Los mexiquenses dicen que vivir en el Estado de México es como estar en el Mordor [“país negro”, en El Señor de los Anillos]. La entidad está concebida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como un depósito de dádivas y de despensas no sólo en periodos electorales, también al instalar megaproyectos. El progreso económico no va más allá de la transformación de la naturaleza en planchas de concreto y trabajos precarios, acusaron colectivos, organizaciones, pueblos y personas de la entidad.
Y si alguien rechaza sus dádivas o se niega a su corrupción, hay bala, tolete o gas lacrimógeno, añadieron.
Así han vivido los mexiquenses por más de 80 años: el llamado Grupo Atlacomulco ha gobernado “traficando” con sus necesidades por casi un siglo.
“Hay dos Estados de México. No sirve de mucho que el mayor crecimiento se esté dando en Naucalpan o Ecatepec, cuando eso no llega al de pueblos originarios”, dijo el economista por el Colegio de México (Colmex), Carlos Brown Solà.
El asunto, expuso, es “la voluntad política para ir más allá de las dádivas y programas sociales”. Para mejorar el bienestar y calidad de vida se necesitan alternativas de política pública que no sólo alivien sino ayuden a los 8 millones 269 mil mexiquenses a salir de la pobreza. Pero el enfoque es “con tintes claramente electorales” cada tres y seis años.
“Se necesita mayor conectividad logística y económica entre el estado; detonar procesos locales para cortar la dependencia tanto a los programas sociales –que deben tener un enfoque productivo– como a los envíos de gente que migra a la zona metropolitana, a otros entidades o a Estados Unidos. También se requiere una política industrial para la región, lo que demanda infraestructura y reunirse con empresarios”, determinó Brown Solà.
De los 125 municipios, los habitantes de las zonas que colindan con la capital del país, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Tlanepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán o Ixtapaluca, gastan tiempo y dinero en trasladarse a su trabajo. Además, durante esos trayectos corren riesgo por la inseguridad en el transporte público, expuso Aldabi Olvera, miembro de Semillero Itinerante del Estado de México formado por pobladores, campesinos académicos y periodistas.
En contraste, al norte del estado, los mexiquenses de pueblos originales como los nahuas, otomíes, mazahuas, tlahuicas o matlazincas viven del campo y defendiendo su agua y bosques amenazados por los megaproyectos que “contrastan con sus formas de vida”. Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró una planta de Peñafiel en Tecámac, pese a que “hay mucha oposición de los sistemas autónomos de agua potable”, ejemplificó Olvera.
“El PRI tiene toda una estructura clientelar poderosísima que no sólo está activa en tiempos electorales, sino para implementar megaproyectos y tener un desarrollo económico que contrasta con el modo de vida en esas comunidades y partes urbanas”, dijo.
Para la implementación de la autopista Toluca-Naucalpan en Xochicuautla, pueblo otomí que batalla contra el grupo Higa, la empresa “actuó como partido político”. El también periodista y habitante del Estado de México acusó que hubo reparto de dinero y planfletos, y se compró a comuneros, lo cual rompe relaciones familiares y genera conflictos internos.
Lo mismo ocurrió con las empresas aeroportuarias en San Salvador Atenco, ejemplificó.
“Es un contraste entre un modelo de desarrollo y un modo de vida de conservación de la naturaleza. De esta gran geografía de despojo de agua y territorios ningún candidato o candidata está hablando”, acusó el miembro de Semillero Itinerante respecto a las campañas rumbo a la guberantura de la entidad que se celebrarán el 4 de junio.
Hace 10 años el Gobierno mexiquense, con Enrique Peña Nieto, implementó el proyecto “Ciudades del Bicentenario”. Busca crear poblados autosuficientes y competitivos que puedan albergar infraestructura, vías de comunicación y recibir incrementos poblacionales significativos. Estas ciudades –proyectadas para los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Zumpango, Tecámac y Huehuetoca– se presentan como alternativas de vivienda, empleo y acceso a educación, salud, comercio y recreación sin tener que desplazarse grandes distancias.
No obstante, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) ha señalado que bajo ese discurso desarrollo y competitividad económica, se ha despojado a diversas poblaciones de sus bienes naturales, lo que constituye “una violación grave” a su derecho a la vivienda, al agua, a una vida digna, a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación en la toma de decisiones.
Hace más de 50 años, por ejemplo, los habitantes del municipio de Coyotepec construyeron con mano de obra y recursos propios un sistema de agua. Es autónomo y sólo la comunidad tiene derecho a administrar el líquido que abastece a cerca de 50 mil personas. Pero hace tres años autoridades municipales y estatales se los han intentado arrebatar para instalar desarrollos mobiliarios o empresas.
EL PRI CREE QUE CON LAS DÁDIVAS BASTAN
“Con Enrique Peña Nieto en la presidencia, todo el país está padeciendo lo que nosotros vivimos por décadas en el Estado de México”, denunciaron más de 50 organizaciones civiles en el manifiesto “La voz de quienes resisten en la periferia se enciende”.
El Estado de México contribuye en 9 por ciento al PIB nacional, por ello si creciera a mayores tasas permitiría mejorar la situación de la entidad y del país en su conjunto, indicó México, ¿Cómo Vamos?
“Por el territorio que representa puede ayudar al crecimiento nacional, pero el tema es a quién favorece las tasas de crecimiento altas en términos de desarrollo. Se necesita un crecimiento económico incluyente y que genere derramas a la mayoría de la población”, dijo el economista Carlos Brown.
Pero en este territorio priista, la economía de la entidad creció 3.8 por ciento al cierre de 2016, menos del 4.5 por ciento necesario propuesto por los especialistas de la organización civil. En promedio, la actividad económica del estado ha crecido 2.3 por ciento en los últimos cinco años.
Durante la actual administración estatal, solo se han emitido las tarjetas la Efectiva, que dan dinero a los de menos ingresos, pero para 2017 el gobierno de Eruviel Ávila Villegas recortó un -19 por ciento la inversión pública, clave para el crecimiento. De su gestión en ese rubro solo se destaca el Mexibús y el teleférico en Ecatepec.
Una mayor expansión económica permitiría generar 166 mil 600 empleos formales al año y no solo 58 mil 799 puestos, menos del 35 por ciento de lo necesario para el estado. Ávila Villegas destacó que la inversión privada de Banamex, Grupo Sanborns, Coppel y Thor Urbana capital crearán 13 mil trabajos.
“La concentración de las opciones económicas y empleos en la Ciudad de México, en detrimento del campo, genera que incluso de otros estados se vayan a vivir a Nezahualcóyotl o Ecatepec para todavía ir a trabajar a la capital. Tiene que ver con un modelo de desarrollo del país que ha generado ciudades dormitorio, ahora invadidas por el crimen organizado muchas veces en complicidad con las autoridades de los municipios”, afirmó Aldabi Olvera de Semillero Itinerante.
Además de gastar horas en el traslado, 6 millones 282 mil 195 personas viven en pobreza laboral, es decir, esa gente no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso proveniente de su trabajo. En cuanto a pobreza en general, son 8 millones 269 mil en esa situación, la mitad de los 16 millones de mexiquenses.
El 55.4 por ciento de los que trabajan lo hacen en el sector informal sin acceso a seguridad social y salarios precarios. Esta tasa de la entidad federativa ha estado por encima de la nacional de 52.4 por ciento durante los últimos 5 años.
El Estado de México es la sexta entidad menos productiva del país, solo por delante de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados con bajo crecimiento económico y nidos de pobreza. Al tercer trimestre de 2016, por cada hora trabajada un empleado producía 84 pesos frente a los 113 pesos de promedio nacional.
El candidato priista Alfredo del Mazo tiene la idea de que los programas sociales han funcionado, que hay que sostenerlos y hay que ampliarlos como con el salario rosa, “una medida bastante irresponsable”, determinó el economista Carlos Brown.
“Es costoso, requiere recursos; no toma en cuenta el peso para las finanzas públicas. En términos de pobreza y desarrollo a nivel nacional, y se ve más en el Estado de México, se cree que los apoyos sociales parecen ser suficientes para aliviarla cuando no es así. Ese enfoque debería ir acompañado de una rama productiva”, finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-04-2017/3189858