“Se da en el 2016 cuando coincidentemente se da el cambio en gubernaturas de nuestro país. Creemos que si no formáramos instituciones, entonces entramos a aventuras cada vez que llega un nuevo gobierno”, dijo Osorio Chong en enero, de acuerdo con el diario Reforma.
En marzo, en sesión con empresarios, retomó el tema y, de nuevo, mencionó el cambio de Gobierno en diferentes estados del país y la existencia de cientos de municipios con pocos policías y poco preparados como factores que contribuían al aumento de la violencia.
“Eso habla de que no hay capacidad en los municipios, y la cooptación que además hay por la cercanía que se tiene de parte de la delincuencia sobre un policía es impresionante”, dijo Osorio Chong en su encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
“No puede el Gobierno federal, con toda la voluntad que tiene el Presidente, de seguir abarcando todo el país”, agregó entonces.
De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), sin embargo, la política de seguridad pública en el país es responsabilidad del Secretario de Gobernación (Segob) desde el 2 enero de 2013, cuando se asignaron a esta dependencia las tareas que antes tenía la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“A la Secretaría de Gobernación corresponde (…) formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal”, dice la fracción XII del artículo 27 de la LOAPF.
También, según la misma fracción, “coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
El titular de Gobernación se convirtió en responsable de la política de seguridad pública a partir de este sexenio, cuando la citada reforma a la LOAPF le asignó las tareas que durante los sexenios panistas realizó la Secretaría de Seguridad Pública, extinta con la misma modificación legal.
Transformación que, de acuerdo con Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, amplió no sólo las tareas del Secretario de Gobernación, sino el espacio de “confusión” sobre qué toca a cada institución en materia de combate a la delincuencia.
“Lo hemos dicho en otras ocasiones: la decisión de pasar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación no fue la mejor decisión”, dijo Rivas Rodríguez en entrevista.
“Creemos que la Secretaría de Seguridad Pública, por sus mismas características, debía permanecer como una institución autónoma; esto, porque genera confusión alrededor de quién tenga el control de qué; en ocasiones, parece que se desdibuja la figura del Comisionado Nacional respecto a la posibilidad que tienen de actuar el comisionado de la Policía Federal o el Secretario de Gobernación con los gobernadores, por tanto se han generado incluso situaciones de duplicidades y de un debilitamiento de la función del Comisionado Nacional. Paralelamente, la Segob debe atender muchos temas”, agregó Rivas.
El traslado de actividades de la SSP a la Segob fue parte de la “transformación institucional” anunciada por Peña Nieto desde el primer mes de su Gobierno, cuando también anunció que su “nueva” estrategia de seguridad estaba basada en la “prevención” y la “planeación” y que ya no sería “reactiva”, en alusión al “combate frontal” decretado el sexenio del Presidente panista Felipe Calderón.
“Vamos a planear la política y los cambios institucionales de mediano y largo plazo, pero, también, cada decisión estratégica y operativo específico. La política de seguridad y de justicia no pretende ser reactiva”, dijo Peña Nieto el 17 de diciembre de 2012, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Entre esos cambios se concretó, en agosto de 2014, la creación de la División de la Gendarmería de la Policía Federal, dependiente de la SEGOB y a la cual, de acuerdo con el decreto oficial que le dio vida, se le encargó “generar condiciones de seguridad pública ante la presencia de la delincuencia organizada o el alto índice delictivo”.
Dos años después, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que a la nueva corporación le falta evidencia de su eficacia y funcionamiento.
“El número de delitos registrados en las entidades federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación de la Gendarmería”, reportó este año la ASF.
“Implementó 75 operativos (de 10 mil) sin disponer del análisis del comportamiento de la criminalidad (…), por lo que realizó acciones de manera inercial y careció de los resultados obtenidos con su intervención”, agrega el dictamen.
LA SUPERSECRETARÍA
Entre 2000 y hasta 2013, a lo largo de los dos sexenios de presidencias panistas, la responsabilidad de “proponer la política criminal en el ámbito federal”, “presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública” y, en general, “salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos”, fueron responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El 2 de enero de 2013, sin embargo, todas esas atribuciones fueron transferidas a la Secretaría de Gobernación encabezada desde el inicio de sexenio por el ex Gobernador priísta de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong.
En ese inicio de sexenio, Osorio Chong acababa de participar en la gestión del “Pacto por México” que le permitió al hoy Presidente la aprobación del paquete de Reformas Constitucionales, como la Educativa y la Energética, que le ganaron los únicos halagos de la prensa internacional a su Gobierno.
Las atribuciones de Osorio Chong se ampliaron entonces no sólo en materia de seguridad pública, sino que, en el mismo decreto que le delegó la “política criminal”, Peña Nieto le dejó también una responsabilidad que, desde que se redactó la actual Ley Orgánica de la Administración Pública, en 1976, no había tenido ningún otro titular de Gobernación: la de “coordinar” al resto de los integrantes del gabinete.
Tal atribución quedó establecida en el Artículo 10 de dicha Ley, que por casi cuatro décadas ordenó que “las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna”.
El decreto del 2 de enero de 2013, sin embargo, ordenó que, “sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes”.
Tal aumento de atribuciones –más de 60, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF– fue considerada entonces como una marcha atrás en la búsqueda de contrapesos institucionales que, desde 2000, se habían previsto al descargar a la Segob de las responsabilidades de mantener la seguridad pública.
Pero se dio también, planteó el abogado constitucionalista Ulises Corona Ramírez, como un intento de fortalecer a la institución y después las “crisis de capacidad de Gobierno” que se registraron durante los sexenios panistas, periodo al que se atribuye el crecimiento tanto del crimen organizado como de los abusos de los Gobernadores.
“En el sexenio pasado hubo una crisis de gobernabilidad, una crisis de capacidad de Gobierno, y esa crisis de capacidad de Gobierno la veíamos donde el Presidente de la República no podía tomar decisiones, aunque quisiera”, explicó Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Por ello fue la presencia de factores reales de poder como sindicatos, como Elba Esther Gordillo [ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, presa desde 2013]; como la delincuencia organizada, como los gobernadores que tenían el poder político en sus estados”, agregó Corona.Cuatro años después, sin embargo, los indicadores mensuales de homicidios se encuentran en cifras similares a las registradas en el último año del calderonismo ( mil 941 casos en enero y mil 838 en febrero pasado, además de 20 mil 792 casos en 2016, l más alta del sexenio) y el crimen organizado, pese a la detención de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, sigue presente; ahora bajo el nombre de Cartel Jalisco Nueva Generación, entre otras organizaciones.
“Hay una serie de índices sobre los asesinatos y la violencia, además de información oficial de organismos internacionales que han mostrado que los problemas de violencia y de inseguridad pública se mantienen, y que además hay una severa crisis de derechos humanos”, dijo desde el año pasado el analista Alberto Azis Nassif, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
“Indicadores que nos pueden decir que los resultados han sido negativos en términos de aplicar una política pública distinta para la inseguridad, que no ha resultado, porque se ha profundizado el problema”, agregó entonces el investigador.
“LO RECIBI UN DIA ANTES”
En comparación con lo que ordena la LOAPF, el aumento de la violencia y los problemas de seguridad pública no son la única responsabilidad incumplida por el Secretario de Gobernación.
La huida del Chapo (después recapturado), el crecimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación y aun la resistencia de una parte del magisterio para aceptar la Reforma Educativa son hechos, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF, atribuibles al titular de la Segob.
Y es que las responsabilidades que se le dieron en este sexenio al Secretario de Gobernación son tantas que, de acuerdo con la fracción XI del Artículo 27 de la LOAPF, al mismo Osorio Chong le corresponde “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país”.
En los últimos cuatro años, sin embargo, Osorio Chong no sólo no tomó medidas en contra de los actos de probable enriquecimiento ilícito de diferentes ex mandatarios, varios compañeros de su partido, sino que, en el caso del veracruzano Javier Duarte de Ochoa, tampoco hizo algo para evitar la fuga.
“Yo lo recibí un día antes, cuando me dijo que habría de dejar la Gubernatura, cuando yo le dije que era muy difícil trabajar este Gobierno con alguien tan cuestionado, que estaba lleno de problemas su estado y que estaba, entre otros, el de seguridad, a mí preocupándome mucho, y que el Presidente me había dado instrucción de volver a apoyar y respaldar al estado, pero que en una circunstancia como la de él, nos era muy difícil, y esto fue junto con pegado que me dijo que abandonaría el… Gobierno”, narró Osorio Chong al periodista Joaquín López Dóriga el 24 de octubre pasado.
“Obviamente, te imaginarás que me dijo que no tenía nada que ver en todo lo que señalaban y yo le que le dije que eso tendría que enfrentarlo ante la justicia. Él me dijo que, por supuesto, que lo iba a hacer, porque no tenía nada qué esconder; esto es algo que no había yo comentado, y al otro día renuncia. Se da en coincidencia de un proceso que ya estaba anunciado el que el juez ya libera la orden de aprehensión”, agregó Osorio Chong en la entrevista radiofónica.
Un día después de ese encuentro en Gobernación, Duarte de Ochoa inició un periodo de más de seis meses de evasión de la justicia.
El Secretario de Gobernación no ha develado públicamente tener intención de buscar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, que se disputará en 2018.
Aspiración para la que Osorio Chong, consideró Corona Ramírez, se ve “débil”, sino es que fuera de la competencia. A menos, agregó el académico, de que mostrara “contundencia” en su trabajo de velar por la legalidad.
“Tiene que hacer señalamientos contundentes; como, por ejemplo, decir ‘en la Cámara de Diputados está el diputado Tarek Abdala (ex Tesorero de Duarte de Ochoa entre 2012 y 2015), exijo al Congreso que declare el juicio de procedencia para que se enfrente a las autoridades. Así de concreto, así de textual”, planteó el académico.
La oficina de Comunicación Social de la Segob no respondió una petición de información para este informe.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-04-2017/3194669