“A sabiendas o no, Enrique Peña Nieto es sólo un gerente operativo de un Gobierno mafioso que administra a redes criminales dentro de un Estado débil y vacío, de 45 instituciones necesarias para combatir y prevenir a la delincuencia organizada compuesta por políticos empresarios y empresarios politizados que usan a células sucias de agentes de inteligencia y policías para intervenir ilegalmente las comunicaciones privadas de decenas de miles de personas en Mexico, intervenciones ilegales que después derivan en crímenes de lesa humanidad, tales como decenas de miles de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de periodistas”, dijo el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana, una organización civil orientada a establecer redes de salvamento y protección de víctimas de la delincuencia organizada a nivel internacional.Este problema de células renegadas de la Policía Federal (PF) mexicana, expuso, se acentúo con Genaro García Luna, ex Secretario de la extinta Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. García Luna “era quien compraba muchos de esos software”, dijo Buscaglia.
De esta manera, consideró que el reciente escándalo de espionaje que afectó a 16 personas destacadas es sólo una muestra de un delito que viene ocurriendo desde hace muchos años en México.
Este fenómeno se esparció más dentro de las fuerzas de seguridad pública federal que dentro de la inteligencia militar, expuso.
“Se comenzaron a generar células renegadas que revendían la información, que extorsionaban, y que muchas veces iban a políticos”, dijo Buscaglia.
Esta semana, el Gobierno federal intentó desmarcarse de las acusaciones del diario estadounidense The New York Times aduciendo que no había pruebas que ligaran al actual administración con el uso del software Pegasus, encontrado en los móviles una decena de activistas y periodistas, de acuerdo con un peritaje de la organización canadiense Citizen Lab.
Y por la tarde de ayer, tras más de un día de que se diera a conocer el hecho, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó “que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONGs”.
Sin embargo, la publicación del rotativo ha puesto en entredicho al Gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto.
El programa Pegasus, fabricado por la empresa NSO Group, sólo es vendido a gobiernos en el mundo, y está limitado para su uso en contra de prácticas criminales, terroristas o tráfico de antidrogas.
El uso de este programa conlleva una sofisticación millonaria. NSO Group cobra por los servicios de espiar a 10 iPhones hasta 650 mil dólares, además de una cuota de 500 mil por instalación, afirmó The New York Times, mediante cotizaciones revisadas.
HACIA UNA SALIDA
El investigador de la Universidad de Columbia apuntaló que la exposición internacional es una muestra sobre lo que sucede en el país. Sólo una investigación libre de la cooptación de intereses podrá desenterrar estos delitos.
“Al ser el sistema judicial mexicanos un condón de una clase política mafiosa, no puedes esperar que las mafias investiguen a las mafias. Ese es el gran problema mexicano, estamos en un círculo vicioso”, dijo.
El especialista destacó que una ciudadanía unida y una fuerte presión internacional son dos elementos necesarios para que en México pueda dar paso a una comisión internacional que supervise procesos de justicia capaces de desarticular redes.
Desde hace años Buscaglia ha propuesto esquemas para castigar delitos como el espionaje. Destacan reformas judiciales que garantice el actuar de oficio de las fiscalías en una sección dedicada a delitos complejos.
“Tiene que haber un procesamiento judicial que tendría que haber comenzado hoy mismo. Deberían de haber existido ya una célula especializada de investigadores compuestas por investigadores de Canadá, Estados Unidos y de Europa, especializados en estos temas cibernéticos”, expuso, ya que la justicia en estos casos requiere de la cooperación internacional.
Al menos la compra de programas, considerados armas, ya es un tema internacional. De acuerdo con The New York Times desde el año 2011, al menos tres agencias federales han gastado alrededor de 80 millones de dólares en programas de espionaje.
Cuestionado sobre si la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que opera en ese país desde el 2007, podría ser un ejemplo de monitoreo de la justicia en México; Buscaglia afirmó que parcialmente.“Debería ser más institucionalizada que la de Guatemala, que dependía de la buena voluntad del Presidente. La podía cancelar en cualquier momento. No lo hacía por la presión internacional. Tiene que ser una comisión, como vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, una corte especializada para México”, detalló.
De esta manera se podrían impulsar desde un tribunal integrado por jueces y fiscales nacionales y extranjeros las causas por crímenes de lesa humanidad en general.
“México tiene espasmos de escándalos que duran muy pocos días, y después pasamos a la siguiente fosa común. Mientras no haya una acusación penal con políticos detenidos y agentes de la Policía Federal de inteligencia detenidos, y que la gente vea que está detenidos y que comienzan a cooperar con una justicia independiente como hacen en Brasil, dónde comienzan a caer como en un efecto domino, la noticia de hoy va ser la tumba de mañana”, dijo Buscaglia.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-06-2017/3245024