Desde el 12 de octubre pasado, cuando Duarte solicitó licencia para separarse del cargo, la PGR tardó 185 días para aprehenderlo en un lujoso hotel del balneario de Panajachel, en Guatemala. Mientras tanto el exmandatario, su familia y colaboradores cercanos se dieron la gran vida a costa del erario.
Duarte de Ochoa fue detenido el sábado 15 por elementos de la Interpol y de la Policía Federal en la habitación 505, con vista al lago Atitlán. Estaba en compañía de sus hijos Emiliano, Javiercito y Carolina, menores de edad, quienes fueron llevados en una avioneta privada por la cuñada de Duarte, Mónica Macías Tubilla, y el concuño del exmandatario, José Armando Rodríguez Ayache.
En el lugar se encontraba también la esposa del exgobernador, Karime Macías de Duarte, a quien la PGR y la cuadrilla de la Interpol dejaron en libertad aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz la investiga por ser “pieza clave” en el desvío de recursos para familiares, por ser presunta artífice de empresas fantasma según José Juan Janeiro y Moisés Mansur Beltrán, prestanombres de Duarte.
Con su círculo de amigos y familiares, Duarte se iba de vacaciones y realizaba visitas oficiales al Vaticano, España, Inglaterra, Brasil y Estados Unidos, siempre con cargo al erario. Uno de sus colaboradores revela Duarte convidó a “sus amigos” de la prensa, un círculo incondicional de directores de medios de comunicación, conductores de televisión y columnistas, a Italia, España e Inglaterra.
En una fotografía facilitada al reportero se ve a Duarte carcajearse en la Plaza de San Pedro mientras habla el Papa Francisco I. Karime Macías sonríe mientras extiende un velo negro. Atrás aparece Armando Rodríguez Ayache, prominente empresario de Coatzacoalcos y concuño de Duarte, quien también saludó al Papa.
“Las visitas al Vaticano se pagan. No fue por cortesía o invitación que los recibieron. Duarte proviene de una familia jesuita y quiso ser recibido por el Papa; cotizó el diezmo en miles de euros y pagó”, cuenta un exdirectivo de Casa Veracruz que fue excluido de ese viaje.
Ese viaje ocurrió en diciembre de 2013 y se difundió como una gira de trabajo de tres días, en la cual artesanos y voladores de Papantla serían recibidos por el Papa. Sin embargo, los Duarte-Macías se quedaron más de 10 días. En las fotografías facilitadas a Proceso aparecen Mónica Macías Tubilla, hermana de Karime, y Córsica Alejandra Ramírez Tubilla –prima de la esposa de Duarte y community manager de éste– y el director de noticias de Radio Televisión de Veracruz (RTV), Jorge Faibre.
En otra imagen captada en los alrededores del Vaticano aparecen las niñeras de los hijos de Duarte, dos guaruras que viajaron exprofeso para el cuidado de los menores, más otros custodios y un fotógrafo profesional para documentar el viaje en Florencia, Roma y Venecia, ya sin el entonces gobernador, quien regresó a Veracruz.
“Así eran ellos. No escatimaban en invitar a familiares, amigos o empresarios afines al gobierno. En los Olímpicos de Londres (en 2012), a sabiendas que se venía una tormenta tropical en Veracruz, viajaron. A media justa deportiva Duarte se tuvo que regresar a atender la emergencia y llegó un día antes de la final de futbol entre México y Brasil. Karime Macías, familiares y amigos se quedaron allá, en viaje de placer”, comenta un amigo de la familia.
La esposa de Duarte, quien se hizo famosa en las redes sociales por escribir en una libreta Montblanc “Sí Merezco Abundancia” y “qué hueva el DIF, pero hay que exprimirlo”, estaba especialmente interesada en la competencia de equitación realizada en el Greenwich Park de Londres del 28 de julio al 8 de agosto de aquel año.
Duarte volvió a México la noche del 10 de agosto, cuando la tormenta tropical Ernesto ya había hecho estragos y dejado media decena de muertos. Al día siguiente el gobernador instaló el Consejo Estatal de Protección Civil y posteriormente difundió una fotografía en donde se le ve disfrutando el partido México-Brasil en el Palacio de Gobierno.
De forma paralela, en Londres su esposa, sus hijos, familiares y algunos periodistas veracruzanos asistieron a presenciar la final en el estadio de Wembley, donde la selección mexicana se alzó con la medalla de oro. Los guaruras y niñeras esperaron afuera del estadio.
En los frecuentes viajes a Estados Unidos, la familia iba a Denver, Colorado, y a Orlando, Florida. Por lo general invitaban a los amigos de Karime Macías, muchos de ellos empresarios de Coatzacoalcos, o al actual alcalde porteño Ramón Poo Gil y su esposa Maricruz Barreda.
En enero de 2013 Duarte se llevó a 15 periodistas veracruzanos a España, con el pretexto del Tianguis Turístico de Madrid. La comitiva paseó por el Museo del Prado y las tabernas. Para rematar asistieron a la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Periodistas de TV Azteca, Televisa, El Dictamen, Diario AZ, El Centinela y Notiver subieron sus fotografías desde un palco privilegiado del estadio Santiago Bernabéu. A ese partido también fueron empresarios y amigos de la familia Duarte-Macías.
Y el pasado jueves 20, mientras Duarte dormía en una cárcel de Guatemala, Karime Macías, su hermana Mónica, los hijos de ambas y otros parientes volaron a Londres, reveló una fuente de la FGE. Una fotografía que circuló ese día en las redes sociales los ubicaba en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, Colombia, a punto de abordar el avión.
Omisiones y tortuguismo de la PGR
Entre el 7 y el 19 de noviembre de 2014, la dirección jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó las primeras seis de 14 denuncias ante la PGR por presunto desvío de recursos en contra de colaboradores de Javier Duarte y su antecesor, Fidel Herrera.
Antes, el 13 de marzo de 2013, un grupo de legisladores panistas encabezados por el senador Fernando Yunes Márquez interpuso una denuncia penal en la PGR contra el gobierno de Duarte por su responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos. La querella se sustentaba en el informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2011.
El senador panista explicó que el principal desfalco se registró en el sector educativo, donde se detectaron irregularidades en 82% de las participaciones federales enviadas a la Secretaría de Educación de Veracruz.
“Un ejemplo: en el tema de pago a maestros no hay pruebas documentales físicas, ni de referencia de la existencia de profesores, por más de 300 millones de pesos, es decir, se trata de aviadores del gobierno estatal”, acusó Yunes Márquez.
Después de 19 meses, la ASF y su director jurídico, Ruperto Narváez Bellazetín, entregaron a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR al menos 78 hojas divididas en seis “denuncias de hechos” que incriminan a Duarte, pero también al hoy diputado federal del PVEM Édgar Spinoso, al legislador priista Adolfo Mota y al extesorero Tarek Abdalá.
Los señalados “reintegraban recursos a la Federación, mandaban comprobación y volvían a sacar el recurso. Simulaban regresar el recurso para obtener los documentos comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la irregularidad determinada; posteriormente lo volvían a retirar en dos transferencias”, se expone en las denuncias de hechos DGJ/C1/2245/2014, DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 Y DGJ/C1/2228/2014, de las que el reportero tiene copia.
La ASF detalla a la PGR que cuando los funcionarios veracruzanos enviaban las comprobaciones al gobierno federal y obtenían los “sellos de devolución”, el dinero era retirado a través de otras cuentas del gobierno estatal mediante transferencias poco claras.
“No tardaban ni 24 horas en desaparecer el dinero depositado: sólo en lo que prendían y activaban el token de seguridad bancario”, explica un exfuncionario de Duarte que hoy trabaja en el gobierno federal y quien pidió no publicar su nombre.
Las querellas también involucran al exauditor del Órgano de Fiscalización y extitular de Sefiplan, Mauricio Audirac; al exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás Ruiz González, a los extesoreros Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo –hoy diputados locales a quienes los priistas acusan de haber pactado con Yunes Linares– y al exsecretario del Trabajo y Previsión Social, Gabriel Deantes.
El último fue grabado en una conversación donde señala que hay que “inflar” con recursos económicos a los candidatos a diputados locales del partido Morena en las elecciones de 2016. Todos ellos tenían acceso como “apoderados” o “accedientes” a las chequeras para transferir los recursos.
Vicente Benítez, extesorero del estado, fue cesado durante las precampañas federales de 2012, cuando la PGR le abrió una investigación –de la que salió exonerado– por trasladar 25 millones de pesos en efectivo del aeropuerto de Xalapa a Toluca, Estado de México.
Políticos opositores consideraron que esos recursos se destinarían a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Un año después, Benítez fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de Educación estatal, posteriormente subsecretario de Desarrollo Social y después candidato a diputado local por Nueva Alianza, lo que le garantizó una curul.
En la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyo titular era Adolfo Mota Hernández, hoy legislador federal, la ASF auditó 18 mil 343 millones, 87 mil pesos (97.9% de los recursos). Después de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de cotejar y confrontar las transferencias y reintegros que hizo el gobierno del estado, la ASF detectó que el 17 de enero de 2012 se autorizó que la cuenta Santander (6550255805) diera “salida efectuada” a 124 millones 414 mil pesos. El órgano de fiscalización no encontró “elementos” que certificaran la debida aplicación y destino de estos últimos recursos, según la auditoría 224.
De forma similar, la ASF exigió el “reintegro” de mil 602 millones de pesos del total de 2 mil 540 millones que fueron depositados para el Seguro Popular de la entidad, al detectar que no se hizo una “correcta aplicación”.
Sin embargo, los funcionarios de Duarte entregaron “por partes” el reintegro. Ante los extraños movimientos de cuentas bancarias, la ASF solicitó a la CNBV los “movimientos bancarios” y las cuentas a donde los funcionarios depositaban los “reintegros”.
Al final la ASF no encontró el destino de 389 millones 550 mil pesos depositados en la cuenta Banorte 0659075660, donde no se “reportó evidencia” del ejercicio del gasto público para el cumplimiento del programa del Seguro Popular.
En la “confrontación y cotejo de datos”, la ASF detectó que la administración estatal destinó los recursos para “otro fin” que el etiquetado, por lo que resolvió que el gobierno de Veracruz sólo “simuló” los “reintegros” o incluso “retiraba” los recursos el mismo día que eran depositados, y al día siguiente se “depositaban” en otra cuenta, ajena al gobierno del estado y que no podía detectar ni siquiera la CNBV.
“Lo anterior hace presumir que servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz simularon el reintegro del recurso señalado por esta entidad de fiscalización”, se advierte en las querellas de la ASF.
Ya en 2015, el entonces candidato a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, retomó dichas denuncias y anexó a sus propias querellas una por enriquecimiento ilícito de Javier Duarte, a quien le atribuyó una decena de propiedades en Veracruz, departamentos en la Ciudad de México y propiedades en Europa, Estados Unidos y Centroamérica, varias de éstas adquiridas a través de los prestanombres José Juan Janeiro, Moisés Mansur y Javier Nava.
El 15 de febrero pasado la ASF reveló que en las observaciones pendientes de solventar en el periodo 2011-2014, más el monto observado en 2015 –del primero al quinto año de gobierno de Duarte– Veracruz tiene “pendientes de solventar” 27 mil 503 millones 500 mil pesos, pues en los últimos años sólo ha logrado resarcir mil 460 millones 900 mil de los casi 33 mil millones de pesos que el brazo técnico del Congreso de la Unión le requirió.
Únicamente los montos pendientes que ya generaron denuncias de hechos suman 16 mil 305 millones 800 mil pesos, mientras que los montos que motivaron denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros alcanzan 4 mil 770 millones 200 mil pesos, que deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
En la Cuenta Pública Consolidada 2015 se observa que Veracruz recibió de recursos federalizados por 50 mil 989 millones, pero la administración de Duarte no comprobó en qué gastó 7 mil 706 millones.
Según el diagnóstico que elaboró la Comisión de Hacienda del Congreso local en la pasada legislatura, el quebranto patrimonial durante el sexenio de Duarte asciende a 180 mil 888 millones 402 mil 510 pesos e involucra recursos federales y locales, así como los pendientes con terceros institucionales y organismos autónomos, y pasivos a proveedores.
Este reportaje se publicó en la edición 2112 de la revista Proceso del 23 de abril de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/483693/en-caso-javier-duarte-la-pgr-nada