Pueblos indígenas y organizaciones civiles denunciaron que los procesos de consulta que se les han aplicado para la instalación de proyectos de agroindustria, generación de energía eólica, construcción de acueductos, ente otros, no fueron libres, previos ni informados, sino que por el contrario fueron propicios para actos de violencia, división de la comunidad y criminalización a los defensores comunitarios.
Durante el conversatorio “El derecho a la consulta de comunidades y pueblos indígenas en México”, al que convocó el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, se reconoció que hay una deuda histórica del gobierno mexicano con los pueblos originarios.
En el acto participaron Isabel Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, en Oaxaca; Laydy Pech, integrante del pueblo Maya y del Colectivo Apícola de los Chenes, en Campeche; así como representantes de Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), ProDESC, y Tom Haek, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), declaró: “la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el acceso al derecho a la tierra ha sido una deuda histórica de los gobiernos que no se ha logrado resarcir”.
Agregó: “desde la década de los 90 el Estado mexicano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de los bienes naturales, la mayoría localizados en tierras y territorios de comunidades indígenas, núcleos ejidales y de bienes comunales que se enmarca en un modelo económico que otorga preventas o privilegios a empresas nacionales y trasnacionales”.
Esto –señaló- ha construido un patrón de violación al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La directora de ProDESC enfatizó: “la vía (para garantizar el derecho a la consulta) es respetando los más altos estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas que ya existen y cuyo cumplimiento es una responsabilidad de las empresas y una obligación del Estado mexicano desde la reforma constitucional del 2011”.
Por su parte, Jan Jarab declaró: “la consulta debería ser interpretada como una herramienta que ayude a reducir la asimetría del poder”, y aclaró que “no se pueden restringir derechos si esto es para enriquecer a unos cuantos”.
Jarab también llamó a consultar desde ya todas las leyes que tienen impacto en las comunidades indígenas, como la reforma energética.
“Es mucho más importante hacerlo bien que hacerlo rápido”, enfatizó.
Un ejemplo de ello es el del pueblo indígena Zapoteca de Juchitán, Oaxaca, lugar donde se realizó la primera consulta indígena impulsada por el gobierno mexicano en el marco de la reforma energética para la implementación de un parque eólico.
Sin embargo, en esa consulta se registraron graves violaciones a los principios de la misma que fueron documentadas por una Misión de Observación que conformaron diversas organizaciones, entre ellas ProDESC.
Por ello, decidieron iniciar la defensa legal y pacífica de su tierra, territorio y bienes naturales al interponer dos amparos que continúan vigentes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
FECHA: 1º JUNIO DEL 2017.
LINK: http://www.proceso.com.mx/489077/consultas-megaproyectos-deben-previas-e-incluyentes-pueblos-originarios-onu