Nieto reconoció a las instituciones del gobierno por la captura en menos de una semana de dos ex gobernadores prófugos que fueron detenidos en el extranjero.
Peña Nieto se refería a Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, acusado de uno de los desvíos de presupuesto público más grandes de la historia; y Tomás Yarrington, de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero y nexos con la delincuencia organizada.
Aunque hay pedidos de extradición, ambos están detenidos en el extranjero, el primero en Guatemala y el segundo en Italia.
A ellos se agrega un tercer famoso mexicano detenido en otro país: el fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Entre los tres poseen, a juicio de analistas, datos valiosos que pueden dar información importante a las autoridades de otros países sobre el llamado pacto de impunidad entre políticos y la delincuencia organizada.
Si alguno decide hablar, destaparía la caja de pandora que dejaría al descubierto que los lazos entre el narco y la élite en el poder se da de manera orgánica en distintas partes del mundo.
“Los tres poseen información muy valiosa y los abogados tendrán la decisión de usarla para llegar a una buena negociación”, dijo a Infobae, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP).
“El Chapo” ya dio una muestra de lo que puede pasar si da nombres. Aunque sus abogados lo han negado, analistas políticos en el país comentaron que la captura en Estados Unidos del fiscal del estado de Nayarit, Édgar Veytia, acusado de nexos con el cártel rival de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se dio gracias a que el capo dio información relacionada con él.
En el caso de los dos ex gobernadores, representan también un peligro para la clase política corrupta porque contra Yarrington existe una orden de aprehensión en EU y Duarte tiene propiedades, supuestamente compradas con dinero ilegal, también en ese país, lo que significa que en algún momento pudiera ser reclamado.
LO QUE SABE “EL CHAPO”
A raíz de su extradición a Estados Unidos, a principios de año, según analistas a Guzmán Loera sólo le quedaría entregar información a cambio de que no recibir la pena de muerte y de proteger a su familia.
En octubre del año pasado, Infobae publicó que la inminente extradición del capo daría acceso a autoridades norteamericanas a información valiosa sobre las operaciones del narco y el Cártel de Sinaloa en al menos 54 países, pero en el caso de México, optaría por dar, en primer lugar, nombres de funcionarios municipales, y conforme avance el proceso judicial y la oferta de conmutación de penas, vendría la data de políticos y empresarios de más alto rango.
Algunos nombres de altos funcionarios que, presuntamente, tuvieron algún tipo de contacto con el capo empezaron a surgir desde el 2015 pasado, cuando se dio a conocer que en junio de 2011, mientras se encontraba prófugo, “El Chapo” se habría reunido con 20 gobernadores en el hotel Pueblo Bonio Emerald Bay, en Sinaloa, su estado natal.
Información publicada por el periodista estadounidense Wayne Madsen en el sitio Infowars.com y divulgada por el semanario mexicano Proceso, uno de los medios más prestigiosos de México, destaca que entre los asistentes se encontraban los entonces gobernadores de Sinaloa, Mario López Valdés; de Querétaro y actual Secretario de Agricultura, José Eduardo Calzada Rovirosa; de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero –quien tuvo que dejar el cargo en 2014 tras el escándalo de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa-; Rodrigo Medina, entonces Gobernador de Nuevo León –acusado de corrupción-; Guillermo Padrés Elías, actualmente preso; Javier Duarte de Ochoa, detenido de semana, y Rafael Moreno Valle, de Puebla, aspirante a la candidatura presidencia de 2018, por mencionar algunos.
La mayoría negó en su momento la información, sin embargo, ninguno emprendió acciones legales en contra del reportero o del medio informativo.
“Puede dar sorpresas –’El Chapo’- y empezar a liberar información sobre las redes de complicidades a nivel estatal y municipal en lugares como Durango, Sinaloa, Chihuahua, entre otros”, señaló Sánchez Lara.
EL EX GOBERNADOR QUE QUERÍA SER PRESIDENTE
Su detención abrió un nuevo frente entre México y Estados Unidos, ya que ambos países reclamaron su extradición por lavado de dinero y delincuencia organizada. Finalmente, Estados Unidos ganó la pulseada y hubo un acuerdo de fiscalías de ambos países para que primero sea juzgado allí.
El ex Gobernador que a alguna vez quiso ser candidato a la presidencia del México por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) se niega a ser extraditado a suelo azteca, lo que abre otra posibilidad para que sus abogados puedan encarar algún tipo de negociación con EU para entregar información a cambio de privilegios.
“Consolidó un narco gobierno en Tamaulipas, donde el Estado mexicano perdió el control total y vimos terribles casos de lesa humanidad (principalmente relacionados con la desaparición y asesinatos de migrantes)… La delincuencia organizada no puede operar sin pactos de impunidad y eso es lo que puede salir a la luz”, agregó el académico de la UDLAP.
LA RISA DE DUARTE
La risa de Duarte despertó suspicacias entre los analistas, quienes afirmaron que era la señal de que había pactado su entrega.
El ex gobernador es acusado de uno de los desfalcos al presupuesto oficial más grandes en la historia por 223 millones de pesos (USD 11, 736 millones) a través de una red de empresas fantasma y prestanombres.
Parte de ese dinero se invirtió en distintas casas compradas en Estados Unidos.
El ex Gobernador sería dueño de una propiedad localizada en 7940 E. Clinton St., Scottsdale, 85260, AZ., en el lote MCR 258-7 del Scottsdale Country Club, una exclusiva zona residencial localizada en el noreste de la región de Phoenix, en el Condado de Maricopa, Arizona.
En octubre de 2016 una investigación periodística reveló que había comprado, con dinero supuestamente público, 19 casas de nivel medio en Miami, Florida, a través de tres empresas fantasma. Las viviendas tenían un valor inferior a los USD 500.000 cada una.
Pero su sexenio (2010-2016) en la entidad se dispararon los niveles de violencia, propiciada por la operación del Cártel de Los Zetas, el número de feminicidios y la aparición de fosas con restos humanos, así como los ataques en contra de periodistas, a tal grado que Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para ejercer la profesión.
“El pacto de impunidad operó al más alto nivel”, señala Sánchez Lara.
Para Felipe de la O, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, aún existen cosas que no se saben porque es un “tema de elites” y en el caso de los ex gobernadores sugirió indagar también sobre quienes fueron integrantes de sus gabinetes y ver cuál es la interacción que tienen actualmente con la clase política.
Para Sánchez Lara, esta es la punta del iceberg de un periodo que durará años y en el que caerán más ex gobernadores y funcionarios públicos, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) necesitará recursos extraordinarios para si de verdad quiere romper con el pacto de impunidad.
FUENTE: SIN EMBARGO/INFOBAE.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-04-2017/3196340