El Ejército predomina en ese control, con siete secretarios y un coordinador general. Sin embargo, los cambios de gobierno en Colima, Oaxaca y Tamaulipas abrieron las puertas a la Marina como los máximos jefes de la policía, sin contar que muchos marinos y soldados han sido, desde hace años, jefes de Policía Municipal o que muchos de los actuales titulares de Seguridad Pública lo han sido en otros estados, además de que sus principales colaboradores son también de origen castrense.
En Guerrero, el responsable de Seguridad Pública y Protección Civil es desde 2014 el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, quien está fuertemente cuestionado, incluso dentro de la corporación policial del estado, no sólo por sus magros resultados, sino por el trato que le da al personal.
Guerrero es el estado con más presencia castrense de México desde los años de la guerra sucia. Es la única entidad del país con dos regiones militares y tres zonas militares. La seguridad pública estatal y la de numerosos municipios han estado asimismo bajo este tipo de mando.
De acuerdo con el Índice de Paz México del Instituto para la Economía y la Paz, en 2016 Guerrero fue, por cuarto año consecutivo, el estado con más violencia en el país.
El general Almazán Cervantes remplazó al teniente Leonardo Vázquez Pérez, quien en enero de 2014 había entrado en lugar del almirante Sergio Javier Lara Montellano. El teniente Vázquez Pérez renunció después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de ese año, por lo que tuvo que declarar ante la Procuraduría General de la República.
Almazán es un oficial de larga carrera y con un título de maestría en administración militar por la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Es experto en el combate al narcotráfico, como lo indica su participación en la Fuerza de Tarea Cóndor XI en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua –en el llamado “Triángulo Dorado de la Droga”, formado también por Durango y Sinaloa–, donde se desempeñó como comandante.
Estuvo igualmente comisionado en labores de policía en Tlaxcala, donde además fue jefe de Estado Mayor de la Vigésima Tercera Zona Militar. Apenas el jueves 6 el portal especializado EstadoMayor.mx informó que el general tiene ingresos como jefe de la seguridad en el estado y cobra también en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como comisionado, de acuerdo con una denuncia de policías que se quejan de su gestión.
Otra entidad en la que la seguridad pública está en manos de un militar es Nayarit, ahora en medio del escándalo por la detención en San Diego, California, del exfiscal del estado Édgar Veytia, acusado de operaciones de narcotráfico presuntamente al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El general retirado Jorge Alonso Campos Huerta fue designado, al igual que Veytia, por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, al inicio de su gobierno, en septiembre de 2011.
En el mismo camino que otros exjefes militares en el país, el general Campos había sido hasta entonces jefe de Estado Mayor de la Décima Tercera Zona Militar, con sede en Tepic, Nayarit, de donde pasó a ser jefe policial de la entidad.
Al inicio de su gestión tuvo como jefe operativo al coronel Silvestre Chávez, quien un año después se fue como responsable de la Policía en Puerto Vallarta, Jalisco, cargo al que renunció meses después. La prensa local reportó que no había pasado los controles de confianza, pero la versión no fue confirmada oficialmente. El gobierno municipal aseguró que Campos Huerta había renunciado de manera voluntaria.
Los almirantes
Colima es uno de los estados donde la Marina ha tenido el control policial desde hace años. El actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es el contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, con más experiencia operativa que administrativa. Llegó en momentos en que el estado no puede salir de la crisis de inseguridad en la que se halla desde hace algunos años y que lo ubican como uno de los más violentos del país, por el número de homicidios.
Castaño Suárez sustituyó a su homólogo Eduardo Villa Valenzuela, quien salió por presiones del Congreso estatal ante la imparable violencia en la entidad, a pesar de sus más de cuatro décadas de experiencia de mando en distintas zonas navales del país.
Con 40 años de trabajo operativo, tiene una maestría en administración militar por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav). Por más de una década estuvo al mando de tropas en el Batallón de Infantería de Marina en el Golfo, en la Primera Brigada de Infantería de Marina, y fue comandante del sector naval en Champotón, Campeche. Además, durante 2013 fue el coordinador general de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, en el gobierno del prófugo Javier Duarte.
La seguridad pública de Oaxaca también está en manos de la Marina desde que Alejandro Murat llegó al gobierno estatal en diciembre pasado. La SSP está a cargo del capitán de fragata José Raymundo Tuñón Jáuregui, quien a su vez designó al capitán de la Marina José Aniceto Sánchez Saldierna como comisionado de la policía.
Paracaidista de la Infantería de Marina, Tuñón es ingeniero hidráulico por la Heroica Escuela Naval Militar, con varios cursos de operaciones navales y un posgrado en logística, en España. Fue comandante de Infantería de Marina, del Batallón anfibio del Pacífico y del Batallón de embarcaciones y vehículos anfibios.
Tamaulipas también está en manos de la Marina con el vicealmirante Luis Felipe López Castro. Por primera vez un marino está al frente, luego de la responsabilidad que tuvieron los soldados. Llegó a la SSP después de haber sido el jefe de seguridad de Francisco Cabeza de Vaca en su campaña para gobernador.
Jefe del sector naval en Puerto Peñasco, Sonora, fue hasta el año pasado comandante de la Zona de Acción Frontera, de la Secretaría de Marina, con sede en Reynosa, Tamaulipas, pero con jurisdicción en Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo. En una de sus primeras declaraciones, López Castro advirtió que la policía bajo su mando responderá con fuerza letal, “de ser necesario”, en su confrontación con la delincuencia.
Desfile de generales
En Aguascalientes, la seguridad pública ha estado bajo el mando militar desde la década pasada. El actual titular de la dependencia es el general de brigada Sergio Alberto Martínez Castuera, con experiencia operativa y académica. Egresado del Colegio Militar, cursó la maestría para seguridad y la defensa nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. En el sexenio pasado fue comandante de adiestramiento del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército y director del Colegio Militar.
Con la llegada del general Salvador Cienfuegos a la Sedena, fue designado comandante de la Décima Zona Militar, en Durango, Durango. De ahí pasó a ser coordinador del operativo Laguna Segura, en Durango y Coahuila. Su último cargo operativo fue la comandancia de la Onceava Zona Militar, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, que dejó en diciembre de 2015. De ahí pasó a la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, designado en diciembre pasado por el nuevo gobernador panista Martín Orozco.
El general Martínez Castuera entró en reemplazo del general Eduardo Bahena Pineda, uno de los guardias del Estado Mayor Presidencial que custodiaban al candidato del PRI Luis Donaldo Colosio el día que lo asesinaron, el 23 de marzo de 1994, y que ahora es el coordinador de la SSP del gobierno de Carlos Joaquín González en Quintana Roo.
Como ocurrió en el anterior gobierno de Sinaloa, Carlos Joaquín creó una Coordinación de Seguridad Pública ex profeso para un mando militar, que está por encima del mando civil de la SSP. Bahena, quien fue titular de Seguridad Pública en Aguascalientes, es el primer jefe militar con ese cargo, pero no el primero en esas labores en la entidad.
El general de brigada retirado Carlos Bibiano Villa Castillo fue el responsable estatal al inicio del gobierno de Roberto Borge, mientras que el general de brigada Mauro Tello Quiñones fue llevado por el entonces alcalde de Benito Juárez (Cancún), Gregorio Sánchez, pero fue asesinado en esa localidad en 2009.
Uno de los nombramientos que más rechazo ha concitado es el del general de división retirado Cuauhtémoc Antúnez Pérez como titular de la SSP de Nuevo León, designado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
Además del general Antúnez, el gobernador sin partido designó al contralmirante Augusto de la Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones, a quien se le tuvo que reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría del estado para que pudiera asumir el cargo, ya que no es abogado. El contralmirante fue secretario de Seguridad Pública de Monterrey, la capital del estado, durante la gestión de Margarita Arellanes, que también designó al marino Juan Sánchez Alvarado como director de Vialidad y Tránsito.
El nombramiento del general Antúnez Pérez, en octubre de 2015, como jefe de Seguridad Pública fue muy cuestionado en Nuevo León por su participación en acciones contra la población civil mientras fue jefe militar en el estado, entre 2008 y 2011. Uno de esos casos fue la ejecución de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010, hecho que el general justificó oficialmente al sostener que eso había sido resultado de un enfrentamiento.
Licenciado en administración militar por la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Antúnez también se convirtió en jefe policial después de haber sido jefe militar en el estado. Comandó la Cuarta Región Militar, con sede en Nuevo León, y la Décima Primera Región Militar, en Torreón. Entre 2002 y 2007 fue comandante de la Policía Judicial Militar.
El Nuevo León del “Bronco”
Nuevo León está prácticamente militarizado. De acuerdo con una revisión hecha en mayo pasado por la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), para entonces había en la entidad cinco jefes policiales de orden civil con carrera militar.
Después de Antúnez están el general brigadier Tomás Reyes Rodríguez, comisario general de Fuerza Civil; el capitán Juan Carlos Campos, el segundo al mando de la Fuerza Civil; el contralmirante Augusto de la Cruz Morales, y el capitán Pedro Muñoz, subdirector operativo de la cárcel de Topo Chico, quien fue reemplazado en marzo último ante las constantes crisis en el penal, donde en febrero de 2016 se registró un enfrentamiento en el cual murieron 52 internos.
Las policías de los siete municipios de la zona metropolitana de Monterrey también están en manos de militares: Apodaca, Escobedo, Juárez, Santiago, San Nicolás, San Pedro Garza García y Santa Catarina.
En San Luis Potosí, el general de división retirado Arturo Gutiérrez García tiene el mando de la SSP desde 2015. Llegó desde Tamaulipas, donde también tuvo ese cargo con el exgobernador Egidio Torre Cantú. Como en otros casos, llegó a jefe policial del estado luego de haber sido responsable operativo en la Doceava Zona Militar, en la capital potosina.
Fue jefe de Estado Mayor de la Cuarta Región Militar, que abarca los estados de Nuevo León y Tamaulipas, cuando el comandante era el general de división Noé Sandoval Alcázar, quien al inicio del actual sexenio fue subsecretario de la Defensa Nacional. El general Gutiérrez García salió de Tamaulipas ante un incremento de la inseguridad, en particular del secuestro.
Sinaloa es otra entidad en plena militarización. El nuevo gobernador, Quirino Ordaz Coppel, designó al general Genaro Robles Casillas, con más trayectoria administrativa que operativa, quien desde el sexenio pasado ha formado parte de la cúpula de la Sedena.
Robles Casillas armó su equipo en Seguridad Pública con 11 jefes y oficiales del Ejército, además de que ha recibido el apoyo de la Sedena con el envío de más de 2 mil efectivos, incluidos policías militares, y les está dando capacitación militar a policías municipales y estatales.
En una reciente comparecencia en el Congreso de Sinaloa, informó que jefes militares están al mando de la Seguridad Pública en 18 municipios.
Al igual que el general Cuauhtémoc Antúnez en Nuevo León, el general Robles Casillas enfrenta una grave crisis carcelaria. El hecho más reciente fue la fuga de un grupo de presuntos narcotraficantes, incluido Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza, El Azul, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, así como el presunto responsable de la emboscada en las afueras de Culiacán en la que murieron cinco soldados y 10 más resultaron heridos, en septiembre pasado.
En Zacatecas, el control de la seguridad también lo tiene desde hace años el Ejército. En septiembre pasado, bajo el nuevo gobierno de Alejandro Tello, fue designado el general retirado Froylán Carlos Cruz, en sustitución del también general Jesús Pinto Ortiz.
Licenciado en administración militar en la Escuela Superior de Guerra, donde fue profesor, y con experiencia como jefe regional de Adiestramiento en la Sexta Región Militar y en la Novena, está certificado como poligrafista por la Academia de Ciencias Poligráficas de Estados Unidos.
El general Froylán Carlos Cruz llegó a Zacatecas precedido del escándalo. La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo acusó de haber participado en la muerte de civiles en Nochixtlán, Oaxaca, cuando policías federales y estatales realizaron un operativo para despejar la carretera tomada en ese poblado por profesores de la CNTE en junio de 2016.
El general era entonces comisionado de la Policía Estatal, cargo al que llegó en diciembre de 2015. Cuatro años antes fue comandante de la Policía Municipal de Tuxtepec, Oaxaca. (Con información de Areli Villalobos.)
Este reportaje se publicó en la edición 2111 de la revista Proceso del 16 de abril de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/482906/incesante-desplazamiento-mandos-policiacos