El Senado la ratificó el pasado jueves 6.
Merodio, de 33 años, era una desconocida hasta que el presidente Enrique Peña Nieto la propuso ante el Senado –el 24 de febrero pasado– para ocupar una de las cuatro vicepresidencias del instituto, que había estado vacante desde el 31 de diciembre de 2016.
Se trataba de la vicepresidencia encargada del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social y que desde marzo de 2013 había estado a cargo de Félix Vélez Fernández, un funcionario público de larga trayectoria, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), maestro en políticas públicas y desarrollo económico y doctor en políticas públicas y análisis político del desarrollo, ambos por la Universidad de Princeton, Estados Unidos.
Cuando se hizo público el nombramiento de Paloma Merodio y se conocieron sus escasas prendas profesionales, se desató un rechazo generalizado de la comunidad de la estadística y la geografía en el país.
Además decenas de organizaciones de la sociedad civil y cientos de académicos y expertos en esas materias y en temas de pobreza, desigualdad, distribución del ingreso, entre otros afines, protagonizaron un fuerte debate, sobre todo en redes sociales, pero creciente también en los medios informativos.
El argumento: que era un atropello contra el Inegi, que se estaba atentando contra su autonomía, que era un golpe a la credibilidad del instituto y a la calidad, reconocida internacionalmente, de su trabajo.
Y, lo peor: que la presencia de Merodio en la institución –sin cumplir con los requisitos de ley– era una clara intromisión del gobierno federal en los quehaceres del Inegi.
La Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica, en su artículo 69 fracción II, exige que para ocupar un cargo de esa envergadura en el Inegi se debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”.
Y nada de eso cumple Merodio. Senadores opositores a su nombramiento, organizaciones civiles, expertos y académicos se dieron a la tarea de demostrarlo y, de paso, exhibir cómo ella misma y la Presidencia de la República inflaron grotescamente su currículum para sustentar su afán de llevarla, a como diera lugar, a la vicepresidencia del Inegi.
Pero tanto en la propuesta presidencial como en los propios dichos de Merodio –en una comparecencia en el Senado, y en múltiples apariciones en radio y declaraciones a la prensa escrita– la funcionaria aparece con todos esos requisitos cumplidos.
“Total medianía”
Sin embargo la realidad es otra. En toda su trayectoria profesional sólo ha tenido un cargo más o menos relevante, que fue el que ocupó recientemente: directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero apenas durante año y medio.
Tuvo cargos de nivel medio en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Sedesol, siempre impulsada por José Antonio Meade Kuribreña, quien fue secretario de Desarrollo Social y ahora lo es de Hacienda.
Es economista por el ITAM y maestra en administración pública y desarrollo internacional por la Universidad de Harvard.
Pero en ambos casos tuvo un desempeño sin pena ni gloria.
–¿Fue una estudiante sobresaliente, activa, con mucha iniciativa? –se le pregunta a un profesor de Merodio en el ITAM.
–Para nada. No era ni mala ni buena. Era de una total medianía. De poco más de 350 alumnos que he tenido como profesor en el ITAM, cuando mucho unos 30 han sido sobresalientes y destacados. Y Paloma no está entre ellos –responde.
De hecho, agrega el profesor –quien pidió el anonimato–, el puesto de directora general en la Sedesol “me parece excesivo”. También: “ella tiene un nivel de subdirectora, y para llegar a la vicepresidencia del Inegi le faltarían décadas”.
En su currículum aparece como investigadora y docente. Pero en su vida ha hecho investigación alguna, no pertenece al Sistema Nacional de Investigadores ni ha publicado algún texto sobre los temas en los cuales la ley le exige experiencia para ser miembro de la Junta de Gobierno del Inegi. Como docente es sólo profesora de asignatura en el ITAM.
Respecto a su estancia en Harvard para la maestría, el currículum señala que impartió allí la cátedra de macroeconomía avanzada, cuando sólo fue asistente de profesor.
En el sector privado, según su currículum, también desempeñó cargos de “alto nivel”, como el de analista en el Grupo de Economistas Asociados, donde realizaba tareas de escritorio fundamentalmente, como actualizar bases de datos.
También se inventó el cargo de consultora senior en la Corporación Financiera Internacional, organismo del Banco Mundial, donde estuvo apenas un mes, junio de 2013, y sólo como consultora.
Antes, como estudiante de la maestría en Harvard, se integró a un programa que la llevó a Indonesia dos meses, junio y julio de 2012, pero para un trabajo efectivo de sólo 360 horas, o sea 15 días. Era un trabajo sobre agua y saneamiento que solicitó el gobierno de ese país al Banco Mundial.
En suma, durante todo el debate sobre su nombramiento, quedó fehacientemente demostrado que Merodio Gómez no cumplía con los requisitos de ley para incorporarse a la Junta de Gobierno del Inegi.
Pero fue tal el empecinamiento del gobierno por imponerla en ese cargo, que llegaron a suscitarse hechos lamentables y vergonzosos: se vio el servilismo hacia el gobierno por parte de los senadores priistas, verdes y algunos panistas.
Era más que evidente que Merodio no tenía el perfil, pero la defendieron a capa y espada, aun cuando los senadores Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, y Armando Ríos Piter, sin partido, mostraron pruebas contundentes de que el currículum estaba inflado y que no cumplía con los requisitos de ley para llegar al Inegi.
Pero el hecho más bochornoso lo protagonizó el senador verde Carlos Alberto Puente Salas, cuando el 29 de marzo, en una reunión entre la senadora priista María Cristina Díaz Salazar y dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, actuó como un auténtico porro.
Amenazó al prestigiado Centro de Estudios Espinosa Yglesias y a su director, el reconocido economista Enrique Cárdenas –que estuvieron a la cabeza en la denuncia y el rechazo al nombramiento de Merodio–, con promover auditorías del Servicio de Administración Tributaria (el brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda), con el argumento de que Cárdenas tenía un sueldo superior al permitido oficialmente para las organizaciones que reciben donaciones y, en fin, para revisar los libros contables del centro.
Si ya muchos senadores y académicos intuían que el secretario de Hacienda era quien estaba detrás del empecinamiento por tener a Merodio en una vicepresidencia del Inegi, con la actitud de Carlos Puente les quedó más que claro.
Presiones de la Presidencia
Y hay razones poderosas que así lo indican. A Meade le interesaba tener a alguien de su confianza en el Inegi, sobre todo en áreas que tienen que ver con pobreza, desigualdad de ingresos, condiciones de vida de los mexicanos.
Cuando Meade era secretario de Desarrollo Social, siempre protestaba cuando el Inegi y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportaban datos negativos sobre el número de pobres en México, la concentración del ingreso y las condiciones precarias de la mayoría de mexicanos.
Llegó a decir que si se midiera la pobreza como lo hacen el Banco Mundial y otros organismos internacionales, en el país habría varios millones de pobres menos.
Era de su interés, tener en el Inegi a alguien de su confianza… para maquillar las cifras de pobreza. Al menos así lo dejaron en claro los senadores que intervinieron en el pleno, el jueves pasado, donde se ratificó el nombramiento de Merodio.
La perredista Angélica de la Peña, además de insistir en que Merodio no cumple con los requisitos de ley para estar en el Inegi, denunció que la ratificación de la funcionaria “obedece a un interés particular de una institución de gobierno que estuvo cabildeando en las oficinas de los senadores para que ella ocupe un encargo sin cumplir los requisitos”.
Y, en efecto, se supo que personeros de la Secretaría de Hacienda y de la propia Presidencia hicieron múltiples “visitas de cortesía” a senadores de todos los partidos para conminarlos a votar en favor de la ratificación de Merodio.
Por su parte, la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, sostuvo en tribuna que, precisamente por la injerencia del gobierno federal en el asunto, Merodio no garantizaría veracidad en la información demográfica y social, la cual mide el ingreso y su distribución entre la población. Que su presencia en el Inegi implicaría un trabajo sesgado, derivado de presiones externas, “para tratar de mostrar una realidad que en realidad no existe”.
Total, que el pleno del Senado aprobó la ratificación de Paloma Merodio Gómez como miembro de la Junta de Gobierno del Inegi.
Pero la sorpresa la dio al día siguiente el propio instituto. Su presidente, Julio Alfonso Santaella Castell, con las facultades que le concede la ley, determinó hacer cambios en la titularidad de las vicepresidencias, de tal suerte que Paloma Merodio no va a la de Información Demográfica y Social, sino a la de Información Geográfica y del Medio Ambiente.
Decisión salomónica para un sainete que dejó en claro el interés del gobierno de Peña Nieto y su alfil Meade Kuribreña para incidir en cifras y datos que pretendían, al final del sexenio, mostrar un rostro de menos pobreza y mejor calidad de vida de los mexicanos. Que no existe.
Pero el atropello al Inegi fue evidente.
Este reportaje se publicó en la edición 2110 de la revista Proceso del 9 de abril de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA