Los mexiquenses viven con miedo, sometidos a extorsiones, secuestros y asesinatos ante la falta de acciones eficaces de las autoridades para contener a las bandas armadas e incluso la participación de policías en ellas.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a la par que se incrementaron alarmantemente las ejecuciones, se dispararon las agresiones contra las mujeres: se registra cerca de un feminicidio y tres desapariciones por día.
Las mismas cifras oficiales indican que en lo que va de 2017 se acumularon en las carpetas de investigación y averiguaciones previas del Estado de México 324 de las 1941 extorsiones reportadas en el país, así como 64 de los 455 secuestros denunciados y 753 de las 8 mil 705 víctimas de homicidio doloso.
En mayo de 2010, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, admitió que algunos de los capos más poderosos del crimen organizado operaban en su terruño: “No han dejado de estar, creo que han estado ahí tiempo atrás”, dijo a los reporteros.
Trató de justificarse: “Aquí hay un gran mercado que grupos se están disputando y por otro lado la metropolización del Estado de México con el Distrito Federal hace para muchas cabezas de estos grupos su lugar de residencia y asiento, ante la posibilidad de pasar de manera inadvertida y casi anónima su presencia”. De cualquier manera, el actual presidente de la República no contuvo el problema.
En aquel tiempo las autoridades tenían conocimiento de que cinco cárteles (Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Pelones –entonces brazo armado del Cártel de Sinaloa–, el Cártel del Pacífico Sur y Los Beltrán Leyva) ya se habían apoderado de una tercera parte de los 125 municipios.
En la versión oficial, las disputas entre esas bandas estallaron en marzo de 2011, cuando en municipios michoacanos aparecieron mantas en las que Los Caballeros Templarios anunciaba su separación de la Familia Michoacana y el inicio de su lucha por las plazas de Michoacán, Guerrero y el Estado de México.
El 3 de marzo de 2013 Proceso publicó el reportaje “¡Esto ya no es vida!”, donde José Gil Olmos narró: “El Estado de México comparte con el Distrito Federal cientos de kilómetros como frontera. La línea limítrofe se pierde en calles, unidades habitacionales, ríos y solares llenos de basura. En esa franja viven aproximadamente 6 millones de personas”.
Ese año las estadísticas oficiales confirmaban el crecimiento de la violencia: de 2008 a 2013 las autoridades mexiquenses registraron 2 mil 221 ejecuciones en el estado. El año más violento había sido 2012, con 523 de esos crímenes, la mayoría de ellos en el oriente, sobre todo en Ecatepec.
Para entonces ya operaban siete cárteles de la droga en la mitad del estado, de acuerdo con el mapa del crimen organizado en territorio mexiquense. La Familia Michoacana (presente en 54 municipios), Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos eran los principales, pero no era desdeñable la actividad del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Los municipios disputados –y los más violentos– eran Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco, Amecameca, Chalco, Coacalco, Ixtapaluca, Huixquilucan, Naucalpan, Cuautitlán, Zumpango, Zinacantepec, Atlacomulco y Valle de Bravo.
Además, Los caballeros Templarios y Los Zetas trataban de conquistar el sur de la entidad, donde están Luvianos, Tejupilco, Anatepec, Tlatlaya y Tonatico, que colindan con Michoacán y Jalisco, en la llamada “tierra caliente”.
Para agosto de ese año Salvador Neme Sastré, entonces secretario de Seguridad Ciudadana, reconoció que La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el CJNG y Los Zetas estaban diezmando la entidad.
No tardó en surgir La Empresa, un nuevo cártel.
Su presencia se conoció en diciembre de 2014, a raíz de la muerte de Bulmaro Salazar Blas, El Negro. Junto a su cadáver, las autoridades encontraron una cartulina firmada por La Empresa.
El Negro encabezaba La Familia Michoacana y estaba en la lista de los criminales más buscados en el Estado de México y meses atrás la entonces procuraduría estatal había ofrecido una recompensa de 300 mil pesos a quien aportara datos que llevaran a su detención.
La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana tenía conocimiento de que la descomposición de los grupos de la delincuencia organizada generaba el surgimiento de otras nuevas en la entidad, pues si bien La Familia Michoacana controlaba el 74% del territorio, La Empresa ya dominaba el 7% y Guerreros Unidos el 6%.
El gobierno local también tenía documentada la formación de nuevas células delictivas como el Cártel del Estado y la Nueva Empresa; el primero con presencia en 9% de la entidad y la segunda en 4%. La suma de estos porcentajes indica que dichas organizaciones ya imponían su ley en todo el territorio mexiquense.
Aún más, a esos poderosos grupos se agregan otras 113 bandas menores que también se dedican al robo, la extorsión, secuestros, venta y distribución de todo tipo de droga.
Criminalidad expansiva
Uno de los cárteles que crecieron desmesuradamente durante el actual gobierno de Eruviel Ávila Villegas fue el CJNG. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en 2014 esa organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ya se había apoderado de gran parte del estado.
Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli eran sus campos de batalla y a diario se registraban enfrentamientos por ajustes de cuentas, ya que también el Cártel de Sinaloa pretendía consolidarse.
Ese año se dio a conocer que el Cártel del Golfo ya se había asentado en dos municipios mexiquenses.
De acuerdo con Víctor Manuel Sánchez Valdés, colaborador de la organización civil Causa en Común y especialista en seguridad pública, en muchos casos la operación de estas organizaciones criminales es concurrente.
Explica que en 54 de los 125 municipios de la entidad se registra la presencia de más de un grupo criminal y en 18 de ellos coinciden tres o más organizaciones. Los casos más extremos se encuentran en Cuautitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Metepec, donde operan al menos cinco organizaciones; también en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Toluca y Huixquilucan, en donde se han llegado a identificar hasta seis grupos criminales. Pero Naucalpan bate el récord, con siete cárteles.
Según Sánchez Valdés, las confrontaciones armadas ya no son entre dos organizaciones delictivas sino entre varias, por lo que es difícil que esas verdaderas “guerras regionales” se resuelvan en corto plazo. Advierte que si los gobiernos estatal y federal no combaten a fondo el problema, la violencia puede extenderse y deteriorar aún más la calidad de vida de millones de mexiquenses.
Para el investigador, en este último escenario varias delegaciones de la Ciudad de México pueden ser alcanzados por la oleada criminal, ya que se detectó la presencia de los cárteles en 13 de los 15 municipios mexiquenses conurbados con la capital del país.
“La intervención en el Estado de México no se debe limitar al envío de más fuerzas federales, eso es sólo parte de la solución. También se requiere una depuración profunda de los cuerpos policiacos, que en muchos casos se encuentran al servicio de las organizaciones criminales”, señala.
De acuerdo con el SESNSP, hasta noviembre de 2016 se habían cometido en el Estado de México 199 mil 167 de un millón 431 mil 45 ilícitos reportados ese año en todo el país.
En esos 11 meses del año pasado, el número de delitos se incrementó 0.51% en relación con el mismo periodo de 2015. Los meses más violentos fueron octubre, con 23 mil 475 ilícitos cometidos en la entidad, seguido de septiembre, con 22 mil 883; noviembre, con 21 mil 790; y agosto con 20 mil 979.
Odio desatado
En las cifras del SESNSP no se lleva el registro de dos delitos de suma gravedad: la trata de personas y el feminicidio, que tristemente encabeza también el Estado de México.
De hecho, este último delito prolifera más en el estado que gobierna Eruviel Ávila que en Ciudad Juárez, Chihuahua, conocida a nivel mundial por el fenómeno social de “las muertas de Juárez”, un gran número de mujeres asesinadas o desaparecidas.
A causa de la fuerte presión social, el Estado de México fue la primera entidad donde se declaró la alerta de género a causa de la violencia asesina contra las mujeres.
Tras una lucha jurídica de cinco años y medio que libraron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en julio de 2015 un juez obligó a la Secretaría de Gobernación a poner en marcha la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad.
De nada valió… Los feminicidios se multiplicaron.
El 30 de septiembre de 2016 el procurador mexiquense Alejandro Gómez Sánchez expuso que del 1 de enero al 23 de septiembre de ese año la dependencia abrió 56 carpetas de investigación y calificó 176 delitos como feminicidios. Es decir, explica María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora de Género del OCNF, casi se registró uno de esos crímenes cada día.
Pese a la activación de la alerta, el año pasado se cometieron nueve asesinatos de mujeres más que en el mismo periodo de 2015. Además, en 2016 desaparecieron cerca de mil mujeres, casi tres por día.
Antes, cuando solicitaron la activación de la Alerta de Género, las organizaciones civiles argumentaron que de 2005 a 2010, el periodo de Peña Nieto como gobernador, se registraron mil tres feminicidios, en 60% de los cuales los asesinos desplegaron un alto grado de violencia.
Los casos de feminicidio se concentraron casi en los mismos municipios que la actividad de los cárteles del narco: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, que también aparecen en los primeros lugares en denuncias por violación sexual, pues acumulan 62.6% de las 4 mil 773 registradas durante año y medio en la entidad.
De los mil tres feminicidios registrados de 2005 a 2010, cuando las organizaciones civiles solicitaron la AVGM, en 522 casos se desconocía al responsable y el móvil del crimen, por lo cual la autoridad argumentó “falta de elementos para perseguir a los culpables y desconocimiento de la identidad de muchas víctimas”.
En 2011 se registraron 282 asesinatos de mujeres en territorio mexiquense y aumentaron cada año hasta llegar a 396 en 2015; es decir que entre 2010, cuando se solicitó la activación de la AVGM, y 2016, se documentaron más de 3 mil 500 feminicidios.
En 2011 también se reportaron 569 desapariciones de mujeres; 62% de ellas tenían entre 10 y 20 años.
En lo que va de 2017, año electoral, no se han dado a conocer datos oficiales sobre estos delitos.
Este reportaje se publicó en la edición 2118 de la revista Proceso del 4 de junio de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/489987/narcoviolencia-feminicidios-parte-del-inframundo-mexiquense