Las APPS son esquemas de contratación hasta por 30 años, en los que el gobierno federal o los estatales aportan recursos públicos a la iniciativa privada para que realice obra y ofrezca servicios. Las APPS representan una clara estrategia de privatización, en este caso de servicios de salud, que en vez de garantizar, asegura ganancias privadas a costa del erario público.
Este tipo de esquemas de inversión iniciaron en México en los años noventa. Sus proponentes planteaban que la iniciativa privada era mucho más eficiente que el sector público, donde impera una generalizada corrupción, elevada burocracia y deficiencia en la prestación de servicios. Sin embargo, hay claras demostraciones del mal funcionamiento y corrupción que también imperan en la iniciativa privada, recordemos los escándalos de la petrolera Halliburton Co en los noventa y la de Odebrecht en los últimos meses.
En México, tenemos como ejemplo el desastre de las concesiones carreteras en los noventa, primer gran proyecto en el que participaron los particulares, que tuvieron que ser rescatados, costándole a los mexicanos inicialmente 58 mil millones de pesos y que a diciembre de 2016 la deuda representaba más de 215 mil millones. No olvidemos que las carreteras fueron devueltas a algunos de los inversionistas “rescatados”, recibiendo así un triple beneficio (primera concesión, rescate y segunda concesión).
Los pagos comprometidos a privados mediante las APPS se realizan con gasto corriente, lo que oculta un endeudamiento millonario, que favorece la imagen de las finanzas públicas, no obstante, compromete la viabilidad financiera del Estado.
De las cuatro APPS que se pedía auditar en el punto de acuerdo, está la concesión para la construcción y operación del Hospital Ticul, en Yucatán, en la que se comprometió al estado a pagar 5 mil 600 millones de pesos, a lo largo de cinco administraciones, iniciando en 2012. Las irregularidades iniciaron desde la primera etapa. El Congreso del Estado aprobó el pago de 300 millones de pesos para la construcción de un hospital de 60 camas, pero al firmar el contrato el costo ascendió a 948 millones, por el supuesto aumento a 90 camas, sin aprobación del Congreso. Por incumplimiento se rescindió el contrato y, mientras que la obra está abandonada, la empresa demandó al gobierno estatal en tribunales internacionales por 253 millones de pesos.
El segundo hospital que debe ser auditado, es el regional de Mérida. El ISSSTE otorgó un contrato por 27 años a la constructora y edificadora GIA+A, presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Según información periodística esta empresa concentra ya contratos por 10 mil millones de pesos a través de las APPS. Cabe destacar que la propuesta original del hospital la realizó la empresa, mediante la figura de propuesta no solicitada, es decir, no es el ente público el que determina la utilidad pública y aunque en la licitación participaron otras empresas, la proponente (GIA+A) fue la elegida para obtener el contrato.
La tercera APP con irregularidades en el sector hospitalario es el proyecto de sustitución del Hospital General de Culiacán, Dr. Bernardo J. Gastelum, que benefició a las compañías “Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V”. y “Desarrolladora en Infraestructura de Salud PROAN, S.A y C.V”. Según ha trascendido, el monto que tendrá que pagar el Estado de Sinaloa por el terreno donde se construirá el hospital supera en 3.5 veces la cantidad original aprobada por el Congreso del Estado. Una investigación periodística reveló que la empresa inmobiliaria que vendió los terrenos a la contraparte privada para la ejecución de la obra sólo adquirió dichos predios una vez que el proyecto de asociación-público privada se estaba elaborando. Ello puede señalar el ejercicio de prácticas de especulación inmobiliaria alrededor de los recursos.
Finalmente, tenemos el caso del proyecto para la demolición, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación y prestación de servicios médicos del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, de Tlatelolco, concedida por el ISSSTE en octubre de 2014, a la compañía Consorcio Tradeco IGSA, por un monto de 8,068 millones de pesos sin IVA durante 23 años. La Auditoría Superior de la Federación señaló que la demolición no se había concluido como fue pactado (marzo 2015), que el ISSSTE no informó de las causas de los retrasos, ni demostró contar con mecanismos de supervisión y control, además de que la firma del contrato fue superior en más de 500 mil pesos de cómo fue aprobado el proyecto original. El contrato fue rescindido por incumplimiento y no es claro todavía que sucederá con los recursos ya erogados y con el hospital.
No me sorprende que el PRI y el Verde hayan votado en contra de auditar estos hospitales, ya que seguramente están protegiendo intereses de empresas favoritas de los gobiernos y de funcionarios públicos involucrados que pudieron participar en actos de corrupción. Lo cierto es que la opacidad en las APPS afecta no sólo las finanzas públicas, sino que los incumplimientos y retrasos de las empresas dañan el derecho de los mexicanos, en este caso, a la salud. El esquema de APPS nos encaminan a un proceso privatizador, en el que se privilegian las ganancias a costa del erario público, sin importar realmente la atención que el estado debe brindar a la población.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ARACELI DAMIÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0304/mexico/el-pri-verde-en-contra-de-la-transparencia-y-la-fiscalizacion/