Durante los últimos 17 años los sucesivos gobiernos de Veracruz han financiado a equipos profesionales de futbol, basquetbol y beisbol, a capricho de los gobernadores en turno y sin exigir que los dueños de esos clubes rindan cuentas sobre la forma en que gastaron los recursos públicos. Proceso y la maestría en periodismo sobre políticas públicas del CIDE presentan, con el apoyo de la Fundación Ford, un reporte especial sobre la manera en que distintas administraciones de ese estado, en complicidad con el Congreso local, entregaron ingentes cantidades a empresarios cercanos a la clase política de la entidad para financiarles sus proyectos en el deporte profesional.
En los últimos 11 años, de 2006 a 2016, el gobierno del estado de Veracruz financió con alrededor de 990 millones de pesos –provenientes del erario– a equipos profesionales de futbol, beisbol y basquetbol.
Lo hizo sin transparencia ni rendición de cuentas. No se sabe cómo se usó ese dinero, y si fue comprobado y cómo. La documentación que registra esos gastos simplemente no existe.
La ministración de dinero público a equipos profesionales –es decir, a empresas privadas y asociaciones civiles– se hizo de forma discrecional, sin otro criterio que el del gobernador en turno. Contó con el respaldo del Congreso estatal, que sistemáticamente autorizó la entrega del mismo y aprobó los informes de la cuenta pública, a pesar de que éstos presentaban irregularidades.
Esos 990 millones fueron repartidos entre el equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz y sus filiales en Coatzacoalcos y Córdoba; los clubes de basquetbol Halcones UV Xalapa y Halcones Rojos (ambos ya desaparecidos), y el club Rojos del Águila de Veracruz, de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), propiedad de José Antonio Mansur Galán, padre de José Antonio Mansur Beltrán, a quien la PGR indició por ser supuesto prestanombres del exgobernador Javier Duarte.
También recibieron dinero del erario la Liga Invernal Veracruzana de Beisbol (LIV), el equipo de basquetbol Halcones Rojos de Córdoba, y el de beisbol Petroleros de Minatitlán –ambos del gobierno estatal–, amén del club de futbol Albinegros de Orizaba, de la Liga de Ascenso y propiedad del empresario veracruzano y diputado federal por el PRI Fidel Kuri Grajales.
Este último combinado ascendió a la Primera División en 2013 con el nombre de Reboceros de La Piedad y, mediante un acuerdo con el entonces gobernador Javier Duarte, se convirtió en los Tiburones Rojos de Veracruz, que desde ese año juega en la Liga MX.
El gobierno estatal entregó casi todos los recursos a través del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), que en un periodo de nueve años –de 2008 a 2016– suministró 381.3 millones de pesos, según documentos obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información. También hay partidas que entregó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en 2006 (42 millones de pesos), 2007 (52.7 millones) y 2010 (39 millones de pesos).
La reportera pidió al IVD la documentación que comprobara la utilización de esos recursos. La respuesta del máximo órgano del deporte veracruzano fue: “Los equipos profesionales son responsables de su comprobación de gastos, por lo cual no entregan información ni documentación al IVD”.
“Con ánimo de lucro”
Durante un periodo de 17 años, los sucesivos gobiernos priistas de Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte se apoyaron en la Ley del Sistema Estatal del Deporte para otorgar recursos públicos a los equipos profesionales, con excepción del periodo 2004-2007, cuando en la LX Legislatura el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la entidad y los diputados locales reformaron esa ley con el propósito de excluir del ámbito de acción del gobierno estatal “las actividades deportivas del orden profesional y las actividades de promoción, organización, desarrollo y participación en materia de deporte que se realicen con ánimo de lucro”.
A la postre, sin embargo, eso no fue impedimento para que el gobierno de la entidad siguiera entregando dinero público a los empresarios. En julio de 2006 el Congreso estatal autorizó al Ejecutivo otorgar, otra vez, apoyos económicos a “los equipos profesionales en los que tenga participación económica y social, que no podrán exceder en forma conjunta 0.1% del Presupuesto de Egresos aprobado”.
En la Legislatura LXI, el diputado priista Cirilo Vázquez Parissi, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, presentó la iniciativa de una nueva ley que fue aprobada por mayoría (45-0-1) el 14 de noviembre de 2009 y publicada 12 días después en la Gaceta Oficial.
El artículo 5 de esa ley –llamada ahora del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte– establece que el deporte profesional “podrá contar con la participación de recursos públicos aprobados y reglamentados por el Consejo del Sistema Estatal del Deporte y el H. Congreso del Estado”.
El artículo 8 indica que una de las facultades del Consejo del Sistema Estatal del Deporte es “aprobar el presupuesto de apoyo a los equipos deportivos profesionales propiedad de gobierno del estado, el cual no deberá exceder de 25% del presupuesto autorizado para gastos operativos del Instituto Veracruzano del Deporte ni exceder 0.05% del presupuesto estatal”.
En la iniciativa de ley, el diputado Vázquez enfatizó que la propuesta central es atender el deporte popular, pues “los equipos profesionales deben ser autofinanciables”. Esto no ocurrió así. El gobierno de Veracruz siguió dándoles recursos públicos.
En cualquier caso, desde la reforma que el Congreso estatal aprobó en julio de 2006, la ley precisa que los equipos profesionales se constituirán en “unidades presupuestales” para efectos del Código Financiero. En virtud de ello adquieren las mismas obligaciones fiscales que cualquier dependencia estatal y deben, por tanto, remitir mensualmente al Congreso de la entidad “un informe que especifique los estados financieros realizados en el ejercicio fiscal en que sus actividades sean apoyadas por el gobierno del estado”.
A través de una solicitud de acceso a la información, la reportera pidió al Poder Legislativo copias de esos informes financieros. Este órgano contestó que no contaba con ellos. Mediante el Recurso de Revisión IVAI-REV/188/2007/I, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) le ordenó realizar una nueva búsqueda pues, de acuerdo con la Guía de Archivos, está obligado a tenerlos.
En respuesta a dicho recurso de revisión, la reportera accedió al Archivo del Congreso del Estado. Durante dos días revisó 27 cajas con miles de documentos remitidos a este órgano legislativo. No hay ningún estado financiero, muchos menos una factura que ampare el ejercicio de los recursos públicos entregados a los equipos profesionales.
Sólo hubo un rastro de rendición de cuentas: un par de oficios de fechas 27 de mayo y 4 de diciembre de 2009, en los que Carlos Bremen Loza, tesorero del Patronato Sistema Futbol para Veracruz A. C., remite en dos partes unos informes mensuales, pero la documentación que debió acompañar a éstos no se encontró.
Mordidas de tiburón
En el caso del futbol, las únicas cifras disponibles abarcan de 2007 a 2013. En respuesta a una solicitud de acceso a la información, el gobierno de la entidad dijo que no cuenta con las cifras de otros años, pues la ley obliga a conservar documentos únicamente de los últimos cinco ejercicios fiscales.
Los gobernadores utilizaron fideicomisos, patronatos, organismos descentralizados y asociaciones civiles para manejar el dinero estatal con el que ha operado Tiburones Rojos de Veracruz, tanto el equipo de Primera División como las filiales que ha tenido en la Primera División A (hoy Liga de Ascenso) y en la Segunda División.
El gobierno de Miguel Alemán creó el 15 de octubre de 1999 el Fideicomiso 31358-5 denominado Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz. De acuerdo con el acta constitutiva de este fideicomiso –de la cual Proceso tiene copia–, el gobierno aparece como fideicomitente, y Bancomer, S.A., como institución fiduciaria.
El gobierno del estado ingresó recursos públicos a ese fideicomiso con el propósito de que iniciara operaciones el equipo que le compró a TV Azteca, S.A de C.V., el 22 de enero de 1999. A través de la Sefiplan adquirió los derechos de las franquicias, cartas de jugadores, nombres y marca comercial de los equipos profesionales Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz, de la Primera División A, y Veracruz Sporting Club, de la Segunda División.
Mediante ese contrato TV Azteca vendió al gobierno el diseño y los derechos de la marca “Tiburones Rojos de Veracruz”. Por la “cesión de los derechos” y por la recuperación de la marca, el gobierno estatal pagó 500 mil dólares más IVA a la televisora.
Por medio de otro contrato, firmado en la misma fecha, TV Azteca vendió los certificados de afiliación del equipo a la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) en 1.5 millones de dólares más IVA. De un golpe, y sólo por estas dos transacciones, el gobierno veracruzano desembolsó 2 millones de dólares más IVA.
TV Azteca declaró que la empresa denominada Promotora Deportiva y de Espectáculos de Veracruz S.A. de C.V. –propiedad del gobierno estatal– inició un juicio ordinario mercantil en su contra solicitando la ejecución forzosa del contrato de Cesión de Derechos de la Franquicia del Club Deportivo Veracruz, celebrado con anterioridad entre dicha empresa y TV Azteca.
Es decir, el dueño de Tiburones Rojos era el propio gobierno del estado y se lo vendió a la televisora. No hay ningún rastro de la cantidad que obtuvo por esa transacción.
El gobierno veracruzano alegó que, a pesar de que ya le había pagado a TV Azteca, ésta mantenía la posesión y administración de los equipos, así como los activos relacionados con su operación e instalaciones desde septiembre de 1997 y que, por lo tanto, la Femexfut no reconocía a la Promotora como dueña de Tiburones Rojos.
Con todo y ese riesgo, el gobierno celebró el contrato de compraventa con TV Azteca.
En el mencionado fideicomiso también participó la cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. Tanto el gobierno como este consorcio quedaron como los que aportan los recursos y los beneficiarios.
El fideicomiso inició con un patrimonio de 110.6 millones de pesos. El documento indica que la aportación inicial fue para tener los derechos del uso y disfrute de los equipos, así como los derechos de las cartas de los jugadores (no especifica cuántos ni quiénes eran) con un valor total de 22.1 millones de pesos –sin incluir el IVA de 3.3 millones de pesos–, así como los derechos del uso y disfrute del estadio Luis Pirata Fuente.
La aportación de la cervecería consistió en 88.5 millones de pesos. El documento asienta que forman parte del patrimonio los recursos que ambos aporten en el futuro para cubrir los gastos de los equipos. Las partes se comprometieron a reforzar a Tiburones Rojos de Primera A para que ascendiera a Primera División.
En el fideicomiso, el gobierno del estado puso en manos de la cervecería la responsabilidad “de negociar o contratar todo tipo de servicios conexos al desarrollo de eventos culturales, deportivos y artísticos en el estadio, incluyendo la venta de bebidas y alimentos, de espacios publicitarios, la negociación con empresas de radio y televisión de los derechos de transmisión de esos eventos, de los espacios publicitarios o cualquier otra actividad que pueda reportarle beneficios o ingresos. También podrá disponer de cualquier remanente o ingreso”.
En resumen, recursos públicos al servicio de un privado.
El gobierno estatal justificó así la entrega de recursos estatales a un particular: cumplir con los objetivos de “impulsar la actividad deportiva y una estrategia para promover la disciplina de trabajo de grupo y desarrollo físico de los veracruzanos, la creación de centros de esparcimiento que faciliten la práctica de las actividades deportivas a la población de la entidad veracruzana que contribuyan a su salud física y mental; también difundir la práctica y afición al futbol entre la juventud y procurar la integración social a partir de la práctica de actividades deportivas como elemento indispensable para el desarrollo comunitario y la formación integral de los niños veracruzanos y el establecimiento de escuelas deportivas en ciudades de la entidad”.
Más allá de la diversión que implica asistir a los partidos de futbol de un equipo profesional, no existe evidencia alguna de que los veracruzanos resultaran beneficiados en su salud o en su formación integral como consecuencia de inyectar recursos públicos a los Tiburones Rojos de Veracruz.
Mañas de gobernador
El gobernador Alemán traspasó el equipo al empresario taurino Rafael Herrerías, quien después fue acusado de defraudar al erario estatal. Herrerías recibió recursos públicos para operarlo. Proceso (1644) publicó en mayo de 2008 que el Órgano de Fiscalización Superior de la entidad (Orfis) denunció una serie de irregularidades cometidas por Herrerías.
En septiembre de 2005, la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo sentenció a Herrerías, al exsecretario de Finanzas y Planeación del estado, Juan Amieva Huerta, y al exdirector del IVD, Carlos Sosa Lagunes, entre otros, a pagar una indemnización por 685 millones 77 mil pesos, más una multa por igual cantidad; es decir, en total, mil 370 millones 154 mil pesos (Proceso 1644).
El entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán no hizo nada para recuperar esos recursos. Ese dinero nunca se reintegró al estado. El Poder Judicial informó mediante el Recurso de Revisión IVAI-REV/93/2017/III que dicha sentencia “no quedó firme”, ya que fue impugnada por un amparo directo (el 423/2007 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito), “el cual fue concedido”.
El 15 de agosto de 2007, gracias al amparo, se declaró la nulidad del acto impugnado. Herrerías quedó como dueño de las cartas de siete jugadores que después vendió a otros equipos de futbol.
A raíz de que se detectaron las irregularidades, el Congreso estatal realizó el cambio arriba citado a la Ley del Deporte, tratando de poner un candado al flujo de recursos públicos.
¿Qué hizo Fidel Herrera para seguir entregando recursos públicos al equipo de futbol? El 31 de enero de 2006 extinguió el fideicomiso. Para entonces ya sólo quedaban 60 mil 300 pesos. No existe evidencia documental sobre cómo y en qué fue gastado el resto del dinero.
El 10 de febrero de 2006 la Gaceta Oficial (número extraordinario 32) publicó un decreto del Poder Ejecutivo estatal para crear el Organismo Público Descentralizado “Operador del Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz”. Esta nueva figura se encargó de la administración del equipo y sus filiales.
“El organismo no contará con partida presupuestal ni con subsidios especiales de parte del gobierno del estado”, asienta el decreto.
El gobierno de Fidel Herrera justificó la operación para mantener en la entidad a los Tiburones Rojos y sus filiales con el argumento de que así lo deseaba la población, pues propiciaría una derrama de recursos en el comercio y el turismo y difundiría al resto del país “nuestras costumbres, tradiciones y atractivos naturales”.
Pero después el Congreso local cambió de opinión. Autorizó que se entregara 1% del Presupuesto de Egresos para “apoyar” a los equipos profesionales. De los 47 millones autorizados en 2006, 30 millones fueron para los Tiburones.
En octubre de ese año, Herrera disolvió el Operador del Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz con el argumento de que “el gobierno desea buscar nuevos mecanismos para el funcionamiento del equipo profesional a través de la participación de empresarios”. Así quedó asentado en el número 242 de la Gaceta Oficial
El gobierno anunció que los recursos asignados para su operación, así como su patrimonio, ingresarían a la Sefiplan. En julio de 2007, Herrera entregó en comodato los equipos Tiburones Rojos de Veracruz, Tiburones Rojos de Coatzacoalcos y Veracruz Sporting Club al Patronato del Sistema de Futbol Veracruz, A.C., cuyo presidente era el empresario Mohamed Morales.
Según el contrato firmado el 22 de enero de 2007, el valor del equipo era de 233.8 millones de dólares, incluidas cartas de jugadores y el uso del estadio. Javier Duarte firmó ese contrato como secretario de Finanzas. Hasta el 24 enero de 2008 la Gaceta Oficial número extraordinario 24 informó sobre este “acuerdo que autoriza al titular del Poder Ejecutivo a otorgar apoyos económicos a equipos profesionales”. Para operar en 2007, se liberó un monto de 57.2 millones de pesos, de los cuales le tocaron 31 millones a los Tiburones Rojos.
En el Informe de Resultados de la Fiscalización a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2007 que presentó el Orfis al Congreso del estado se encuentra la observación número 004/2007. En ella se asienta que los 52.7 millones de pesos que de manera directa otorgó la Sefiplan “carecen de documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, así como de la elaboración de los convenios celebrados”; o sea, esa dependencia no solicitó ni conservó los documentos que amparan esos subsidios.
La inyección de recursos públicos no impidió que, en abril de 2008, el equipo descendiera a la Primera División A. En cuestión de horas el equipo se devaluó.
Antes de dejar la gubernatura, Herrera cedió el equipo en comodato a Mohamed Morales, quien supuestamente lo financiaría con los recursos que generaría a través de sus empresas constructoras y la asignación directa de contratos gubernamentales. Morales era un contratista del gobierno estatal, amigo de Fidel Herrera Borunda, hijo del exgobernador.
Morales metió al equipo en complicaciones económicas. En abril de 2011, el club quedó eliminado de la Liguilla en la Liga de Ascenso del Torneo Clausura porque tenía adeudos en la Femexfut por alrededor de 40 millones de pesos. Nadie respondió por ese dinero.
Ese año el equipo de futbol cambió a la razón social Adelante Tiburones, A.C. El último registro oficial de dinero del erario estatal transferido a los Tiburones Rojos de Veracruz data de 2013.
Para entonces, Duarte ya era gobernador y el empresario que resultó beneficiado por el apoyo estatal fue Fidel Kuri Grajales, dueño de los Albinegros, cuya razón social era Promotora Deportiva Valle de Orizaba, A.C.
Kuri se había llevado a los Albinegros a jugar a La Piedad, Michoacán, con el nombre de Reboceros. El equipo logró el ascenso a la Primera División en mayo de 2013. Kuri Grajales los convirtió en los Tiburones Rojos de Veracruz y pactó con Duarte el retorno de la oncena al estado.
Tras cinco años sin equipo en la Primera División, con Duarte los veracruzanos tuvieron a los Tiburones en el máximo circuito del futbol mexicano. Entre pleitos y jaloneos públicos, Kuri le exigió dinero a Duarte para remodelar el estadio Luis Pirata Fuente y operar el equipo.
El estadio es propiedad del gobierno estatal. El nombre y marca Tiburones Rojos, también. Mediante un contrato de comodato firmado el 7 de abril de 2016 (tres años después de que Kuri comenzara a explotar esos bienes) el gobierno cedió gratuitamente a la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C., el uso del estacionamiento del Pirata Fuente y las instalaciones del Centro del Alto Rendimiento, así como el uso del nombre, marca comercial y logotipo.
La única condición que el gobierno estatal puso a Kuri Grajales para cederle el estadio es que el equipo se mantuviera en Primera División. “En caso de no cumplirse con las condiciones impuestas se entenderá por terminado el comodato y el inmueble será restituido al comodante”.
A cambio, el empresario puede utilizarlo para organizar espectáculos públicos sin la obligación de compartir las ganancias que generen.
El gobierno de Duarte también lo liberó del pago de cualquier adeudo o pasivo pendiente ante cualquier autoridad deportiva, administrativa o jurisdiccional de México o el extranjero que se haya generado antes de junio de 2013.
A Kuri Grajales estos beneficios le parecen poco y alega que su equipo nunca ha sido subsidiado por el estado.
En 2016 Kuri amagó con llevarse a otra ciudad a los Tiburones Rojos, toda vez que el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció desde su campaña que no financiaría equipos profesionales.
En una entrevista que Yunes concedió a Televisa Veracruz el 22 de octubre de 2016 expresó su desacuerdo por la donación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento y el estacionamiento del estadio al equipo de los Tiburones.
“No estoy de acuerdo en que se le done a un particular un terreno de 70 mil metros, un terreno que vale 250 millones de pesos; eso no es dar apoyo, eso es hacer un negocio a costillas de los veracruzanos. No veo ninguna razón para que el dinero de los veracruzanos vaya a la bolsa de particulares. Quien quiera tener un equipo profesional como negocio, bienvenido; tendrá el apoyo de gobierno del estado, pero recursos económicos, no”, declaró Yunes.
El reportero de Proceso Noé Zavaleta publicó el 12 de octubre de 2016 en la agencia Apro que la donación del Centro de Alto Rendimiento y del estacionamiento del estadio tiene la intención de cubrir el dinero que Duarte le prometió a Kuri para operar a Tiburones Rojos. El empresario y diputado está empecinado en que el gobierno le ayude a mantener el equipo.
*Carlos Bravo Regidor, de Periodismo CIDE, coordinó esta investigación y, junto con Homero Campa, se encargó de su edición.
Fuente: Proceso
Autor: Beatriz Pereyra
http://www.proceso.com.mx/491330/historias-negras-equipos-rojos
Fuente: Proceso
Autor: Beatriz Pereyra
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