De acuerdo con el fiscal Jorge Winckler, la idea es que Duarte sea sometido a proceso dentro de las leyes y autoridades competentes del lugar donde fueron cometidos, en este caso el estado de Veracruz.
“Por la probable comisión de cinco delitos del fuero común, cometidos en agravio del servicio público, la Fiscalía desea estar en condiciones de defender la extradición, toda vez que es una de las instancias de procuración de justicia que a la par de la PGR mantiene vigentes órdenes de captura por delitos distintos a los fincados por la autoridad federal”, expresó Winckler vía telefónica.
A Duarte se le requiere ante la justicia de Veracruz por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, según consta en la causa penal 56/2017 y 38/2017.
La solicitud enviada por el fiscal general contiene adjunta la documentación y archivo visual probatorio de las audiencias celebradas ante el juez, según dicta el debido proceso, donde consta la actuación realizada por la FGE contra el exgobernador estatal.
Winckler Ortiz sostuvo que la adhesión de extradición solicitada por la FGE es independiente del resultado de la petición de la PGR, toda vez que se trata del cumplimiento de órdenes de aprehensión giradas por autoridades judiciales distintas, emitidas por delitos diferentes y que corresponden a distintos ámbitos de competencia.
Javier Duarte fue detenido el pasado sábado 15 en un lujoso hotel del balneario turístico de Panajachel, tras casi seis meses de permanecer prófugo de la justicia.
El acusado fue gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, cargo que dejó inconcluso al solicitar licencia, el pasado 12 de octubre, en medio de severos cuestionamientos. Una semana después la Agencia de Investigación Criminal (AIC) emitió una orden de aprehensión en su contra.
La Interpol lo buscaba en países de Centroamérica, el Caribe y Europa, así como en Canadá. Tras la detención de los exgobernadores de Sonora, Guillermo Padrés (en 2016), y de Tamaulipas, Tomas Yarrintong, el pasado domingo 9, la atención nacional se centró sobre el exmandatario veracruzano.
Al priista se le acusa de los presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada, desvío de recursos públicos, delitos electorales, entre otros, además de haber dejado a la entidad sumida en la quiebra y en una severa crisis de seguridad por el asentamiento del crimen organizado. En su sexenio se reportaron más de dos mil desaparecidos y 7 mil homicidios dolosos.
En Veracruz, Duarte de Ochoa despegó en política como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el sexenio del priista Fidel Herrera Beltrán.
Vivía en las inmediaciones del Club de Golf de esta ciudad, en una casa campestre de dos plantas y cochera para dos automóviles. Una década después, Duarte de Ochoa poseía nueve propiedades residenciales en los municipios de Boca del Río, Veracruz, Emiliano Zapata, Córdoba y, la más aparatosa, un portentoso rancho cubierto por frondosas montañas, muy cerca de la cabecera municipal de Fortín de las Flores.
Además, la PGR investiga propiedades en Ixtapa Zihuatanejo, Estados Unidos y Europa, así como inmuebles de sus colaboradores más cercanos en Costa Rica; Texas, Estados Unidos, y en diversas provincias de España (Madrid, Bilbao, La Coruña y Cataluña, adquiridas por supuestos prestanombres), según consta en la investigación ministerial, 1135/2016 –a la que el reportero tuvo acceso–.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/482959/fiscalia-veracruz-pide-sumarse-a-la-solicitud-extradicion-duarte