No son suficientes sus propuestas de ministerios públicos móviles especializados, transporte público rosa y botones de pánico porque ya existen y, pese al gasto de recursos públicos, no han funcionado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México registra, de enero de 2015 a diciembre de 2016, 626 asesinatos de mujeres, de los cuales 296 casos (el 47 por ciento) fueron investigados como feminicidios y sólo 10 han recibido sentencias, resalta el OCNF. Este año, incluyendo a la niña de 11 años víctima de homicidio en Nezahualcóyolt, 112 mujeres han sido asesinadas por ser mujeres.
María de la Luz Estrada Mendoza, dirigente del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dijo vía telefónica que es “preocupante” que no revisen lo que no ha funcionado.
“Hay al menos 150 vehículos del Transporte Rosa manejados por mujeres y operando en Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec, pero lo necesario es “supervisar” al transporte público y revisar las concesiones, ya que en ciertos casos los mismos choferes –como ocurrió en el caso de la niña Valeria– están involucrados con la delincuencia”, aseguró.
Respecto a los ministerios públicos no minimizó que se hagan más ya que, por ejemplo, en Chimalhuacán sólo hay uno, pero Estrada Mendoza afirmó que se requieren grupos especializados para investigar por regiones. Por ahora solo hay uno “muy limitado” de personal.
En entrevista, Yuritzi Hernández de la Rosa, coordinadora del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género en el Estado de México (Ocmexfem), aseguró que “las propuestas de Alfredo Del Mazo reforzarían sólo algunos aspectos, pero nosotras pensamos que hacen falta políticas públicas con perspectiva de género. Se necesita que se implementen los protocolos que ya existen”.
Entre las medidas de seguridad, justicia y prevención realizadas a partir de la Alerta de Violencia de Género declarada en el Estado de México en julio de 2015, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) ha resaltado la falta de implementación del protocolo de actuación en la investigación del delito de feminicidio y el protocolo de actuación policial con perspectiva de género para casos de violencia contra las mujeres. Esto, expone la organización, impide que las investigaciones se hagan con debida diligencia.
Hernández de la Rosa coincidió. Las investigaciones sobre asesinatos a mujeres en la entidad, dijo, han perdido la perspectiva de género.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades deben investigar –con perspectiva de género y sin discriminación– toda muerte violenta de una mujer, para determinar si se trata o no de un feminicidio. “Pero no están acatando esta sentencia”, afirmó la directora de Ocmexfem.
Esto ocurrió en marzo de 2015 luego de que la Primera Sala del máximo tribunal concedió un amparo a Irinea Buendía para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) rehiciera la investigación sobre el asesinato de su hija, Mariana Lima, como un probable feminicidio. La madre dijo que Mariana, abogada de 29 años, apareció muerta en Chimalhuacán hace siete años después de que denunció penalmente a su esposo por violencia.
Este miércoles, a propósito de las medidas contra la violencia de género en Veracruz, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que “hay que evitar la doble criminalización que se da con las mujeres cuando sucede un acto de violencia y cuando se presenta con la autoridad”. El abanderado priista Alfredo del Mazo declaró al arranque de la campaña que “no es admisible que haya un solo feminicidio en el Estado de México”.
Sin embargo, sus propuestas no van acorde a lo solicitado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
En mayo la organización civil pidió a los candidatos a la gubernatura del Estado de México dar continuidad a la implementación e institucionalización de las medidas de justicia, seguridad y prevención, para fortalecer la política pública y criminal diseñada a partir de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de México.
El 8 de diciembre de 2010 se presentó la solicitud de esta alerta en la entidad mexiquense para atender, de manera urgente, la problemática y detener su incremento.
De enero de 2005 a agosto de 2010, se registraron 922 homicidios dolosos con características de feminicidio, pero en 526 casos se desconocía la identidad de los asesinos, es decir, se encontraban en impunidad.
Después de casi cinco años de litigio y la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, el 28 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Género para 11 municipios con mayor índice de riesgo: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Yuritzi Hernández de la Rosa, del Ocmexfem, afirmó que el hecho de que los 204 municipios restantes no tengan la Alerta de Género declarada no quiere decir que no tengan que implementar políticas pública con perspectiva de género. Deben, dijo, utilizar las buenas prácticas de esos once municipios para que las mujeres de esas demarcaciones no vivan con riesgo.
AVANCE INSUFICIENTE DE LAS MEDIDAS
Las recomendaciones emitidas por la Alerta de Género declarada en 2015 en once municipios del Estado de México incluyen medidas de seguridad, justicia y prevención. Aunque ya están en proceso, algunas registran fallas en su aplicación, lo cual entorpece las investigaciones y sentencias. Son las siguientes:
a) Se diseñó y publicó la campaña “No dejemos que las arranquen de nuestra vida” en mayo de 2016, y se creó la Línea sin Violencia 01 800 10 84 053.
b) Los elementos de seguridad pública realizan recorridos en cada una de sus zonas de responsabilidad a efecto de brindar seguridad a la población. Se han implementado operativos de seguridad preventiva cerca de diversas instituciones escolares con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas, en especial en los 11 municipios de la entidad declarados en Alerta de Género.
c) La Comisión Estatal de Seguridad (CES) ha elaborado mapas georeferenciados sobre delitos de violencia contra las mujeres, que permiten identificar las zonas de mayor incidencia en los 11 municipios.
d) El 22 de abril de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de México el Protocolo de Actuación Policial que incluye algunas acciones en materia de protección. Pero es “insuficiente” para coordinar a otras instancias obligadas en materia de protección como la Fiscalía y el Poder Judicial estatal.
Además, no se cuenta con un mecanismo de atención, coordinación y seguimiento de las medidas de protección.
e) El 4 de noviembre de 2015 se publicó el Decreto administrativo para atender la Alerta de Género en el que se establecen acciones de búsqueda inmediata y coordinación en casos de desaparición de niñas y mujeres.
Se diseñó un mecanismo para la búsqueda inmediata coordinado por la Fiscalía de Personas Desaparecidas y se han conformado células de búsqueda municipales, pero cuentan con poco personal, por lo que es “fundamental” garantizar los recursos humanos y materiales para su adecuado funcionamiento.
f) El 22 de abril de 2016 se publicó el protocolo de actuación en la investigación del delito de feminicidio y el protocolo de actuación policial con perspectiva de género para casos de violencia contra las mujeres. Pero el protocolo no se implementa y no se ha logrado que las investigaciones se hagan con debida diligencia y perspectiva de género. No se inician las investigaciones como un feminicidio.
g) Se publicó el Acuerdo 22/2015 por el que se crea el Grupo de Revisión de Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación relacionadas con violencia de género, el cual está conformado por nueve agentes del Ministerio Público.
No obstante, de 569 averiguaciones previas (de enero de 2005 a julio de 2015), 258 expedientes ya no se estaban investigando. Solo en el 10 por ciento de estos expedientes se pudo identificar a los probables responsables.
h) El 6 de mayo de 2016 se creó el Grupo Especializado para la Atención e Investigación de Asuntos de Alto Impacto relacionados con muertes violentas de mujeres.
i) Se creó la Unidad de Género en la Secretaría de Educación para la difusión de Alerta Amber. Pero falta contar con información clara y actualizada para la población sobre el estado que guardan los casos de desaparición.
j) Se implementó el Protocolo de Tratamiento de Identificación Humana, el cual facilitará la implementación de la Base de Datos.
k) Se crearon Unidades de gestión de información de cadáveres de identidad desconocida y de personas desaparecidas o ausentes, para concentrar la información y expedientes completos, atender a personas en búsqueda de sus familiares ausentes, así como girar información a las unidades de Concentración de información de la Procuraduría General de la República (PGR).
l) El 6 de mayo de 2016 se creó la Unidad de Análisis y Contexto (UAC) para la investigación de delitos vinculados a feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de niñas y mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
m) El 24 de noviembre de 2015 se creó la Mesa Única de Trámite para la Atención a los Delitos Vinculados a la Violencia de Género en la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.
Pero falta reformar la legislación para que los casos de omisiones o negligencia por parte de servidores públicos sean considerados como delitos graves y no proceda la prescripción de los mismos por tratarse de una violación a los derechos humanos.
n) En cuanto a las medidas de prevención contempladas en el Informe de la Alerta de Violencia de Género, es importante mencionar que los avances para su cumplimiento fueron mínimos.
No es suficiente que se considere un programa de capacitación, si no genera cambios de actitudes que fortalezcan la prevención de la violencia como un compromiso institucional.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-06-2017/3240341