De acuerdo con una carpeta de investigación, cuando era gobernador Duarte permitió pagos inflados hasta un 400%, en contratos cuya asignación controló, como parte de operaciones de corrupción para obtener ganancias personales.
“Algunas veces el operador intermediario con altos sobreprecios entregaba un porcentaje o montos determinados directamente al exgobernador y sus cercanos”, indicó un testigo que ocupó un alto cargo en el sexenio anterior, citado por Reforma.
“En los casos de empresas creadas para generar facturación sin servicios (empresas fantasmas), éstas operaban en su recuperación de manera directa por el Director General de Administración y su equipo más cercano. El mecanismo de cobranza se realizaba a través de los diversos operadores externos señalados, y la entrega de recursos en efectivo eran trasladados y entregados al exgobernador y su grupo cercano”, agregó.
Según ese testigo, Duarte ordenó desviar 250 millones de pesos desde las Secretarías de Hacienda y Educación, para utilizar esos recursos con fines electorales, en 2016 en Chihuahua, año en que esa entidad tuvo elecciones.
“Al ponerse de acuerdo del mecanismo para poder obtener el recurso señalado, el exgobernador tomó la decisión de que fuera a través de la Secretaría de Educación, por lo que les encargó a Antonio Tarín García (exdirector de Adquisiciones) y Gerardo Villegas Madriles (exdirector de Administración) operar tal desvío”, señaló el testigo.
Otro de los casos en las investigaciones es el de un contrato de software, llamado Sistema Integral de Trámites y Movimientos del Personal del Subsistema Estatal, por el que el gobierno de Duarte pagó 90 millones de pesos, cuando su valor real era de 15 millones.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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