El Auditorio Metropolitano de Tecámac fue considerado por el actual Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, una de las obras de infraestructura más importantes de toda su administración. Por ahí, en marzo pasado, desfilaron y aplaudieron la construcción del recinto varios secretarios de Estado, la Primera Dama y el Presidente Enrique Peña Nieto.Pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –en la revisión de la cuenta pública de 2015– sacó a la luz los números del Auditorio: no costó 430 millones de pesos como se había acordado, sino 169 millones 929 pesos más; los días de construcción pasaron de 307 a 553 días; era evidente la “deficiente planeación del proyecto”; que éste no satisfacía a cabalidad las necesidades de capacidad o aforo de usuarios y que no cumple con la normativa vigente para espacios públicos de uso masivo.
A pesar de que el precio total de la construcción aumentó 39.5 por ciento, con todo y los 34 millones 999 mil pesos que faltan por comprobar, que continúan las actividades de construcción y que se inunda en época de lluvia, es imposible conocer cuál fue la empresa encargada de construirlo y el contrato que se firmó, porque la Secretaría de Infraestructura clasificó la información como “Reservada” por los siguientes cinco años debido a que en estos momentos el recinto es objeto de auditoría.
Y según la entidad, el perjuicio que supondría divulgar la información supera el interés público general de que se difunda.
La solicitud 00085/SINF/IP/2017 realizada por SinEmbargo, fue dirigida a la Secretaría de Infraestructura que a su vez, redirigió a la Subsecretaría de Agua y Obra Pública y a la Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública.
La Secretaría acotó que el expediente de la obra de la “Construcción del Auditorio Metropolitano” es información clasificada.
“Atendiendo a la prueba de daño que refiere la servidora pública habilitada suplente de la Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública”, puede leerse en el documento firmado por Alejandra González Camacho, titular de la Unidad de Transparencia.
La solicitud requería toda la información relacionada con el Auditorio Metropolitano de Tecámac [copia de la convocatoria del proyecto, la justificación, copia de la licitación en la que se incluya el nombre de la empresa o empresas que lo construyeron, el estudio de impacto ambiental y el costo total de la obra y si el precio había sido modificado y las razones].
UNA OBRA INJUSTIFICADA
Uno de los documentos que conformaban la respuesta a la solicitud, que tiene fecha del 16 de mayo de 2017 y fue firmado por la arquitecta Blanca H. Piña Moreno, Directora de Programación, Contratos de Obra y Proyectos de la Secretaría de Infraestructura, señala que en los archivos no hay ningún documento de “convocatoria del proyecto” ni “justificación del proyecto”.
Sobre el expediente de la obra de la Construcción del Auditorio Metropolitano, sin embargo, “de conformidad con los artículos 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública […] y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la información de referencia es clasificada”.
El documento explica luego que los archivos de la Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública, que la clasificación se deriva del Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría, correspondientes a lo emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF emitió una orden para realizar la auditoría número 852-DS-GF/2015 con título “Programas y Fondos Federales en el Estado de México”. Ahí está incluido el Auditorio Metropolitano.
Y como la auditoría, según el documento, está “en trámite”, se encontró en las leyes federal y estatal una excepción en el principio de transparencia de la información pública.
Entonces, según la Secretaría de Infraestructura, el proyecto del Auditorio se clasificó porque podría obstruir la inspección y la auditoría y porque esa información podría obstruir o causar daño a la verificación, inspección y comprobación de lo ordenado por la ASF.
“El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información “, sentencia la Unidad de Transparencia y agrega: “la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable” porque no ha concluido el procedimiento administrativo que fue notificado desde el 6 de mayo de 2016.“El proporcionar la información objeto de la presente solicitud, afectaría los principios de seguridad y certeza con los que se debe desarrollar el procedimiento de auditoría”, se añade en la explicación.
Sin embargo, la Secretaría reconoce que hay un interés público por conocer el procedimiento administrativo, pero acota que el acceso a la información pública tiene sus propias limitaciones, como “es el caso que nos ocupa”.
Luego argumenta que si la información se hiciera pública “derivaría en la emisión de juicios de valor subjetivos que pueden afectar los resultados que emita la ASF al respecto”.
Entonces, se decidió guardar la información por cinco años, pero esa cantidad de tiempo, según la Secretaría, “se realiza en pro del beneficio a favor del interés público”.
Sobre esos cinco años, se asegura que es necesario para “proteger la información” ya que la emisión de los resultados de la auditoría es indeterminado.
Pero actualmente el Auditorio continúa funcionando para los amigos. A pesar de que no se vende ningún boleto, entre semana y en fin de semana se ofrecen conciertos.
El Auditorio tiene una superficie de 147 mil metros cuadrados, puede albergar a 12 mil 700 personas, cuenta con palcos, dos terrazas, dos mega pantallas, 18 baños y un estacionamiento, que a la fecha sigue en construcción, con espacio para mil 400 autos y 36 autobuses.
Está ubicado en los límites de Ecatepec y Tecámac, el primero, uno de los municipios más peligrosos de la entidad y el segundo, otro que va subiendo lugares en el mismo ranking de violencia.
La promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria que emitió la ASF fue contra los actos y omisiones de los servidores públicos que en este proyecto autorizaron el inicio de las obras, sin contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-05-2017/3220619