Los policías estatales en México son quienes están en el primer lugar como involucrados en los actos de tortura y detenciones, pues en 42 por ciento de los casos son los principales agentes, mientras que las Procuradurías locales están involucrados en 22 por ciento de los casos y la policía preventiva en el 15 por ciento, destacó un informe del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
Con porcentajes menores se encuentran el Ejército y la Marina, con 10 y 5 por ciento respectivamente, señala el informe.
De acuerdo con el análisis de 50 casos de víctimas de tortura en el país, el 100 por ciento fue detenido de manera arbitraria, es decir, sin ninguna orden de aprehensión en su contra, y de ese total, 40.82 por ciento las llevaron a cabo elementos uniformados con identificación, mientras que el 34.69 por ciento se realizaron por personal vestido de civil, el 16 por ciento por parte de policías sin identificación, el 6.12 por ciento por personas uniformadas con identificación y otros vestidos de civil y el 2.04 por ciento por personas de civil y uniforme sin identificación.
“Lo más común es que los agentes que realizan la detención agredan con golpes o patadas con las botas”, destaca el informe, que incluye como métodos de tortura el uso de instrumentos para dar toques eléctricos, bolsas de plástico para asfixiar, golpes con las culatas de armas y el uso de éstas para amenazar o simular ejecuciones.
Por otra parte, entre las prácticas para causar heridas o poner a la víctima en posiciones forzadas están los golpes en todo el cuerpo mientras se inmoviliza al sujeto con esposas, cintas, vendas o toallas.
Además, el informe resalta la impunidad y complicidad que existe dentro de las autoridades encargadas de impartir justicia y el personal en los penales, ya que los médicos y psicólogos de las procuradurías no registran correctamente el estado de los detenidos cuando practican los exámenes correspondientes y por tanto los resultados para determinar si hubo tortura apuntan negativo.
De acuerdo con el CCTI, el rango de edad de las víctimas de tortura va desde los 16 hasta los 54 años, con un énfasis en la población de entre 19 y 31 años. Además, la mayor parte de las víctimas son hombres jóvenes y de escasos recursos, lo que apunta una “criminalización de la pobreza y las juventudes”.
Por todo lo anterior, el Colectivo exigió al Congreso aprobar una Ley General Contra la Tortura que se apegue a los estándares internacionales, pues de acuerdo con el documento, “el gobierno mexicano tiene una oportunidad para mostrar interés en la erradicación de la tortura”.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 14 ABRIL 2017.