El resultado ha sido el mismo que el de su antecesor, y México sigue al pide de la letra los convenios de seguridad acordados con Estados Unidos, coincidieron especialistas.
“Lo que estamos viendo es lo que inició con el plan Mérida en el 2008, yo le llamo el plan de la DEA porque obedece a sus intereses, no de México. Se han dedicado a crear esta guerra entre cárteles, que someten a la autoridad con plata o plomo y nos crean todo este caos a nivel nacional”, dijo Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo.
La cifra inusitada de 2 mil 186 homicidios dolosos registrados en mayo pasado, es la más alta en las últimas dos décadas y tiene el trasfondo de la violencia generada por las células del crimen organizado.
La organización no gubernamental apunta que de cada diez asesinatos, siete son responsabilidad de la delincuencia organizada.
En mayo pasado, un informe del International Institute for Strategic Studies de Londres (IISS) reportó que con los 23 mil homicidios reportados en 2016, México se ubica como el segundo país más violento del mundo, detrás de Siria.
La narrativa oficial es que el grueso de los delitos cometidos por el los grupos del crimen dejaron de ser un tema de seguridad nacional, y pasaron a ser un tema de seguridad pública.
“México después de haber enfrentado problemas con delincuencia organizada muy potente, de ser un problema de seguridad nacional, hoy, se ha trasladado a un tema de seguridad pública” aseguró al participar en la Asamblea General Debate de Alto Nivel sobre la Delincuencia Organizada Transnacional que organiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU).“Pareciera que se estuvieran fusionando estos cárteles o estas mini bandas y que la violencia sería su marca y que las estructuras utilizan el sistema financiero nacional e internacional”, dijo el titular de la Procuraduría General de la República Raúl Cervantes en un llamado a la cooperación internacional.
Sin embargo, en casa el Gobierno federal pareciera haberse quedado sin ideas. Al tiempo que las iniciativas que respaldó, como la ley de Seguridad Interior para reglamentar las operaciones del Ejército y el Mando Único para pasar las policías municipales al mando de los Gobernadores, quedaron empantanadas en el H. Congreso de la Unión.
Si bien mayo ha sido el mes con más homicidios. Lo mismo ha sucedido con el cúmulo de los primeros cinco meses del año. Entre enero y mayo se han reportado 9 mil 916 averiguaciones por homicidio doloso, cifra que superó la tasa más alta hasta el momento de este periodo, registrada en el 2011, con 9 mil 466 averiguaciones.
Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, refirió que el Gobierno federal se limitó a continuar la estrategia de Calderón.
“Al fin de cuentas, lo que volvemos a ver es esta especie de ciclo, que te regresa a situaciones de incremento de la violencia, de homicidios”, lamentó.
La continuación de las mismas políticas, como la neutralización de 107 de los 122 capos señalados como objetivos prioritarios durante esta administración, derivó en la diseminación de la violencia, aseguraron los consultados.
“Van sobre las cabezas importantes del crimen organizado. Y resulta que hay cuatro o cinco capos más que están disputando el puesto”, expuso Tomas Guevara Martínez, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La fragmentación de los cárteles también ha sido acompañada por la diversificación de los delitos a los que se dedican. Con Peña Nieto, el robo de combustible superó los registros de cualquier otro Gobierno.
En sus dos primeros años la actual administración acumuló 6 mil 754 tomas clandestinas, cuando la de Calderón reportó 719 y la de Vicente Fox 286.
“Los sicarios están proveyendo servicios que el Estado no y la gente se está haciendo justicia por su propia mano”, dijo Guevara, sobre el vínculo de protección que se ha dado entre ladrones de combustible y poblaciones locales, particularmente, en Puebla.
Roel vaticinó en el primer trimestre que este año sería el peor hasta ahora en cuanto a las tasas de incidencia delictiva, sin embargo, alertó que el próximo año las elecciones presidenciales podrían presentarse un aumento de las tasas de asesinatos intencionales.
El encargado directo de la seguridad es el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En 2013, apenas entrado el sexenio peñista, las atribuciones para el político hidalguense se ampliaron creando una “supersecretaría” que velaría por la seguridad pública y coordinaría al resto de los integrantes del Gabinete.
Esa facultades extraordinarias con el paso del tiempo no ha traído los resultados esperados. Empresarios, analistas y organizaciones de la sociedad civil han exigido desde entonces quitarle la atribución sobre la “política criminal”. Hoy Osorio Chong es uno de los principales prospectos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para competir por la postulación para Presidente de la República en los comicios de 2018.
No obstante, de acuerdo con Córtez, su desempeño en materia de seguridad ha terminado por ser una mancha en su imagen política.
“Me parece que el sentido común diría que no tiene muchas posibilidades de ser candidato dado que lo que lleva a cuestas es el fracaso de la estrategia de seguridad. Por otro lado, después de lo que hemos visto por parte del PRI en Coahuila y Edomex en los procesos electorales, la compra y coacción del voto, el uso de la violencia y todas las irregularidades, me parece que el PRI se permiten pensar que puede quedarse en la presidencia al costo que sea, no importando su imagen”, sostuvo.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
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