Ante la falta de actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), en la demanda penal que pesa sobre César Duarte desde el 2014 por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones, el gobernador Javier Corral Jurado ordenó una serie de investigaciones y auditorías para procesar y castigar a quienes desfalcaron la entidad.
El mes pasado, justo después del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velcudea, la Fiscalía aprehendió a tres funcionarios de César Duarte: Javier Garfio Pacheco (exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, exalcalde de Chihuahua, paisano y compadre de Duarte); Ricardo Yáñez Herrera (exdirector de la COESVI y exsecretario de Educación, Cultura y Deporte) y Gerardo Villegas Madriles (exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda y familiar de Duarte).
Además ayer aprehendieron en la Ciudad de México al diputado federal suplente y exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, Antonio Enrique Tarín García (primo de César Duarte), por el mismo delito. Anoche le dictaron prisión preventiva como medida cautelar.
Con las detenciones, se desató una serie de promociones de amparos ante los juzgados federales, que hasta ahora suman 76, entre estos los de 14 exsecretarios y el mismo César Duarte.
Hasta ese día, de acuerdo con el gobernador Javier Corral Jurado, tenían abiertos 50 expedientes para solicitar más órdenes de aprehensión por un desfalco de más de 6 mil millones de pesos.
Sin embargo, el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, informó que luego de la gran cantidad de amparos (promovidos desde el 4 al 24 de abril), iniciaron más investigaciones contra funcionarios que no tenían contemplados en las primeras carpetas de investigación
Las primeras tres detenciones, generaron la renuncia de unos 15 empleados con cargos directivos en la Secretaría de Hacienda, según personal de la misma dependencia y ocho funcionarios se acogieron al criterio de oportunidad, es decir, accedieron a brindar información para obtener beneficios en el proceso penal.
Entre esos funcionarios, según fuentes de la fiscalía, se encuentran el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien promovió un amparo y luego se desistió, pero además enfrenta la demanda ante la PGR, junto con Duarte, promovida por el abogado Jaime García Chávez. También están Mario Trevizo Salazar, último secretario general de Duarte y exdirector de la Consejería Jurídica, y Raúl Chávez, secretario de la Contraloría estatal.
También aparecen como testigos protegidos, Fidel Pérez Romero, exsecretario del Trabajo y Previsión Social; Eduardo Esperón González, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas; José Miguel Salcido Romero, expresidente del Tribunal Superior de Justicia y exsecretario de Educación, Cultura y Deporte y Manuel Russek, exsecretario de Economía.
Junto con ellos, otros 30 exfuncionarios de otros niveles, también se acogieron al beneficio de criterio de oportunidad, luego de que Javier Corral llamó a quien tenga información, a colaborar con las autoridades.
Entre los exfuncionarios amparados, destacan en mayor número quienes laboraban en la Junta Central de Agua y Saneamiento, que presidieron familiares y paisanos de Duarte y desde donde desviaron una gran cantidad de recursos: Raúl Javalera Leal (también amparado y paisano del exgobernador)), Carlos Hermosillo Arteaga (diputado federal fallecido el mes pasado en accidente carretero) y Carlos Alonso Guzmán (amparado).
En el caso de Hermosillo, se amparó su viuda, Mayra Julieta Urbina Arzola, y el mismo día que ella promovió otro amparo el piloto personal de Duarte, Julio Berlanga Fuentes, con quien se accidentó el año antepasado, en el municipio de Balleza, cuando llegaba a su rancho cuando anochecía y cuyo seguro se ha negado a pagar la empresa, por una serie de irregularidades.
Del área de comunicación social, están amparados dos excoordinadores Sergio Belmonte y Juan Ramón Flores.
Amparos hasta en la familia
Los hermanos César Duarte, Alejandro y Mario Héctor Duarte Jáquez, también están amparados, así como varios parientes: su primo Federico Duarte Medina, quien estuvo a cargo de la exportación de ganado en Santa Teresa, a través de la polémica asociación de César Duarte, Unión Ganadera División del Norte y es uno de los principales ahorradores del banco Unión Progreso.
Los secretarios amparados son: Leonel de la Rosa Carrera, extitular de Desarrollo Rural y su director de Ganadería; el parralense y muy cercano a Duarte, Eloy Soto Payán (también hermana de la exdelegada de Prospera, quien salió del cargo con varios señalamientos de corrupción); los dos exsecretarios generales, Raymundo Romero Maldonado y Mario Trevizo Salazar (exconsejero jurídico).
Asimismo, el exsecretario de Desarrollo Social, José Luis García Rodríguez (acusado por violencia institucional contra la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera); la excontralora Liz Aguilera García (expresidenta de la comisión de fiscalización en el Poder Legislativo y actual secretaria general del PRI estatal); Javier Garfio (exalcalde y exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, actualmente preso); Ricardo Yáñez (exsecretario de Educación, Cultura y Deporte y exdirector de la COESVI, también preso); David Dajlala, secretario de Economía, y Fidel Pérez Romero, titular del Trabajo.
Del área de Educación, se ampararon también, el exsecretario Marcelo González Tachiquín; el secretario general de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alejandro Villarreal Aldaz, entre otros de áreas administrativas de la SECyD.
Los empresarios amparados son: María Luisa Tagle Jiménez, principal accionista de Grupo Industrial y Constructora; Benito Adolfo Tagle Rodríguez, representante de Grupo Industrial y Constructora; Jaime Galván Guerrero; Parrish Cárdenas Mata, apoderado legal de Prometeo Proyectos Ejecutivos, empresa de Galván; Ana Edith Lozoya, representante de Grupo Fritag, y Eugenio Baeza (quien además es exalcalde suplente de Chihuahua).
Corral está solo: García Chávez
Para el abogado Jaime García Chávez, quien fue el primero que interpuso una demanda penal contra Duarte y dos exsecretarios más en septiembre de 2014, las instituciones se desvincularon, las pusieron al servicio de la corrupción y orquestaron con gente de dentro y fuera de la administración, con empresarios-funcionarios y empresarios por fuera.
“Los empresarios que fueron funcionarios son Eugenio Baeza Fares (alcalde suplente de Javier Garfio) y Maurilio Ochoa Millán (exdirector de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y exsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología).
Los empresarios externos, que fueron piezas claves en esa red de corrupción son: Jaime Galván Guerrero (quien fue procesado en Estados Unidos porque presuntamente cometió el delito de lavado de dinero y quien apoyó a Duarte en su campaña a la gubernatura) y Eduardo Almeida Guerrero, principal favorecido con licitaciones de medicamentos, así como Martín Anchondo, uno de los principales proveedores que fue asesinado hace casi tres años, entre otros.
“Políticamente la corrupción se ubica en el ámbito de gobierno y se ubica también en el ámbito privado y circuitos de finanzas, donde se lava dinero. Así, de origen, es la esencia de la denuncia original de 2014”, agrega García Chávez.
Duarte, dice, es el principal operador de la red de corrupción en Chihuahua, con el apoyo de Jaime Herrera, Pedro Hernández, Carlos Hermosillo, el exfiscal Jorge Enrique González Nicolás; el exsecretario general, Raymundo Romero; el exfiscal de Ejecución de Penas, Eduardo Guerrero; los exalcaldes Garfio y Héctor Murguía Lardizábal (de Juárez), entre otros. Sin embargo, advierte también que la complicidad viene desde el centro del país, con la permisividad del presidente Enrique Peña Nieto y de manera específica, del senador Enrique Gamboa Patrón, quien es padrino político de César Duarte.
Al hablar de Jaime Herrera, quien presuntamente es testigo protegido, Jaime García Chávez advierte del riesgo de aplicar justicia selectiva, porque al parecer, pretenden exonerarlo con otros, como testigos protegidos con una especie de acuerdo, a pesar de que fue uno de los principales operadores de la corrupción en Chihuahua.
El activista señaló:
“(El gobernador) Javier (Corral) está solo y es por quienes integran su equipo. Ya va medio año (de gobierno) y cada vez está más distante hasta de su partido, porque el PAN, durante el duartismo, fue un partido cómplice del duartismo, éste no se explica sin las direcciones de Maru Campos (actual alcaldesa de Chihuahua); César Jáuregui Moreno (secretario del ayuntamiento) y Mario Vázquez (director de Servicios Municipales y expresidente estatal del PAN); sin la complicidad de la UACh. Si Javier quería apoyo de la ciudadanía, ya lo hubiera hecho, la política ya no es lo que era en el pasado”, concluyó
García Chávez criticó que el gobierno estatal pretenda impartir una justicia selectiva, con los beneficios otorgados a Jaime Herrera principalmente, uno de los principales operadores de la corrupción duartista.
Jaime García observa un gobierno frágil, el equipo de Corral es débil. “Corral se la pasa en reyerta permanente hasta con quien no tiene porqué pelear. Me preocupa esa debilidad y gran improvisación.
Cateos a propiedades de Duarte
El pasado 1 de abril, agentes de la Fiscalía General del Estado catearon en los municipios de Hidalgo del Parral y Balleza, tres propiedades del exgobernador César Duarte Jáquez, para recabar indicios y medios de prueba para acreditar la comisión de varios delitos que se le imputan.
Luego de obtener órdenes de cateo, la Policía Estatal Única registró las propiedades y localizó obras de arte sustraídas del palacio de gobierno, muebles también propiedad del gobierno estatal, entre otros.
Catearon la casa ubicada en la calle Primera cruce con 20 de Noviembre, colonia Altavista, en Parral, una oficina las calles Tecolotes y San Patricio s/n colonia Esmeralda, en Parral y el rancho El Saucito, municipio de Balleza.
En una de las propiedades encontraron una lista que corresponde a la nómina secreta, que incluye personas que recibían hasta tres millones de pesos como pago, tanto del PRI como de otros partidos, incluido el PAN y varios sectores sociales, que en su momento integrarán a las carpetas de investigación.
El mes pasado, fueron presentados ante jueces de Control, el exdirector de Administración de Hacienda, Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez, acusados de peculado por el presunto desvío de 246 millones de pesos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
En ese juicio presentaron testimonios de testigos protegidos, uno de ellos se presume que es Jaime Herrera.
El testigo protegido T-701-2017 fue presentado por el MP como exfuncionario “del más alto nivel” del gabinete de César Duarte entre 2010 y 2016, y denunció a toda la red delictiva encabezada por Duarte.
Dijo que la red de corrupción se conformaba por tres niveles. El segundo estaba conformado por directores y directores generales muy cercanos e incluso familiares de Duarte, era el núcleo duro para la defraudación junto con Gerardo Villegas Madriles, Antonio Tarín García y Carlos Hermosillo Arteaga.
Todos eran protegidos por el titular de la Auditoría Superior del Estado, Jesús Esparza Flores.
El primer nivel estaba conformado por los titulares de las secretarías encargados de la elaboración de las políticas públicas y el segundo por quienes ocupaban puestos de director o director general en diferentes organismos y dependencias, cargos para los que en la mayoría de los casos, el exgobernador designó personalmente, tanto a familiares como a otras personas de su confianza.
En ese segundo nivel de corrupción, estaban empresarios-socios externos del exgobernador y ahí se concentraba el núcleo duro de los desvíos.
Las empresas que crearon para desviar dinero fueron: Servicios y Asesorías Samex SC, con un contrato de 55 millones de pesos y con una cantidad igual, Servicios y Asesorías Sinax SA de CV; con 46 millones de pesos crearon Servicios y Asesorías SISASS SA de CV y con 90 millones de pesos a Despacho de Profesionistas Futura SA de CV.
También fue procesado el mes pasado, el exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, por peculado, derivado de la venta de varios predios de Labor de Terrazas que se hizo de manera ilegal.
Y Duarte acusa “violencia psicológica”
El exgobernador César Duarte, interpuso la queja Y 93/2017, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 30 de marzo pasado, por considerar que el gobierno estatal ha dañado su imagen y le causó “violencia psicológica”.
Anoche, la jueza de Control, Guadalupe Hernández, dictó prisión preventiva a Antonio Tarín García, por el delito de peculado, por el presunto desvío de 120 millones de pesos, al otorgarlos en adjudicación directa a la empresa Kepler Soluciones Integrales, según el contrato SH/AD/098/2015, del 31 de julio de 2015.
De acuerdo con la causa penal 1260/2017, dicha empresa nunca otorgó los servicios de “asesoría para aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos”, a través de la Secretaría de Hacienda, como indica el documento.
Antonio Tarín fue director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda y presidente del Comité de Adquisiciones, de febrero de 2015 a octubre de 2016, lapso en el que se cometieron varios desvíos de recursos públicos, entre estos, los 120 millones que se le imputan como copartícipe, sólo en esa causa penal.
El diputado suplente por el Distrito 9 de Parral, región del gobernador, enfrenta otra demanda por el desvío de 246 millones de pesos hacia otras empresas, por servicios no prestados, pero un juez federal le otorgó la suspensión provisional para evitar ser detenido por la causa penal 780/2017.
El viernes 12 de mayo, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Tarín García, en la Ciudad Judicial, a las 9:30 horas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/485524/detencion-excolaboradores-cesar-duarte-desata-ola-amparos-investigaciones