Según la institución que mide la pobreza, sus causas y evalúa las políticas para enfrentarla, siete de cada diez indígenas mexicanos ganan un salario mínimo mensual –alrededor de dos mil 200 pesos–, y apenas 3.5% de la población indígena mayor de 15 años obtiene más de tres salarios mínimos.
En un diagnóstico sobre este sector de la población mexicana en 2014, el organismo encontró que ocho de cada 10 estaban excluidos de la seguridad social, mientras tres de 10 diez niños indígenas de cero a cinco años sufre desnutrición crónica, una tasa tres veces superior al promedio nacional.
Más: 17.5% de la población indígena no sabe leer –contra 5.5% de la población en general–, y la infraestructura educativa en sus comunidades es pésima: una de cada cuatro escuelas primarias no dispone de baños, una tercera parte no cuenta con mobiliario para docente en al menos una aula, una de cada cinco no tiene mobiliario para al menos un alumno y 18% carece de techo con materiales durables.
En su informe 2016, el Coneval expuso, entre otros, el ejemplo de la profunda desigualdad que separa las poblaciones indígena y no indígena en México para aseverar que la política de desarrollo social debe ir “más allá” de reducir los indicadores de la pobreza multidimensional.
Según la institución, el Estado tiene que garantizar a cualquier persona, especialmente a las más vulnerables, el acceso y la participación en todas las actividades económicas, políticas y sociales con base en un enfoque de derechos.
“En un país tan desigual como México, la prioridad de reducir la pobreza es innegable. Pero la reducción de la pobreza, precisamente dados los niveles de desigualdad, nunca será suficiente para tener un país con pleno desarrollo (…) Una política pública justa sería aquella que creara las condiciones institucionales para que todas las personas de un determinado estado alcancen el desarrollo y disfrute de su libertad plena”, sentenció.
Más sectores vulnerables
Además de la población indígena, el Coneval aseguró que los sectores más vulnerables en México son las personas mayores, las mujeres y los jóvenes.
Así, una mujer tiende a ocupar puestos de menor rango jerárquico que los hombres –incluso en la UNAM, donde 72% de los puestos de investigador de Categoría C están ocupados por hombres– o a asumir menos cargos políticos –menos de 10% de los municipios mexicanos tienen alcaldesas–, por ejemplo.
En tanto, un adulto de edad avanzada que sólo recibe los 580 pesos mensuales del Programa de Adultos Mayores no alcanza la línea de bienestar mínimo, por lo que 27% de las personas mayores de 65 años siguen trabajando.
Los jóvenes, por su parte, sufrieron un incremento de los niveles de pobreza entre 2010 y 2014 –de 16.8 a 17.5 millones– y se encuentran en primera línea de los temas de inserción laboral, violencia e insuficiente educación sexual.
Tales datos contrastan con los avances en materia social que presume el gobierno federal, sobre todo respecto a la disminución de las carencias sociales y al incremento del ingreso.
El Coneval advirtió que los gasolinazos –sobre todo el incremento brutal de 20% del precio del combustible en enero pasado– y las elevadas tasas de inflación registradas en los primeros tres meses del año podrían destrozar el “comportamiento positivo” del ingreso laboral y de las condiciones del mercado laboral, cuyos indicadores mejoraron de manera general, aunque con profundas diferencias según los estados.
Y recordó que, entre 2015 y 2017, el gobierno federal redujo el presupuesto asignado a los programas sociales considerados en el inventario del Coneval en 12%, en términos reales, aunque reorientó parte de los recursos hacia los 83 programas de mayor prioridad.
Programas sin vinculación
Así, la administración de Enrique Peña Nieto sigue en el desarrollo de 69 programas que “no están vinculados directamente al pleno ejercicio de los derechos sociales ni contribuyen a la disminución de las carencias sociales ni al bienestar económico”.
La multiplicación de los programas sociales a los niveles federal, estatal y local –el Coneval identificó cinco mil 491 en 2016— es un problema de fondo de la política social mexicana, pues muchos de ellos realizan “las mismas acciones para la misma población y con los mismos propósitos”, y además escapan al monitoreo y la transparencia.
A cuatro años de su lanzamiento, la Cruzada Nacional Contra el Hambre –promovida por la administración de Peña Nieto desde enero de 2013 para erradicar las carencias en alimentación de los hogares más humildes–, desapareció prácticamente de los discursos y la propaganda de la Sedesol.
En febrero de 2016, Peña Nieto lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión, mediante la cual instruyó a las nueve dependencias que integran el Gabinete Especializado México Incluyente “a intensificar las acciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos sociales”.
El Coneval señaló que ni la Cruzada ni la ENI implican recursos adicionales, tampoco nuevos organismos o nuevos programas: la administración pretende alcanzar sus objetivos con “una correcta coordinación institucional”, así como a través de la participación de los sectores organizados de la sociedad civil y empresarial.
Y esta coordinación es, precisamente, “uno de los grandes temas a los que se atribuye la ineficacia de la política de desarrollo social”, pues la intervención gubernamental mediante muchos programas “ha terminado por fragmentar sus esfuerzos en una serie de acciones desvinculadas que, por tanto, no logran los resultados esperados”.
De acuerdo con el organismo, “es fundamental que exista claridad sobre la continuidad y complementariedad de ambos esquemas”. Incluso, añadió que la Sedesol se comprometió a publicar un documento base sobre la ENI en su página de Internet, pero lo incumplió.
Los “esfuerzos” de la administración para recolectar información sobre las carencias sociales en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) sufrieron fallas en las incoherencias reportadas, así como en la integración de datos, observó el Coneval.
Con el objetivo de incorporar un padrón único de beneficiarios de programas sociales en todo el país, la Sedesol implementó la Cartilla Social, una herramienta a través de la cual las personas señalan los apoyos gubernamentales –monetarios y en especie–, que reciben.
Sin embargo, el Coneval estimó que el objetivo y la problemática que busca atender el gobierno federal a través de la Cartilla Social están poco claros y urgió la Sedesol a que “tanto el uso de la Cartilla como la información que la integra estén blindados ante cualquier factor político”.
Paloma Merodio Gómez, polémica nueva integrante de la Junta de Gobierno del Inegi, participó en el diseño de la Cartilla Social. Durante su muy cuestionado proceso de nombramiento, activistas señalaron que dicho documento podría usarse para “inflar” los ingresos de la población más pobre del país y así reducir las cifras de la pobreza en el país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/482828/indigenas-los-vulnerables-ante-la-desigualdad-social-coneval
