En la rueda de prensa conjunta con su homólogo español, Alfonso Dastis, Videgaray agradeció a España esta captura, que se produjo en Cabrils, Barcelona, y advirtió que se procederá de inmediato a la petición de extradición.
“Quiero agradecer aquí la cooperación de las autoridades españolas que lograron la detención de esta persona, que cuenta con una orden de aprehensión por un proceso judicial iniciado por el gobierno federal mexicano, relacionado con el exgobernador Duarte de Ochoa”, dijo.
Y señaló que con base al Tratado de Extradición se solicitará la misma de inmediato. “Esto compete a la PGR, pero conforme a la determinación de la Procuraduría, desde Relaciones Exteriores haremos las gestiones de acuerdo a nuestras facultades”.
A su vez, la Policía Nacional española informó que sobre Nava Soria pesaba una Orden Internacional de Detención acusado por delitos de delincuencia organizada y operación de recursos de procedencia ilícita, por los que podría ser condenado en México a unos 20 años de prisión.
Se le acusa de desviar presuntamente elevadas cantidades de dinero público mexicano destinado a educación y salud entre los años 2012 y 2015, siendo uno de los colaboradores personales de Javier Duarte, arrestado recientemente en Guatemala.
La Policía española informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR de México se desplazaron a España para participar durante varias semanas en las labores de investigación en la detención final del fugitivo.
Las pesquisas entre los agentes de la PGR y el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Policía Nacional se desarrollaron por varias provincias españolas hasta localizar al detenido en un hotel de Cabrils, Barcelona, donde fue arrestado la mañana de ayer miércoles.
El comunicado de la Policía española señala que Javier Nava Soria es uno de los prófugos de mayor interés para la justicia de México y considerado el principal colaborador del exgobernador de Veracruz.
De acuerdo a las acusaciones en su contra, Javier Nava participó, junto con el exgobernador Duarte, en diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaborando contratos a empresas fantasmas y usando testaferros. Su objetivo era transferir supuestamente elevadas cantidades de dinero público mexicano destinado a la educación y salud, entre los años 2012 y 2015, para utilizarlos en la adquisición de inmuebles tanto en México como en el extranjero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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