El estudio elaborado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés) muestra que México ha acertado en ciertas políticas energéticas pero los problemas de contexto, que son la corrupción y la violencia, ayudan a que prácticas como el conflicto de interés y la opacidad capturen los beneficios del sector petrolero y minero.
“México tiene verdaderos problemas de corrupción, violencia y captura del Estado […]. Lo advertimos en síntomas como una divulgación limitada de los intereses de los funcionarios públicos en las empresas extractivas, y un esquema de propiedad opaco en la empresas con las cuales el gobierno hace negocios”, aseguró Carlos Monge, director de NRGI para América Latina.Alonso Hidalgo, investigador del NRGI, explicó que los resultados de México en el Índice son reflejo de un contexto que permite la corrupción:
“En los resultados se ve que existen esas condiciones para que se produzcan una serie de escándalos de corrupción y no están puestos los mecanismos y los seguros apropiados de ley que permitan hacer frente a eso”.
LOS RESULTADOS
En el sector de petróleo y gas, México obtuvo 61 puntos de 100 posibles, lo que resulta ser un desempeño satisfactorio. El problema se encontró en la gestión de los ingresos públicos.
El país recibió sus calificaciones más altas en los componentes Condiciones Generales de Gobernabilidad y en Extracción de Valor y la preocupación está en la apertura que se dio luego de la Reforma Energética y que generó tensiones en torno a temas socioambientales.
México tiene la decimosexta reserva de petróleo del mundo, con poco menos de 10 mil millones de barriles de petróleo y hay reservas de gas estimadas en 13 billones de pies cúbicos.
En particular las Condiciones generales de gobernabilidad obtuvieron su calificación más alta, por “una ley de transparencia que facilita el acceso público a la información”. Sin embargo, el estudio cita las líneas de acción que se marcaron en la Alianza para el Gobierno Abierto, proyecto que fue abandonado por los grupos de la sociedad civil; en las líneas de acción se excluyeron varios temas de transparencia relacionados con los recursos naturales.
En cuanto a minería, el Índice arrojó una calificación general de 60 puntos, ubicándose en el puesto 19 de 89 países evaluados. Y de nueva cuenta, el primer reto que menciona el informe es la débil gestión de los ingresos provenientes de ahí y que termina por afectar todo el desempeño de la actividad.
El problema, dice la investigación, es la distribución subnacional de los ingresos provenientes de los recursos naturales. México es el séptimo productor de oro en el mundo y el año pasado produjo 4 millones de onzas de ese metal, lo que representa únicamente el 1 por ciento de las exportaciones totales de México. Otro sector minero más amplio, que incluye la plata, alcanza el 3 por ciento, a pesar del crecimiento en la inversión y producción que se ha visto en los últimos 10 años, aún así la contribución a los ingresos del gobierno va disminuyendo.
“Una mejor gestión de los ingresos públicos provenientes de este recurso natural ayudará a México a beneficiarse de la inversión en la minería de oro”, señala el informe.Para realizar la investigación, las organización enfrentó obstáculos de transparencia: “En los casos de licitación, la ley establece que se otorgue la concesión a la mejor propuesta económica, pero los documentos en los que figuran los detalles de la licitación, incluidos los términos negociables y los criterios de la adjudicación, sólo están disponibles por un pago. Dado que el contenido de las concesiones no se hace público, es difícil evaluar las condiciones económicas en las que se otorgan”.
Otros factores riesgosos que marca el estudio como un serio desafío para la gobernanza de los recursos naturales son el crimen organizado, la corrupción y la violación de los derechos humanos.
El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales es la suma total de 89 evaluaciones específicas del sector en 89 países. El primer componente que evalúa, el de la extracción de valor, abarca la gobernanza de las concesiones de derechos de extracción, la exploración, la producción, la protección medioambiental, la recaudación de ingresos públicos y las empresas de propiedad del Estado.
El segundo, que es la gestión de ingreso, se refiere al proceso presupuestario nacional, la distribución subnacional de los ingresos provenientes de los recursos naturales, y los fondos soberanos.
Y el tercer componente que evalúa son las condiciones generales de gobernabilidad de un país.
CAMPOS ABIERTOS A MALAS PRÁCTICAS
En entrevista con SinEmbargo, Alonso Hidalgo da detalle del papel de la corrupción, l inseguridad y la opacidad que afectan a los sectores estudiados:
–La gestión de los ingresos es el problema. ¿De quién es la responsabilidad y de quién es la falla?
–El Índice mide distintas decisiones que se toman a lo largo de la cadena del sector, todos los indicadores que tienen que ver con la realización del valor o el valor de la extracción o las decisiones que tienen que ver con el momento en el que se extraen los recursos naturales, todo lo que tenga que ver con el otorgamiento de las licencias y los requerimientos de estudios de impacto ambiental y la gestión de los ingresos, que es algo que se hace después de la comercialización de los recursos y que se deben convertir en ingresos para el país.
A nivel de los ingresos, existen distintos niveles de gestión; está el nivel nacional y ahí el Ministerio de Finanzas es el que se encarga de decidir qué es lo que pasa con las rentas, cómo se gestiona y cómo se distribuye. Luego está el nivel subnacional que tiene que ver con quién es el que mira qué se hace con las ventas. Hay un tercer nivel, en el caso de petróleo, que es el del manejo de los fondos soberanos. Sería otro nivel de responsabilidad que se puede añadir.
Son esos niveles a los que corresponde esa tarea.
–¿Dónde estaría el mayor reto?
–En el tema de gestión de la renta en el sector petrolero, por ejemplo, vemos que existe una brecha grande en distribución subnacional de las rentas. Sí existe una regla que regule, por ejemplo, qué porcentaje va a recibir el gobierno subnacional de la renta generada por los recursos naturales, pero no se revela el monto y quien quiera monitorear eso, debe calcularlo. Ese es un ejemplo.
En el caso minero, las brechas se concentran también en el tema de distribución subnacional. Identificamos otras brechas, como en el manejo del fondo soberano.
–Dicen que sorprendió la situación de los casos de conflicto de interés, corrupción y de salvaguardas medioambientales deficientes. ¿Qué los llevó a eso?, ¿vieron un poco el tema de la impunidad?
–El Índice mide tres subcomponentes. Dos tienen que ver con la actividad extractiva –gestión de ingresos y valor de la extracción– el tercero es el de condiciones generales de gobernabilidad –un componente de contexto– y cómo se desarrolla esto de manera ajena al proceso extractivo. Eso sirve para construir un discurso y una figura completa.
El tema de control de la corrupción obtiene un puntaje bajo en México, de acuerdo con indicadores del Banco Mundial y externos. Lo interesante es ver cómo se conecta el indicador de contexto con la narrativa general que ilustra el índice para el sector.
Vimos que en el tema de conflicto de intereses o en el de beneficiarios reales, es importante para saber quiénes realmente se benefician de los contratos y de las rentas mineras o petroleras. Existe un puntaje bajo y eso tiene que ver con que no existen las normas apropiadas específicas para el sector extractivo que eviten esto.Si uno combina los factores control bajo de la corrupción bajo y la falta de reglas que enfrenten estos temas en específico, uno tiene un campo, una brecha completamente abierta que permita que sucedan todo tipo de escándalos de corrupción.
En los resultados se ve que existen esas condiciones para que se produzcan una serie de escándalos de corrupción y no están puestos los mecanismos y los seguros apropiados de ley que permitan hacer frente a eso.
–¿Esos serían retos para la Reforma Energética?
–Claro. La Reforma Energética forma parte del periodo que cubre el Índice –desde 2015–. No calificamos la calidad de ella, pero sí ofrece una fotografía del momento en como se configuró el sector alrededor. Lo que ha hecho la reforma es mejorar aspectos como las normas de prelicenciamiento y licenciamiento en el caso de nuevas concesiones petroleras y que tienen que ver con las rondas de licitación. Vemos que sí existen reglas claras y sí se está desenvolviendo el proceso de manera transparente.
Ahora, el que no exista una legislación que pueda enfrentar el tema de conflictos de intereses, puede eventualmente amenazar estos logros, pero eso se tiene que ver en adelante.
–En el Índice se habla de obstáculos de transparencia.
–Sí, está la importancia de normas claras en la etapa del prelicenciamiento evita que empresas que no tienen la capacidad de garantizar, por ejemplo, el respeto al medio ambiente, el manejo justo fiscal, el respeto de los pueblos, participen. Evita que empresas con un mal historial puedan participar en el proceso, porque las reglas están determinadas de manera clara y no se permite que cualquiera pueda participar.
Si miramos el tema de minería y vemos que las reglas no son claras, vemos que hay una puerta abierta para que se den esos casos […].
El acceso a la información en temas como estudios de impacto ambiental o una política de datos abiertos sobre transferencias podría ayudar a la gente a determinar si es que el sector beneficia o no a las comunidades.
–En el caso de minería es que el dinero no está llegando a la comunidades y en México muchas de las zonas mineras comparten el territorio con población indígena.
–Sí. En el tema de impactos locales, el Índice mide la práctica de divulgación de los estudios de impacto ambiental, tanto en minería como en petróleo y energía. Lo que vemos es que hay mucha información a lo largo de la cadena de toma de decisiones y representa un problema porque si alguien está realmente informado y se asegura de que el sector genera un beneficio, tiene que tener la figura completa, clara y transparente.
La data existe, pero la información se produce en ciertas agencias, pero lo que se necesita es que la información sea manejada de manera igualitaria, bajo un mismo código. En el tema de estudios de impacto ambiental y social, vemos que las distintas agencias que se encargan de manera distintas piezas de la información tienen distintas calidades y criterios de transparencia.
Eso dificulta a la gente la capacidad que ellos tienen de poder medir y cerciorarse de las cosas por ellos mismos de los recursos y los beneficios.
–En minería mencionan los factores de la transparencia, recursos naturales y crimen organizado. ¿Cómo es la perspectiva?
–La estabilidad política y la ausencia de violencia es otro de los aspectos que mide el tercer rubro de indicadores de contexto. Ambos son los puntajes más bajos que obtiene México tanto en minería como en petróleo. Es un contexto general de México.
Esto se relaciona de manera independiente y permite leer con un un mayor detalle cualquiera de estos elementos que presentamos. El tema de violencia afecta mucho la predictibilidad tanto de los inversionistas como de los usuarios y los ciudadanos, porque genera un contexto de incertidumbre.–Y en cuanto a los retos…
–Hemos encontrado en el tema de impactos locales, una brecha para ambos sectores, porque no existen las disposiciones adecuadas para garantizar que los usuarios de tierra reciban compensaciones adecuadas. Eso debe ser obligatorio.
Pero en cuanto al tema de reubicación de comunidades indígenas no está completamente legislado y si no existe eso, estos elementos quedan a a criterio de la empresa privada que realiza la inversión. Nadie le dice a la empresa que siga algún procedimiento o que ejerza ciertas prácticas. Ese es el principal peligro.
–Se menciona también el concepto “captura del Estado”. ¿A qué se refiere el Índice con eso?
–Es un fenómeno global y una de las tendencias globales y el Índice puede ayudar a comprender. La captura del Estado es cuando existe una especie de cúpula, élite compuesta por personas que están dispuestas a aprovecharse de las rentas o los beneficios públicos que puede tener a partir de las actividades extractivas y no permite un beneficio apropiado para el resto de la gente.
Por ejemplo, un bajo nivel de control de la corrupción, lo que hace es promover que existan élites o grupos que capturen los beneficios que provienen de las actividades.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-06-2017/3250020