 26 de marzo de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/480006/total-descredito-del-proceso-elegir-fiscal-anticorrupcion