Veinte de los detenidos, encabezados por Javier N., “El Cadete”, fueron puestos a disposición de la PGR para que se investigue su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El Vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, indicó que desde hace días estos individuos se habían infiltrado en la Policía Municipal de Zihuatanejo y tenían bajo su control la operación de esa corporación, además de que, presuntamente, están vinculados con grupos delictivos que operan en esa ciudad.
En tanto, otros 31 de los detenidos que portaban armas, municiones e insignias de la Policía Municipal, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para ser investigados por presunta usurpación de funciones.
Originalmente fueron aprehendidos 60 agentes, pero la Fiscalía señaló que nueve personas fueron liberadas, luego de que las autoridades realizaron una revisión de sus expedientes, documentación y antecedentes, sin que se encontrara alguna irregularidad.
Denuncian irregularidades contra detenidos
El alcalde de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, dijo que los elementos detenidos no son parte de la delincuencia organizada y que en cuanto se acredite su identidad “serán liberados”.
En tanto, José Luis Amador Abarca, director de Asuntos Jurídicos municipal, aseguró que ya se han enviado los documentos necesarios para acreditar la pertenencia a las fuerzas del orden de 31 de los detenidos, pero que la Fiscalía estatal no les ha solicitado información de los otros 20.
Este miércoles los policías municipales de Zihuatanejo realizaron un plantón en el ayuntamiento para exigir al gobierno municipal que envíe a la brevedad la documentación que acredita a los detenidos como agentes.
Los manifestantes explicaron que los policías habían tomado el armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con autorización verbal de un mando del 75 Batallón de Infantería, luego del asesinato de tres agentes municipales en Ixtapa, ocurrido el 25 de abril.
Señalaron que a sus compañeros bajo arresto no les habían dado alimentos ni agua, se les negó el acceso a los sanitarios y no se les permitía bañarse.
A su vez, familiares de los detenidos en la Dirección de Seguridad Pública de Zihuatanejo afirmaron que a las personas bajo arresto no se les había dado asistencia jurídica ni atención médica, pese a que algunos sufren hipertensión y diabetes.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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