A pocos kilómetros de aquí, entre Salamanca y Celaya, está la zona de operación de José Antonio Yepes de la Cruz, El Marro, considerado objetivo prioritario en Guanajuato por sus actividades de robo y trasiego de combustible; se estima que cada mes roba un millón y medio de litros de combustible por cada toma ilegal.
El Marro fue señalado el viernes 5 por el general Arturo Velázquez Bravo, comandante de la XII Zona Militar, en una entrevista colectiva que dio a medios locales; lo calificó como la cabeza de un grupo que ha contribuido decisivamente a que las cifras relacionadas con la extracción se hayan disparado en la entidad a partir del 2014, cuando se tenía un registro menor a 20 tomas clandestinas, que pasaron a ser más de mil apenas dos años después.
El militar incluso afirmó que la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato tiene detectadas más de cien propiedades a nombre de Yepes.
Velázquez dejó entrever algo que posteriormente, en entrevista con Proceso, el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, asume sin reparos: la corrupción, la complicidad de algunos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) con los grupos delictivos –en este caso específico, desde la refinería de Salamanca– y la falta de vigilancia, control y acatamiento de los propios protocolos de la paraestatal para detectar la extracción ilegal, inhabilitar las tomas clandestinas e impedir el saqueo.
Información de la Comisión Nacional de Seguridad, proporcionada por la Procuraduría estatal, ofrece datos de las operaciones de compraventa de hidrocarburos robados en territorio de Guanajuato, entidad que ocupa uno de los primeros sitios en cuanto a ese delito: poco más de 3 millones de litros de combustible recuperado de enero de 2016 a la fecha; 523 tomas clandestinas localizadas y 613 detenidos que han sido puestos a disposición de las instancias federales.
Extraoficialmente se supo la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto más de dos mil procesos por extracción y posesión ilícita de hidrocarburos, varios de éstos con personas detenidas, en el estado.
Pipas “hechizas” que son adaptadas dentro de tractocamiones de tres ejes o en camiones de redilas, son los vehículos comúnmente asegurados en las carreteras federales y estatales con gasolina o diésel robado en Guanajuato, lo mismo que gasolineras concesionadas que se abastecen, a plena luz del día, con hidrocarburo robado, como ocurrió recientemente en Juventino Rosas.
Proceso solicitó los datos respectivos a la Zona Militar y a la Policía Federal, pero no tuvo respuesta. La magnitud del daño a la economía nacional es difícil de medir sin saber cuál es la mella específica a la producción de Pemex.
“El criterio madre para evaluar es cuánto produce Pemex, cuánto manda y cuánto se le pierde en el camino. Ese dato yo no lo tengo exactamente, es parte del problema. El número de tomas no es un criterio objetivo para evaluar”, dijo en la referida entrevista el comandante de la XII Zona Militar, quien aclaró que es la paraestatal la que no ha brindado esa información a los mandos de seguridad que se hacen cargo de los operativos, por lo menos no en Guanajuato.
Velázquez aventuró en esas declaraciones: “El Marro tiene ocho años operando, me extraña que no lo conozcan”, y agregó que aunque el Ejército ha detectado las tomas que Yepes utiliza para la extracción ilegal, hasta ahora el cabecilla no ha sido capturado.
“Si nos lo topamos, claro que lo detenemos”.
Según información obtenida por Proceso, Yepes sí fue capturado y puesto a disposición de la PGR el año pasado. Pero quedó libre.
Corrupción
Para Zamarripa “es una realidad que hemos dicho en un tono bajo y alto: la refinería en Salamanca tiene un gran problema en cuanto a la seguridad de sus ductos. Digo esto por el sinnúmero de tomas que se han encontrado, y por lo menos a través del Grupo de Coordinación Guanajuato (en el que participan las autoridades federales, estatales y municipales) hay nula colaboración de parte de ellos”.
Entre 500 y 800 kilómetros de ductos de Pemex atraviesan el estado; de ahí la avaricia de los grupos delictivos como el que encabeza El Marro, coludidos con algunos habitantes de comunidades en Silao (Ex Hacienda de Trejo); Lo de Juárez, en Villagrán; La Calera, en Irapuato, o sobre la carretera federal Salamanca-Celaya.
Zamarripa recuerda que Pemex tiene la tecnología para detectar cuándo disminuye la presión en sus ductos, lo que debe reportar de manera inmediata, así como para inhabilitar los puntos de extracción ilícita que son detectados “y de los que inmediatamente les informamos, puesto que a quien damos aviso primero es a Pemex”.
Sin embargo, la respuesta del personal de la paraestatal despierta sospechas, dice.
“Tenemos una serie de tomas ilegales que se han reabierto en más de 15 ocasiones. Es decir, por un lado estamos encontrando, detectando y notificando de tomas, pero por el otro lado, no se están cerrando debidamente. En algunas se les pone un capuchón, que es como un quitapón que facilita la reapertura de la toma ilegal”, revela.
–¿La inhabilitación de las tomas es competencia exclusiva de Pemex?
“Exclusiva. Es un trabajo de sus técnicos. El único que manipula los ductos y en este caso, las tomas, es el personal de Pemex. Esto es parte de un protocolo que tiene”, como ocurre cuando se derrama combustible o cuando se produce un incendio en una toma, lo que ha ocurrido muchas veces en tomas detectadas en Silao o en la carretera Silao-León.
En varios de estos casos el personal de Pemex ha tardado varios días en sellar las tomas, obligando a las corporaciones a destinar personal para vigilarlas.
–El Ejército se queja de la misma circunstancia –afirma el procurador.
Otro problema vinculado con Pemex, acusa, es la corrupción interna. “En intercambio de información con las autoridades federales (en el Grupo de Coordinación) se sabe que se han detectado casos de pipas que han salido de las instalaciones de Salamanca… al revisarlas, tienen falsificados los documentos administrativos.
Hay “involucramiento de personal desleal de esta institución. Esto complica las tareas de combate”, afirma Zamarripa. “Una toma abierta implica un gran riesgo para la población, un desgaste para la paraestatal, una célula delictiva que se abastece y que abastece su financiamiento de las actividades ilícitas que comete”.
Datos de Pemex
Organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano de León, han advertido no sólo de la urgencia de fortalecer a la corporaciones municipales y estatales para una mejor coordinación, sino que también han puesto la mirada en las omisiones de Pemex y de la Secretaría de Hacienda en los protocolos de seguridad, el control del personal y la detección de compradores de combustible robado.
“Si en municipios como León, el Sistema de Agua Potable tiene un método para verificar y detectar cuando el agua no llega a una toma o hay una fuga, ¿en Pemex no se verifican los ductos, el consumo, quiénes han dejado de comprar o compran menos? Si ya han detectado gasolineras que se abastecen de combustible robado, ¿qué esperan, qué han hecho y qué no han hecho?”, cuestiona el presidente del Observatorio, Luis Alberto Ramos.
El martes 9, en el Senado, la priista Graciela Ortiz González subió a tribuna a propósito de un debate propiciado por el enfrentamiento entre Ejército, huachicoleros y habitantes de Palmarito, en Puebla, y apuntó sus baterías hacia Guanajuato, citando precisamente a Irapuato como uno de los municipios con más denuncias por robo de combustible.
La senadora dio a conocer datos de Pemex: 6 mil 873 tomas clandestinas detectadas en 2016, número que no parece disminuir en lo que va de 2017. “Llama la atención el que son dos estados donde fundamentalmente se concentra el mayor número de tomas clandestinas. Uno de ellos es el estado de Puebla, donde se dan recientemente los hechos que todos lamentamos y que desde luego todos condenamos en estos días, y el otro es el estado de Guanajuato”.
Con la información de Pemex, Ortiz resaltó que cuatro de cada 10 tomas clandestinas detectadas se ubican en Puebla y Guanajuato.
“Según la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, cada 24 horas se extraen ilegalmente 23 mil 500 barriles de hidrocarburos; esto representa una ganancia de más de 21 mil millones de pesos para el crimen organizado y esto nos refleja el tamaño del desafío que tiene el Estado mexicano para atender esta problemática…”, expuso la senadora, quien puso sobre la mesa las dudas sobre el trabajo conjunto para resolver el fenómeno, que ha derivado, dijo, en seis ataques con armas de grueso calibre de huachicoleros contra el Ejército.
Luego enumeró las acciones de Pemex “para contrarrestar este mercado de combustibles”, entre las que citó “fortalecer la coordinación con la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Federal del Consumidor, el SAT, la Policía Federal, las policías estatales y municipales, la Sedena y la Secretaría de Marina.
“Esto ha permitido ya recuperar 13 millones de litros de hidrocarburos en 2016”, aseguró.
Pero como ya quedó señalado, desde la perspectiva de los mandos militares, de seguridad y procuración de justicia en las zonas del robo y trasiego, Pemex no sólo ha fallado en esa coordinación, sino en muchas otras medidas que le atañen única y exclusivamente a esta instancia.
Desde el ámbito de competencia de la Procuraduría guanajuatense, insiste Zamarripa, “no hay un solo día en que no se haya actuado con resultados, en detección, detención de personas, resguardo para la inhabilitación de las tomas, detención de personas que se dedican al trasiego de combustible, las cuales son puestas a disposición de la autoridad federal, que es lo que nos compete. Hasta ahí”.
Según el Código de Procedimientos Penales, explica, “podemos detener a una persona por robo de hidrocarburo o arma de fuego, hacer las diligencias primarias, iniciar una carpeta, y tenemos que remitir a la autoridad federal para que resuelva su situación jurídica, que es la única que lo puede hacer y que en Guanajuato tiene sedes en las principales ciudades, lo que facilita turnar los casos”.
No obstante, los jueces estatales también han tenido que entrar al quite, en el marco del mismo Código de Procedimientos Penales que remite a la autoridad más cercana la actuación en este tipo de delitos, y ante la urgencia de que los detenidos sean presentados y vinculados a proceso cuanto antes, para posteriormente turnar los procesos a los jueces federales.
Aquí la estadística se invierte y, así como ocurrió con El Marro, la gran mayoría de los detenidos por estos delitos vuelven a las calles.
A estas alturas, con la amenaza de enfrentamientos como los ocurridos en Puebla –riesgo que aquí se niega, pero que ante la magnitud del saqueo es imposible descartar– “hace falta refuerzo humano federal que pueda venir a sumar. Creo que las autoridades federales coincidirían conmigo en que les hacen falta manos”, dice el procurador.
Si bien la XII Zona Militar ha informado de un despliegue de 500 policías específicamente dedicados a lo que ahora se llama Operación Jabalí (vigilancia de ductos), el número contrasta con los 3 mil efectivos que a principios del sexenio del actual gobernador Miguel Márquez –2012– recorrían Guanajuato.
“Los ductos pasan por los pueblos –dijo el general Arturo Velázquez en la entrevista del viernes 5–; tienen gente regada que nos está viendo (a los soldados). La tienen ‘bien practicada’, en minutos hacen un hoyo… las órdenes de aprehensión, de investigar pues no es de nosotros; somos muy visibles a distancia y estamos muy bien vigilados. Es parte del problema”.
Este reportaje se publicó en la edición 2115 de la revista Proceso del 14 de mayo de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/486957/guanajuato-paraiso-huachicolero