Las autoridades de seguridad de Tuxpan tuvieron “una indebida actuación y omisiones” antes, durante y después del homicidio de Miguel Vázquez, ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales en la comunidad indígena San Sebastián Teponahuaxtlan, y su hermano Agustín Vázquez, dijo en conferencia de prensa el ombudsman local, Felipe de Jesús Álvarez.
“Se está ante un hecho victimizante al tratarse de una actuación omisa, imprudente e irregular cometida en agravio no solo de los deudos de las dos víctimas directas, sino también de todos los habitantes de Tuxpan de Bolaños y en general de las comunidades” indígenas, dijo el titular de la CEDHJ.
Miguel Vázquez fue conocido como defensor de derechos indígenas. Durante su gestión como presidente del Comisariado, que concluyó en marzo pasado, logró la restitución para la comunidad wixárika de 184 hectáreas que estuvieron invadidas más de cinco décadas por ganaderos de Huajimic, poblado del estado de Nayarit en los límites con Jalisco.
Días después del doble homicidio, la Fiscalía General de Jalisco acusó de inacción al Presidente municipal, Juan Carlos Rodríguez, al director de seguridad pública municipal, y a algunos policías quienes a pesar de estar presentes en el momento de las agresiones no actuaron.
El Fiscal estatal Eduardo Almaguer dijo entonces que horas antes de los dos ataques a tiros, los hermanos Vázquez habían sido agredidos física y verbalmente por un grupo de hombres, que fueron detenidos y luego liberados por policías locales.
La CEDHJ en su recomendación dada a conocer este miércoles afirmó que la autoridad municipal “fue omisa en liberar a los presuntos agresores”, además de no mantener presencia en la localidad en el tiempo en que ocurrieron los homicidios.
La Comisión también documentó que los elementos de seguridad estatales no evitaron la huida de los agresores y no actuaron “en el marco de sus atribuciones para intervenir como primeros respondientes”, como lo marca el nuevo sistema de justicia.
Álvarez dijo que en la investigación de campo pudieron determinar que la comunidad wixárika está “indefensa ante las amenazas de grupos al margen de la ley” y que “no se ha logrado garantizar la seguridad pública ni con la presencia de policías del estado”.
La CEDHJ pidió “la reparación del daño” a las comunidades indígenas de Tuxpan y sus alrededores, que atribuyen el ataque a la labor que realizan en defensa de sus tierras, concluyó Álvarez.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
FECHA: 29 JUNIO 2017.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2017/3251088