Las medidas antimigrantes de Donald Trump azotan con crudeza la frontera sur de Estados Unidos. Los operativos contra personas indocumentadas –violatorios de los derechos humanos, según sus opositores– se multiplican y el miedo se esparce. Los paisanos buscan el amparo de leyes y abogados, pero el panorama pinta oscuro: la orden es tratar cualquier mínima falta como un delito, lo que los pone a las puertas de la expulsión.
El miedo a ser deportado por el gobierno de Donald Trump desató un torrente de solicitudes de asilo y de apelaciones ante las cortes migratorias.
Diferentes bufetes de abogados en esta ciudad no se dan abasto con los casos de personas que temen ser expulsadas de Estados Unidos por haber cometido faltas menores, como manejar sin licencia de conducir o escuchar música a alto volumen después de las nueve de la noche.
En paralelo, se desató un nuevo fenómeno migratorio: un incremento de más de 150% de solicitudes de asilo por parte de centroamericanos… en México.
“Muchos de los centroamericanos que llegan a esta frontera con la intención de entrar a Estados Unidos han decidido quedarse en México y están solicitando asilo”, cuenta a Proceso un funcionario del Buró de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en El Paso, quien aceptó hablar del tema con la condición de mantener el anonimato.
“Ya no están pidiendo asilo en Estados Unidos porque saben que se les va a negar. Ése es el mandato que tenemos del presidente Trump y lo vamos a cumplir”, agrega.
En contraparte, Carlos Specter, uno de los abogados migratorios con más prestigio en El Paso, comparte con Proceso documentos que evidencian que, al contrario de lo que pasa con los centroamericanos, los mexicanos sí han incrementado las solicitudes de asilo ante el gobierno estadunidense.
¿Las razones? La ola de violencia que azota la zona serrana de Chihuahua, la capital de ese estado y Ciudad Juárez.
“Es muy complicado que un ciudadano mexicano consiga el asilo, las modificaciones que hizo Trump a las leyes migratorias bloquean prácticamente (a las cortes migratorias) para permitirle a los mexicanos que anden con libertad en Estados Unidos, aun después de haber pasado el proceso de entrevista de ‘miedo creíble’”, expone Specter.
La detención prolongada de peticionarios de asilo mexicanos en Estados Unidos no frena el arribo de solicitantes chihuahuenses. “En El Paso hay muchos casos en los cuales la familia entera o el solicitante llevan semanas o meses en centros de detención, pero por lo menos seguros respecto de la violencia que enfrentan en Chihuahua. Se atreven a tomar el riesgo del encarcelamiento o de rechazo a su petición”, subraya.
Un fenómeno migratorio convergente –también sin precedentes en El Paso– es el creciente número de inmigrantes indocumentados y de residentes legales que buscan asistencia legal para resistir las flamantes medidas migratorias.
Proceso hizo un recorrido por varios despachos en esta ciudad texana y todos los abogados consultados admitieron que están saturados de peticionarios que buscan apoyo legal preventivo.
“Las redadas migratorias que de manera constante realiza la Patrulla Fronteriza causaron una estampida de solicitudes en busca de medidas precautorias. Los indocumentados tienen terror a que los saquen del país”, explica uno de los defensores entrevistados.
Alrededor de 70% de los clientes de los bufetes son extranjeros que no tienen permiso de trabajo ni de residencia en Estados Unidos, pero que llevan años en el país y tienen hijos nacidos en aquella nación. El miedo de estas personas es ser detenidas en sus trabajos, lugares de recreación (como está ocurriendo) y ser deportadas sin poder siquiera avisar a sus familiares.
Así, los emigrados buscan que se les tramiten permisos de trabajo temporal y residencia a la vista de los años que llevan en la Unión Americana.
Con las nuevas directrices del gobierno de Trump, este tipo de resguardo legal es una pérdida de tiempo. Los despachos consultados aseveran (en su mayoría) que explican a sus clientes la realidad de las nuevas leyes, pero que los interesados ni así desisten.
Es claro que muchos abogados sacan ventaja de la ignorancia de los inmigrantes aterrorizados por Trump, y toman los casos pese a saber que no tienen solución. Cobran hasta 5 mil dólares por cada solicitud de representación legal.
“Nosotros estamos recibiendo a muchas personas residentes legales y que lo único que buscan es asesoría para hacerse ciudadanos estadunidenses, y otros que por miedo buscan regularizar su estatus migratorio. Es sorprendente el número de casos que hay en El Paso”, admite el bufete de Specter por medio de un mensaje de texto.
El funcionario de ICE que habló con este semanario conoce del aumento de inmigrantes indocumentados y residentes permanentes que buscan representación legal. “No tiene sentido, la ley es la ley y la vamos a cumplir. Si son inmigrantes indocumentados no tienen alternativa, si son detenidos tendrán que salir del país, y si son residentes permanentes que cometieron delitos graves, también”.
El doble daño del terror
El miedo de los migrantes está jugando en su contra. En su afán de regularizar su situación, algunos están “reviviendo” casos en que se vieron inmiscuidos, lo que ahora les puede traer la deportación.
Un despacho migratorio informa que tiene por lo menos 20 casos en los cuales los clientes (residentes permanentes en Estados Unidos desde la década de los ochenta del siglo pasado) buscan asistencia porque fueron detenidos por faltas o delitos cometidos hace más de 15 años.
Uno de estos procesos es el de un mexicano que por consultar a una corte migratoria fue arrestado. Ahora se encuentra en la antesala de la deportación. El afectado fue detenido en 1994 en la autopista interestatal 10 –en El Paso– por manejar ebrio. Cuando el bufete que lo representa acudió a la corte del estado (en marzo de este año) a solicitar una copia certificada del registro del incidente, agentes migratorios se enteraron del asunto y una semana después se presentaron en el domicilio del inmigrante. Lo arrestaron, lo llevaron a un centro de detención y está a punto de ser deportado.
Uno más: una familia de mexicanos fue separada el pasado abril debido al reporte de un vecino que, la noche de un sábado, se quejó con la policía de que en la casa contigua a la suya se escuchaba música a alto volumen después de las nueve de la noche.
En la vivienda señalada se celebraba el cumpleaños de un niño, cuyos padres son inmigrantes indocumentados. Ellos fueron de inmediato detenidos y están a punto de ser enviados a México. Tienen tres hijos –dos de ellos, menores de edad.
Centros comunitarios de apoyo a la población indocumentada en El Paso están al tope de pedidos de asistencia por parte de personas que no pueden costear una defensa legal. El despacho de abogados que representa al mexicano detenido en 1994 por manejar borracho está apelando la orden de deportación de su cliente.
Sin embargo, el defensor a cargo admite que no tiene muchas esperanzas de ganar el caso, ya que bajo las órdenes de Trump el que un inmigrante (residente o indocumentado) sea detenido manejando ebrio está catalogado como un delito que representa una amenaza al país y amerita la expulsión.
En El Paso, una ciudad poblada mayoritariamente por gente de origen latino, ese perfil racial es una desventaja.
Los agentes migratorios que realizan las redadas realizan detenciones basados sólo en el aspecto hispano de la víctima, que se ve abocada a demostrar su inocencia. En este proceso los agentes migratorios invierten el principio jurídico de “la carga de la prueba” (quien acusa debe probar), violan derechos humanos y las garantías civiles que otorga la Constitución de Estados Unidos.
“Nuestros agentes de inmigración no están haciendo otra cosa más que cumplir las órdenes del presidente Trump. Son enviadas a los centros de detención únicamente las personas que tienen los elementos para ser sacados del país. A los que no han cometido ningún delito o que son ciudadanos se les deja en libertad”, comenta el funcionario de ICE, para luego rematar:
“En una ciudad como El Paso es muy difícil saber quién es ciudadano de Estados Unidos, residente permanente o inmigrante indocumentado, se cometen errores pero se corrigen de inmediato. Por ejemplo, yo sin el uniforme y vestido de civil (el funcionario es de origen mexicano) puedo ser detenido por los agentes de inmigración, pero le aseguro que una vez que vean mi caso me dejarán libre. Y eso no es una violación de mis derechos, es simplemente el proceso del cumplimiento de las leyes que ordena Trump."
Fuente: Proceso
Autor: J. Jesús Esquivel
http://www.proceso.com.mx/491316/en-paso-oleada-terror