De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, unos cien policías federales formaron una valla y golpearon a los padres y estudiantes para impedirles el paso. “Madres, padres y normalistas fueron replegados y agredidos física y verbalmente, impidiéndoles su derechos a la libre manifestación”, señaló Tlachinollan.
“Estos hechos demuestran un doble discurso por parte del gobierno mexicano, quien contrario al propio lema de esta Asamblea General: ‘Fortaleciendo el diálogo y la concentración para la prosperidad’, […] evidencia nuevamente que lejos de buscar fortalecer el diálogo y el acceso a la justicia para las víctimas, no les da ese trato y mucho menos garantiza su acceso a la verdad”, declaró el Centro.
Respecto a la Asamblea General, Tlachinollan explicó que este año el gobierno mexicano ofreció ser la sede del evento sin extender la posibilidad a la población y sociedad civil para la participación dentro de la misma. “Ésta se encontró obstaculizada, primero con el cambio repentino del lugar -pues en un principio se realizaría en la CDMX- y luego con la falta de accesibilidad al evento a las víctimas e integrantes del movimiento social, quienes de manera legítima buscan ser escuchados ante la inacción e ineficacia del Estado”.
Los padres querían, además, exigir la verdad sobre el paradero de sus hijos, pues la versión del gobierno no concuerda con las evidencias analizadas por organismos y peritos internacionales. Según la historia oficial, la noche del 26 de septiembre del 2014 fueron incinerados los 43 normalistas en el basurero de Cocula, luego de que unos policías los entregaran al cartel Guerreros Unidos.
El grupo de expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con los familiares de las víctimas denunciaron las irregularidades y debilidades en la investigación oficial, al calificar de imposible la quema de los cuerpos.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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