Mediante un comunicado de prensa, aseguró que dicha ley debe retomar principalmente el agua como un derecho humano, además de regular su gestión y la “participación efectiva de los sectores público, privado y social”.
En el documento también propuso hacer efectivo un mínimo de consumo entre 50 a 100 mililitros por persona, una política pública del líquido equitativa, distribución de facultades entre la federación, estados y municipios; innovación tecnológica y expansión de la infraestructura hídrica del país.
Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales de 1992 es la que rige en la materia.
La asociación que asegura contar con miembros de la sociedad civil, organismos, empresas, sectores académicos y privados, fue la única que hace dos años se pronunció en favor del discutido dictamen de la Ley General de Aguas.
Se trató del mismo que se pretendía aprobar vía fast track en la Cámara de Diputados, pese a las críticas de organizaciones no gubernamentales que aseguraban que privilegiaba la participación privada, carecía de sustento científico y atentaba contra el derecho humano a este recurso natural.
Por estas observaciones, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja acordó diferir la discusión del decreto desde marzo de 2015. Por su parte, las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento, y la de Recursos Hídricos acordaron mesas de trabajo con científicos, organizaciones y demás actores interesados, para optar por una ley sin prisas, misma que a la fecha permanece congelada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/485723/consejo-consultivo-demanda-a-pena-al-congreso-concluir-ley-general-aguas
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