Otros 16 mil 468.5 millones de pesos –o 45 millones diarios– fueron ejercidos por la Procuraduría General de la República (PGR) que emitió hace seis meses la orden de captura contra el político veracruzano.
A la Fiscalía General de Guatemala, de acuerdo con lo que reveló la titular, Thelma Aldana Hernández, le bastó una petición verbal de parte del Gobierno mexicano para detener al político cuya evasión de la justicia fue más larga incluso que la de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el presunto mayor narcotraficante del mundo.
Arresto que, de acuerdo con el penalista Martín Gabriel Barrón Cruz, muestra que la procuración de justicia requiere, más que de recursos, del funcionamiento de las instituciones y de un compromiso de lucha contra la corrupción y la impunidad.
“Hay que reconocer que el Gobierno de Guatemala y las autoridades judiciales de ese país están dando una lucha frontal, ejemplar además, sobre cómo combatir la corrupción y la impunidad”, dice Barrón Cruz en entrevista con SinEmbargo.
“Recordemos que tienen a su ex Presidente en prisión, a su vicepresidenta también, hay diputados y políticos de diversa índole en prisión, por tanto no es casualidad: Guatemala está tratando de luchar, a pesar de sus limitaciones, de sus problemáticas, está tratando de luchar contra la corrupción y la impunidad; entonces, no es casualidad que haya sido también Guatemala, porque algunos han supuesto que hubo pacto, que se entregó, puede ser, pero para mí lo que hay que resaltar es que es el Gobierno de Guatemala el que lo encabeza, y está poniendo el ejemplo de cómo se debe combatir la corrupción”, agrega el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Buscado por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador priísta de Veracruz, fue detenido el pasado sábado 15 de abril en un hotel del municipio de Panajachel, en Guatemala, en la frontera sur con México.
Estaba prófugo desde el 13 de octubre, cuando, de acuerdo con lo que ha difundido la PGR, un Juez radicado en la Ciudad de México liberó la orden de aprehensión para cuya concreción, en noviembre siguiente, se ofreció una recompensa de 15 millones de pesos.
De acuerdo con lo difundido por la PGR, la localización y la detención con fines de extradición fue “resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala”.
Pero, de acuerdo con lo que informó la Fiscal Aldana Hernández, fue sólo el 15 de abril, el mismo día de la detención, cuando recibieron una nota verbal de parte de la Embajada de México en Guatemala solicitando la aprehensión.
“El Ministerio Público de Guatemala recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la Embajada de México acreditada en Guatemala. En esa nota el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos nos pedía la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal de extradición, o sea a México, del señor Javier Duarte de Ochoa de nacionalidad mexicana”, dijo Aldana en una entrevista con este diario digital.
“De tal manera que, antes del 15 de abril, el Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque no había una solicitud. No se había recibido esta nota verbal del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, agregó la funcionaria.
JUSTICIA FACCIOSA
Varios elementos de la persecución a Duarte de Ochoa, de acuerdo con el experto en seguridad nacional, Erubiel Tirado, hacen suponer un uso “faccioso” de la justicia por parte de México, como el encuentro previo a la fuga con el jefe de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, Osorio Chong.
“En la idiosincrasia la política mexicana, no se necesita ser experto en seguridad para saber que lo dejaron ir, que fue una renuncia pactada; sólo de esa manera se explica que el responsable de los servicios de Inteligencia [Osorio Chong] pidiera al Cisen cerrar los ojos”, dice Tirado, coordinador del diplomado en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
“Es la misma interpretación en el caso de detención, que es sólo sobre él [Duarte de Ochoa], cuando en realidad está la familia en la red de complicidades y no la están aprehendiendo. Son elementos que no son objetivos, pero que plantean dudas sobre la imparcialidad con la que actúa el aparato de procuración e impartición de justicia”, agrega.
Para Barrón Cruz, destaca el contexto de la lucha contra la corrupción emprendida en Guatemala, donde desde hace casi una década opera la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), que en 2016 procesó y envió a la cárcel al ex Presidente Otto Pérez Molina (y varios funcionarios más) por encabezar una red de corrupción y enriquecimiento ilícito que había cooptado diferentes instituciones de ese país.
“Lo que hay que entender es que lo que falta en México es que las instituciones responsables en realidad hagan su función, que no haya necesidad de ese trasfondo político de poder usar o no a las instancias responsables para hacer este tipo de investigaciones; lo importante es que las instituciones lo hagan, sea quien sea. Eso es lo que nos hace falta”, dijo.
Sin este funcionamiento institucional en la persecución del delito en México, agregó el académico del Inacipe, Duarte de Ochoa puede estar preso, pero seguirá intacto el contexto que permitió los actos de corrupción que se le atribuyen.
“Todo esto se da por el clientelismo, patronazgo, privilegios económicos, desequilibrio, injusticia y por una alta dosis de prácticas gubernamentales corruptas; si no damos vuelta a esto, vamos a seguir en la misma situación: van a seguir siendo señalados los gobernadores, o cualquier político y las instituciones no van a funcionar”, afirma Barrón.
“¿Cuánto se tardaron en atrapar a Duarte? Con Tomás Yarrington [ex Gobernador de Tamaulipas por el PRI, y detenido este mes en Italia] fueron años; Eugenio Hernández, otro ex Gobernador de Tamaulipas y también priista, y sobre quien también existen órdenes de aprehensión; César Duarte [ex Gobernador de Chihuahua, también priista y ahora prófugo]; tenemos incluso a Mario López Valdez [ex Gobernador de Sinaloa], acusado con la Auditoría Superior de la Federación por simular un reintegro de más de 135 millones de pesos, y ¿quién lo está persiguiendo? Ese es el problema”, agrega.
La reunión entre Osorio Chong y Duarte de Ochoa fue difundida por el propio Secretario de Gobernación en entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López Dóriga, el 24 de octubre pasado.
“Yo lo recibí un día antes, cuando me dijo que habría de dejar la Gubernatura, cuando yo le dije que era muy difícil trabajar este Gobierno con alguien tan cuestionado, que estaba lleno de problemas su estado y que estaba, entre otros, el de seguridad, a mí preocupándome mucho, y que el Presidente me había dado instrucción de volver a apoyar y respaldar al estado, pero que en una circunstancia como la de él, nos era muy difícil, y esto fue junto con pegado que me dijo que abandonaría el… Gobierno”, narró Miguel Ángel Osorio Chong.“Obviamente, te imaginarás que me dijo que no tenía nada que ver en todo lo que señalaban y yo le que le dije que eso tendría que enfrentarlo ante la justicia. Él me dijo que, por supuesto, que lo iba a hacer, porque no tenía nada qué esconder; esto es algo que no había yo comentado, y al otro día renuncia. Se da en coincidencia de un proceso que ya estaba anunciado el que el juez ya libera la orden de aprehensión”, agregó entonces el titular de la Segob.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Osorio Chong no sólo es encargado de la “gobernabilidad democrática” y de “mejorar las condiciones de seguridad y justicia”, sino también de vigilar “el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-04-2017/3196425