Las fiscalías y procuradurías correspondientes primero desacreditan a las víctimas, desligan los móviles del crimen de su actividad periodística y protegen a los políticos involucrados. Por otra parte, los diversos mecanismos de protección que se han formado son inoperantes e incapaces de garantizar la labor periodística.
A grandes rasgos esta es la conclusión a la que llega la organización Artículo 19, luego de analizar seis casos emblemáticos de periodistas asesinados en los años recientes. El informe actualiza sus estadísticas con hechos de 2016, cuando se perpetraron 11 homicidios en el gremio de la prensa. Los cuatro casos que van en los primeros cuatro meses de 2017 no alcanzaron a ser considerados en el estudio.
Primero, el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso (asesinada el 26 de abril de 2013). La fiscalía veracruzana desvió la línea de investigación y la cerró bajo la premisa de un ‘‘crimen pasional’’. Negó el crimen como consecuencia del trabajo crítico de la reportera.
Le sigue el asesinato de Gregorio Jiménez, reportero de El Liberal del Sur, secuestrado el 11 de febrero de 2014 en Coatzacoalcos. La misma fiscalía privilegió la línea de ‘‘problemas con sus vecinos’’.
Por lo que hace al fotógrafo Rubén Espinosa, de Proceso y Cuartoscuro, muerto en el quíntuple homicidio de la colonia Narvarte (31 de julio de 2015), el expediente derivó en involucrar a las víctimas en un escenario de prostitución y narcotráfico. La procuraduría capitalina desvaneció toda línea hacia el gobierno de Veracruz, de donde Rubén había huido por amenazas, y ha intentado cerrar el caso.
En la averiguación del homicidio de otra veracruzana, Anabel Flores, periodista de El Sol de Orizaba, el 9 de febrero de 2016, la fiscalía concluyó que fue ‘‘por sus vínculos con delincuentes’’. El entonces procurador estatal, Luis Ángel Bravo, no tuvo empacho en llamar a la víctima ‘‘malandra’’.
Está por último el caso del oaxaqueño Salvador Olmos, locutor de la radio Tu Un Nuu Savi, detenido por la policía local el 26 de junio de 2016, en el contexto del conflicto magisterial. Al intentar escapar fue atropellado por una patrulla. Adicionalmente, para documentar la desprotección sistémica del ejercicio periodístico, se estudia el caso de Pedro Tamayo, reportero de asuntos policiacos de El Piñero de la Cuenca, Veracruz, amenazado y perseguido en numerosas ocasiones.
A pesar de acudir en busca de protección a la Comisión Estatal para la Protección y Atención a Periodistas, fue acribillado frente a su casa el 20 de julio de 2016. Él y su esposa, Alicia Blanco, habían sido ‘‘reubicados’’ en otro estado, pero en condiciones tan precarias que se vieron obligados a regresar a su casa.
La esposa de Tamayo continuó su labor periodística y recibió amenazas de que incendiarían su casa. Y la incendiaron. Su hijo Abraham Tamayo fue detenido violentamente. Se le fabricó un caso de secuestro. Sigue preso y bajo proceso.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BLANCHE PETRICH.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2017/04/18/politica/006n1pol