Nadín Reyes Maldonado, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, soporta su declaración en la recomendación 07/2009 de la CNDH, la resolución judicial 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado y el propio informe emitido por la Comisión de la Verdad de Oaxaca el año pasado.
La activista sostiene que “en todos estos documentos se testifica con puntual referencia que este crimen fue ejecutado por agentes del Estado, con lo cual constituye así un crimen de Estado y de lesa humanidad”.
Y es que considera que el gobierno mexicano intenta “sepultar en el olvido” la desaparición forzada de Gabriel Alberto y Edmundo, al igual que miles de casos más en todo el país, porque muchos de los responsables de estos crímenes fueron asesinados con el objetivo de borrar la línea que conduzca en cadena de mando a los responsables intelectuales.
Con ello, agregó, “el gobierno busca tender un manto de impunidad sobre las altas estructuras del Estado mexicano, sin embargo, como familiares y organizaciones populares continuaremos en la exigencia de la presentación con vida de Gabriel y Edmundo, así como la de los miles de detenidos desaparecidos que existen en el país”.
Durante un mitin que realizaron en el jardín Madero de esta capital, los activistas mencionaron que ese lugar es significativo porque ahora saben que fue el último lugar en donde fueron vistos por última vez los eperristas Gabriel y Edmundo, con la recreación que sus compañeros hicieron de su itinerario y que es información que dio a conocer la Comisión de la Verdad.
Reyes Maldonado hizo hincapié en que “en un principio se puso en tela de juicio su personalidad jurídica, se cargó con el estigma por la forma de lucha en la cual conducen sus aspiraciones políticas, no obstante, con toda la información que existe hasta el momento, donde se testifica con pruebas sólidas que sobre su persona se cometió un crimen de lesa humanidad que contó con la participación de los tres órdenes de gobierno, las investigaciones se enfocan a reducir el fenómeno al aspecto puramente local sin tocar a las instancias federales”.
Este 2017, mencionó que se cumplirán también 10 años de la comisión de una serie de crímenes más cometidos en contra de luchadores sociales que fueron víctimas de la desaparición forzada, al igual que Gabriel y Edmundo, y entre ellos destacan Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, detenidas desaparecidas el 5 de julio de 2007; el indígena Chatino Lauro Juárez, detenido desaparecido el 30 de diciembre de 2007, y Francisco Paredes Ruiz, desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Michoacán.
Nadín Reyes mencionó que la existencia de más casos, con el mismo tiempo y espacio de estar en esta condición inhumana, es la expresión de que el cometido de estos crímenes rebasa los límites transexenales, geográficos y jurisdiccionales.
También refleja que en la comisión de estos crímenes no hay cabida para la casualidad, obedecen a un plan premeditado para intentar detener el avance de la organización popular, al perpetrarse no sólo contra toda expresión de disidencia política a este régimen y gobierno antipopular, sino contra el pueblo en general por su condición de clase.
A una década siguen exigiendo su presentación con vida porque con la denuncia es como poco a poco se derrumbará el muro de la indolencia, de la indiferencia y del temor; además, es preciso dignificar a cada una de las víctimas y romper con el estigma, pues “son revolucionarios, son luchadores sociales, pero también son padres, hermanos, madres… hijos del pueblo que fueron arrancados abruptamente de su cotidianidad de lucha y de vida”.
“Queremos reiterar que nuestra lucha no cesará hasta encontrarlos y hasta enjuiciar y castigar a todos los responsables; diez años han pasado y su recuerdo se mantiene con esa frescura con la que se les puede evocar, porque es el amor, es la convicción de saber que el responsable fue el Estado mexicano, y es él quien debe presentarlos con vida”, puntualizó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/487056/reclaman-justicia-eperristas-detenidos-desaparecidos-una-decada