Para su gobierno, la muerte de periodistas de la entidad tuvo que ver sobre todo con la delincuencia organizada o con sus vidas personales. Nunca consideró siquiera la posibilidad de que esas muertes se hayan derivado del ejercicio crítico del periodismo hacia su gestión y de la descomposición de la vida pública local.
Proceso padeció directa y repetidamente esa descomposición. Nunca había sido tan agraviada. El asesinato de nuestra corresponsal Regina Martínez Pérez, perpetrado el 28 de abril de 2012, fue el primero y gran daño que tuvo bajo la gestión duartista.
Un año después, el reportero que por parte de este semanario investigada el homicidio, Jorge Carrasco, fue amenazado. Y en julio de 2015 ocurrió el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa, también colaborador de la revista, en la Ciudad de México. Él salió de Veracruz por temor a que se cumplieran amenazas en su contra y había sido insistente en la exigencia del esclarecimiento del crimen de Regina.
La administración de Duarte siempre intentó mostrarse afectada por esos hechos. Durante su gestión el propio gobernador buscó a la directiva del semanario para deslindarse en los casos que involucraban directamente a sus periodistas. En una ocasión incluso llegó a las oficinas de la revista en la Ciudad de México acompañado por su asesor José Murat, el exgobernador de Oaxaca.
Fiel a sí mismo, quiso tratar al semanario y a sus periodistas como lo hacía con la prensa que compraba. No entendía de otra manera al periodismo. Hace cinco años, cuando los directivos de la revista, impactados por el asesinato de Regina, fueron a la casa de Gobierno en Xalapa para pedirle cuentas, Duarte intentó la lisonja, el derroche y la ostentación ante la tragedia.
Desde la noche del sábado 28 de abril, cuando Proceso confirmó el homicidio de su corresponsal, cometido en las primeras horas de ese día, Duarte acordó el encuentro con los directivos del semanario al día siguiente en la entidad, pactado para la mañana del domingo 29.
Fueron horas perdidas entre la llegada al aeropuerto de Veracruz y la salida hacia Xalapa. Después de la larga espera, mandó helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el traslado, pese a la insistencia de viajar por carretera, a sólo poco más de una hora de camino.
A la salida del aeropuerto de Xalapa, una camioneta blindada, escoltada por dos más, llevó a los periodistas a la residencia de los gobernadores de Veracruz, que Duarte se había encargado de ampliar con la compra de las construcciones vecinas porque, decía, la que heredó de Fidel Herrera, su mentor, resultó pequeña para el tamaño de su ambición.
Pese a la nula actividad oficial del mediodía del domingo 29, largas filas de camionetas invadían los dos lados de la pequeña calle Guillermo Prieto, de la colonia Dos de Abril, en la capital del estado. Motocicletas y patrullas de la SSP completaban el cerco de seguridad que el mandatario tuvo a su disposición.
En la mesa de la recepción, alguien había dispuesto en forma ostensible varios ejemplares de una edición especial de Proceso dedicada en esas fechas al Cártel de Los Zetas, la organización con presencia en el estado desde la década pasada.
El desencuentro
Un amigo del entonces gobernador, quien lo conoció desde joven, relató a Proceso que éste acostumbraba entretenerse con videojuegos para hacer esperar a la gente. “No me extrañaría que esa mañana lo hubiera hecho también para hacerlos esperar”, dijo.
Cuando, al filo del mediodía, estaba por darse el encuentro, el gobernador hizo pasar a los periodistas a una sala de juntas. Ahí estaban ya el entonces procurador Amadeo Flores y una docena de colaboradores, entre ellos policías investigadores y el fiscal para delitos electorales y contra la prensa.
Del otro lado de la larga mesa se sentaron el fundador de Proceso, Julio Scherer García; el director, Rafael Rodríguez Castañeda; el subdirector, Salvador Corro; el reportero Jorge Carrasco, y el fotógrafo Germán Canseco.
De nuevo, la espera como norma… Después de unos minutos, Duarte apareció impecable, sonriente, fresco en toda su extensión. Se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba en la que podían estar hasta 30 personas. Comenzó a hablar y las alabanzas a la revista y a don Julio no paraban.
Sus palabras iban acompañadas de movimientos de brazos para que no se arrugara su guayabera de manga larga. Quería mostrarse imperturbable ante la tragedia de la revista que, por medio de Regina Martínez, tanto había cuestionado a su gobierno y al de su antecesor.
Tras varios minutos de perorata y de explicaciones forenses de sus colaboradores, intentó seguir con su discurso vacío, pero Scherer García lo paró. Seco, directo, le dijo: “Lo que usted nos está diciendo y lo que acabamos de escuchar no es más que la superficie. No hay explicación alguna de las aguas profundas en las que ocurrió el asesinato de nuestra reportera”.
Duarte permaneció en silencio. En la sala sólo se escuchaba su respiración entrecortada. Estaba siendo fuertemente cuestionado frente a sus subordinados.
Siguió don Julio: “La muerte de Regina Martínez es producto de la descomposición del estado y del país. Queremos saber qué es lo que hay debajo de la superficie. Aunque, en suma, señor gobernador, no le creemos”.
Duarte, el hombre habituado a dictar la pauta a la prensa, se mantenía en silencio. Rodríguez Castañeda, el director de Proceso, intervino. Le reclamó el “ambiente de hostilidad” que bajo su gobierno sufrió Regina. Habló de la exclusión de la que fue objeto de los actos oficiales y de la desaparición de ejemplares de la revista en el estado cuando en su contenido se incluía información de Veracruz.
Rodríguez Castañeda adelantó también que el semanario rechazaría cualquier explicación del asesinato por motivos pasionales y sin que se considerara el trabajo periodístico de Regina.
En el encuentro se acordó que Proceso participaría en las investigaciones, lo que Duarte juzgó como un control de daños para su gobierno. “Ya hablé con Julio Scherer, ya lo tengo todo controlado”, se ufanó ante su viejo amigo que confió a este semanario lo que pasó en la casa de gobierno después del encuentro.
Cuando acabó la reunión, Duarte siguió su ostentación en el manejo de los recursos públicos. Quiso dar una conferencia de prensa junto con los directivos de la revista, pero la respuesta contundente fue que no, que fijarían su posición en un comunicado que harían público desde Xalapa.
Sólo era necesario un lugar con una computadora para redactar el boletín. La respuesta de Duarte fue pagar una habitación del hotel Crown Plaza de Xalapa para cada uno de los representantes de la revista, con todo lo que quisieran consumir, según les informó la recepcionista del hotel.
Las habitaciones quedaron pagadas, pero los periodistas sólo ocuparon una pequeña sala con una computadora. “No les creemos y se los hicimos saber. No les creemos hasta que se esclarezca lo ocurrido con nuestra compañera”, fijó el semanario en su comunicado.
Para regresar a la Ciudad de México, el gobernador ofreció su avión a los periodistas. De nueva cuenta le dijeron que no. Ordenó entonces que el helicóptero Bell en el que se desplazaba al interior del estado los llevara al puerto de Veracruz para tomar el vuelo de regreso. Era una aeronave blanca, de seis plazas, con asientos de piel y acabados en caoba, con el escudo del estado de Veracruz en dorado, en la pared del fondo.
Don Julio ya no regresó a Veracruz. Falleció el 7 de enero de 2015.
Intimidaciones
Durante un año, Proceso estuvo al tanto de las investigaciones de la entonces Procuraduría General del Estado. Desde la primera semana, dio cuenta de cómo el gobierno de Duarte empezó a filtrar información, asentando la versión de que el homicidio de la corresponsal fue por motivos pasionales.
El gobierno de Duarte, que enfrentaba una nueva crisis por el asesinato de dos fotógrafos, un exreportero gráfico y la empleada administrativa de un medio local, ocurrido apenas cinco días después del homicidio de Regina Martínez, dirigió las versiones hacia uno de los colegas cercanos a ella.
El gremio periodístico veracruzano fue todavía más hostilizado cuando la procuraduría citó a varios compañeros de Regina a declarar ante el Ministerio Público. Les tomó sus huellas digitales y hasta la impresión de sus dentaduras, por el tipo de herida que presentaba el cuerpo de la corresponsal.
La revista informó también de las dificultades que tuvo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) para obtener información de la procuraduría estatal. El gobierno de Duarte le dio una sola huella digital de las que recabaron sus peritos.
En medio año, la administración duartista declaró resuelto el caso: el asesinato fue cometido por un delincuente y sexoservidor al que presentó como amante de la periodista.
Cuando se produjo la detención del segundo de los presuntos responsables, Proceso dio a conocer la condición de vulnerabilidad del acusado y sus señalamientos de haber sido detenido y torturado días antes de que lo presentaran a declarar y se declarara culpable.
El acusado quedó en libertad durante algunos meses, pero regresó a prisión a raíz de un amparo promovido por uno de los hermanos de la periodista, quien tuvo el apoyo de la administración de Duarte. Su amparo tuvo el mismo despliegue informativo que los comunicados del gobierno.
Los reiterados señalamientos sobre la manera en que se condujo y se declaró cerrada la investigación derivaron en un nuevo agravio a Proceso: la amenaza al reportero encargado del seguimiento periodístico del caso.
En el primer aniversario del homicidio, la noche del domingo 14 de abril de 2013, cuando la revista publicó un texto sobre la manera en que se hizo la investigación, un mensaje llegó al teléfono del reportero coadyuvante en la investigación: “No ha entendido que el caso de la corresponsal ya se resolvió”.
Al día siguiente, un nuevo mensaje: “Existe la orden para que vayan por usted. Están buscando en todas las bases de datos oficiales para dar con usted y lo traigan a Veracruz. Si se opone, le darán piso”.
La revista denunció lo que pasaba y la prensa internacional puso de nueva cuenta la atención en el gobierno de Duarte. Organizaciones periodísticas internacionales le demandaron al gobierno de Enrique Peña Nieto investigar las amenazas.
Una visita incómoda
En medio de las reacciones por este nuevo caso que apuntaba a su gobierno, Duarte buscó entonces al director de Proceso. Llegó a las oficinas de la revista acompañado de su asesor, el exgobernador de Oaxaca José Murat, entonces cercano a Enrique Peña Nieto por sus gestiones en la firma del Pacto por México.
Su presencia sorprendió a los reporteros que estaban en la redacción. Subió a la dirección para asegurar que sus colaboradores no tenían nada que ver, que investigaría “para llevar a la verdad”, como dijo respecto a Regina.
Cuando bajó, vivió lo que después describió como uno de sus peores momentos ante la prensa. El reportero Álvaro Delgado le dijo que en Proceso “no vamos a dejar de exigir que no haya impunidad en el caso de Regina Martínez, pero también en el de Jorge Carrasco y el de Noé Zavaleta, que están bajo acoso criminal del gobierno que usted encabeza”.
Obligado, respondió el entonces gobernante: “A eso vine, precisamente, a darle la apertura y toda la voluntad que existe de parte mía y del gobierno de darle toda la transparencia y toda la garantía del ejercicio periodístico”.
Seguía en ese tono cuando el reportero Arturo Rodríguez lo interrumpió: “Para nosotros, una amenaza contra uno es contra todos. Por cada uno, van a ser 10 más los que vamos a ir a buscar con usted y su gobierno para que se haga justicia, que se respete el trabajo y que no haya más impunidad, porque ya es demasiado”.
Contrito, Duarte aceptaba cuanto le decían los reporteros. “Lo sé, lo sé” –repetía–. Créanme que una de las víctimas, uno de los afectados soy yo. Soy de los que más quiere claridad en estos casos, que no exista impunidad y que podamos darles las garantías totales para ustedes o cualquier compañero pueda desarrollar su labor en nuestro estado”.
Recurrió a la misma retórica de la que echó mano el domingo 29 de abril de 2012, cuando se reunió con los periodistas de Proceso tras el asesinato de Regina.
La reportera Marcela Turati le reprochó que hubiera aceptado el premio a la libertad de expresión que dos semanas antes le dio la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos. “No lo solicité yo, no lo pedí”, dijo nervioso. “No ha sido un gusto conocerlo”, le dijo Arturo Rodríguez cuando se despidió y se perdió con sus camionetas de seguridad en las que siempre se movía.
“Nunca había vivido algo así con la prensa”, comentó después a sus allegados, quienes lo hicieron saber a la revista.
Al año siguiente, un nuevo agravio para Proceso relacionado con Veracruz. El reportero gráfico Rubén Espinosa, incansable en su exigencia de justicia para Regina y colaborador de la revista y de la agencia fotográfica Cuartoscuro, fue asesinado junto a cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Entre ellas, la activista de Veracruz Nadia Vera.
Espinosa, quien en una fotografía estampó la gruesa figura de Duarte en funciones de jefe policial, había salido de Veracruz temeroso por las amenazas que había recibido y por la confrontación que había tenido con la SSP estatal.
Presionada por la prensa, la Procuraduría General de Justicia de la capital del país tuvo que tomar declaración ministerial a Duarte en Veracruz. Sin mayor cuestionamiento por parte de la procuraduría, Duarte, de nueva cuenta, aseguró que ni su gobierno ni él tuvieron que ver en esos hechos.
Este texto se publicó en la edición 2112 de la revista Proceso del 23 de abril de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/484248/regina-martinez-cinco-anos-impunidad