En esta comunidad otomí de 6 mil 500 habitantes hace un año, el 11 de abril, más de 800 policías del Gobierno de Eruviel Ávila Villegas custodiaron la demolición de una casa para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Este proyecto, por ahora está suspendido, es de la empresa Autovan de Grupo Higa, compañía envuelta en el caso de la Casa Blanca y propiedad del empresario cercano al actual sexenio, Armando Hinojosa Cantú.
En Xochicuautla no se ha realizado una consulta informada para la instalación de la carretera. Pero actualmente no hay condiciones por “la división” que desde hace diez años, con ayuda del comisariado comunal local, promueve el gobierno mexiquense priista y las empresas subsidiarias de Grupo Higa.
Sumado a ello, el lunes sitiaron una asamblea comunal donde se impuso “con abuso de poder y corrupción” a Francisco Alfaro Petra, Presidente Comisariado de Bienes Comunales, afín al Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó la comunidad indígena.
“Además del reparto de dádivas y la difamación en contra de defensores del territorio, una de las principales estrategias del gobierno del Estado de México es mantener y controlar la autoridad comunitaria de Xochicuautla en manos de personas afines al PRI. Estas personas han aprobado el paso de la autopista recibiendo gran cantidad de recursos económicos de los cuales la comunidad no tiene conocimiento”, expuso la Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla.José Luis Fernández, vocero del Movimiento en Defensa de los Bosques que acudió a la asamblea, dijo en entrevista que se repartieron 5 mil pesos para votar a favor de Francisco Alfaro, afín al PRI, quien ya está en funciones.
“El Comisariado fue impuesto nuevamente tanto por el Gobierno estatal como por la empresa [Autovan de Grupo Higa], los interesados en que él esté de su lado y tape los desvíos de los recursos que hicieron los anteriores”, aseguró el vocero.
El líder del Comisariado de Bienes Comunales que salió, Ángel Valdéz Ramírez, “ha traicionado” a su comunidad no sólo por la malversación de recursos, sino también por “facilitar” la entrada de las empresas que ostentan la concesión del proyecto carretero, de acuerdo con el Frente.
Un Comisariado de Bienes Comunales debe defender el territorio para que no haya tala ni devastación y velar por la integridad de los ciudadanos, así como gestionar los apoyos que el gobierno da para la producción. “Pero es todo lo contrario: no salvaguarda sino está comprado y promueve el proyecto carretero”, reiteró Fernández.
El lunes, la policía estatal llegó en camionetas desde las siete de la mañana. Entraron por el campo de futbol y, caminando, empezaron a distribuirse por todo el pueblo. “Algo muy grave” es que también se pusieron afuera del jardín de niños, “lo que generó pánico en los niños”, afirmó.
Luego fueron a la asamblea. La Comisión Estatal de Seguridad del Gobierno, el Mando Único, personal de la constructora Grupo Higa y la Procuraduría Agraria no permitieron la entrada a comuneros acreditados que “no son afines a sus intereses” con la justificación de “que no estaban en el padrón, pese a presentar documentos y constancia para acreditar”, contó el vocero. Ya adentro, hubo policías al interior del recinto.
Con estas acciones, expuso la comunidad indígena y el Consejo Supremo Indígena, las autoridades y la empresa “violentan una vez más” las medidas cautelares de protección a los derechos humanos que ya tiene la comunidad emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante ello, exigieron que sea retirada la policía estatal para finalizar “el hostigamiento que los pueblos de esta región sufren” por resistirse al proyecto.
TALA DE ÁRBOLES POR AUTOPISTA DE HIGA
El pasado 3 de marzo alrededor de 180 elementos de la Policía del Estado de México también irrumpieron en la asamblea comunal cuando el antiguo Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Ángel Valdéz Ramírez, dio un informe sobre los recursos federales recibidos “sin que la comunidad haya sido beneficiada con los mismos”, expuso el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.
“Su presencia es un acto evidente de provocación y agresión para los comuneros que resisten y luchan en contra de la imposición de la autopista Toluca-Naucalpan”, denunció la comunidad otomí. “La presencia de la policía vulnera gravemente los derechos de la comunidad y responde a los intereses del gobierno del Estado de México y las de Grupo Higa”.
Esta autopista, dijeron, ha violado los derechos individuales y colectivos de los pueblos Ñatho que habitan la región, reconocidos como pueblos originarios por los artículos que se describen en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, denunciaron, la obra no ha considerado criterios para prevenir la destrucción del patrimonio arqueológico de la comunidad y de la nación, con importancia histórica, ancestral, comunitaria y espiritual.
La comunidad ha interpuesto ocho amparos contra la carretera y “hasta el momento han estado respetando, aunque sabemos que es época de elecciones”, aseguró José Luis Fernández, vocero del Movimiento en Defensa de los Bosques.
San Francisco Xochicuautla pertenece al Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, un conjunto de comunidades, científicos, académicos, campesinos, organizaciones y ciudadanos interesados en defender la tierra, agua y bosques del Estado de México, así como los derechos de los pueblos indígenas que han cuidado ese territorio.
Durante los trabajos que se realizaron para el proyecto carretero denominado Toluca-Naucalpan, de la empresa Autovan de Grupo Higa, denunció el Frente, hubo “la tala de miles de árboles” en San Francisco Xochicuautla para estudios, así como la compra y venta ilícita de tierras.
En mayo presentarán sus propuestas, con apoyo de un equipo de especialistas en ingeniería, para que esta autopista dañe menos el territorio y a la comunidad.
“No estamos en contra del desarrollo, pero bajo ciertas condiciones. Queremos evitar lo que pasó el 11 de abril del año pasado (el derrumbamiento de una casa con maquinaria)”, finalizó José Luis Fernández.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
FECHA: 29 ABRIL 2017.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-04-2017/3202805