La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) ha integrado 17 quejas contra el gobierno de León por abusos cometidos contra comerciantes locales e indígenas, quienes han sido golpeados, arrestados y discriminados, por vender comida en las estaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT).
El año pasado, Derechos Humanos recibió 16 quejas y en marzo del 2016, abrió una investigación por oficio contra inspectores de Comercio que golpearon y aplicaron descargas eléctricas a vendedores ambulantes de la estación San Juan Bosco.
El viernes 24 de marzo, comerciantes se manifestaron, frente a la presidencia, para denunciar que unos 20 inspectores de Comercio golpearon a tres vendedores ambulantes, entre ellos un menor de edad, y que aplicaron descargas eléctricas a dos personas.
“Quisieron quitarle los churros a mi esposa, me metí porque agredieron a un chamaquito de 13 años, me dieron un rodillazo, uso eso (la chicharra) y luego la escondió”, denunció el vendedor de churros, José Alfredo Jiménez Sánchez.
De las 16 quejas, ocho fueron por ejercicio indebido de la función pública; cuatro, por tratos indignos; tres, por violación al derecho a la libertad y dos por uso excesivo de la fuerza y molestias injustificadas, detalló la PDHG.
La Procuraduría de los Derechos Humanos emitió dos recomendaciones al alcalde de León, Héctor López Santillana; resolvió dos expedientes sin recomendación, archivó siete expedientes por desistimiento y concilió cinco casos.
El comerciante, Luz López, fue una de las víctimas que retiró la queja para entablar una conciliación.
“Me han agredido tres veces, me enviaron a la patrulla, me acusaron de escándalo en la vía pública. Van dos denuncias que pongo en Derechos Humanos, pero no me dan ningún resultado, la última la retiré porque dijeron que me iba atender el director de Mercados, pero nunca me atendió”, denunció.
El año pasado, la vendedora otomí, María Elena Secundino, fue golpeada y discriminada por vender semillas en la estación Delta. Derechos Humanos emitió una medida precautoria para garantizar la integridad física de la indígena.
La mujer era agredida por personal de la Dirección de Movilidad del “Grupo Halcón, integrado por ex policías que reprobaron las pruebas de confianza. Como operaban ilegalmente, sin un marco legal, el año pasado fue desintegrado.
En abril del 2016, líderes indígenas denunciaron, ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que el gobierno de León los trata como “criminales” porque son discriminados, arrestados y golpeados por vender comida en las estaciones del SIT o en la vía pública.
Los legisladores no intervinieron, ni siquiera propusieron un punto de acuerdo para exhortar al alcalde panista de León, Héctor López Santillana, para que pare los abusos y brinde oportunidades de trabajo, lamentaron indígenas que se manifestaron el miércoles en la presidencia.
Fuente: La Jornada
Autor: Carlos García
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