No obstante, dijo que no los puede despedir porque requiere cerca de 58 millones de pesos para liquidar a los agentes que siguen desempeñando labores ministeriales y violando el debido proceso en actuaciones judiciales.
Además, Olea Peláez reconoció que 228 policías ministeriales están “comisionados”, es decir, son guardias privados de funcionarios y familiares de políticos, situación que viola la norma vigente en una entidad donde el rezago de investigaciones ha generado una ola de impunidad y ausencia de justicia para las víctimas de delitos.
Lo anterior fue informado ayer por el fiscal en la entidad durante una comparecencia ante diputados locales en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chilpancingo.
En respuesta, el diputado local de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja exigió la renuncia del fiscal Olea ante el cúmulo de irregularidades y advirtió que en los próximos días promoverá un juicio político contra el funcionario estatal.
En su comparecencia, Olea informó que están registrados mil 841 servidores públicos operativos en la FGE, de los cuales 508 son agentes del ministerio público; 699 policías investigadores ministeriales y 231 peritos.
Dijo que al menos 175 trabajadores tienen incapacidad total y permanente; 228 policías más están desempeñando funciones de escoltas y 293 trabajadores no han aprobado los exámenes de control y confianza.
Lo más grave que reconoció Olea es que los casi 300 servidores públicos reprobados están al frente de actuaciones ministeriales de la FGE, violando el debido proceso y cometiendo delitos federales, así como del fuero común.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/492594/la-fiscalia-guerrero-mantiene-en-sus-puestos-a-casi-300-empleados-reprobaron-examenes-confianza