El proyecto de ley contempla elevar las sanciones al espionaje “cuando el seguimiento o la intervención tengan por objeto obtener información sobre las actividades o ejercicio profesional de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil” que en ejercicio de sus derechos “realicen cualquier crítica al desempeño de la función gubernamental“.
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador justificó la iniciativa por las revelaciones periodísticas del diario The New York Times y Aristegui Noticias, sobre el espionaje del que fueron víctimas comunicadores, activistas y defensores de derechos humanos.
En su exposición de motivos, el proyecto establece que cuando el gobierno “se entromete en la privacidad de las personas” para fines ajenos a los establecidos en la ley “está pisando ya de manera firme los terrenos del ejercicio abusivo del poder y del autoritarismo”.
Añade que no hay régimen democrático cuando el gobierno espía a sus ciudadanos y “sólo un gobierno como el de Enrique Peña Nieto está más preocupado por las palabras que salen de la pluma o el micrófono de sus opositores que por las balas disparadas por las armas de la delincuencia organizada“.
Barbosa Huerta propuso que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) deberá establecer protocolos para realizar el seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas.
Esos protocolos deberán cubrir los siguientes elementos:
I. Precisar el objetivo legítimo del seguimiento o intervención en estricto encuadramiento a las hipótesis contenidas en la Ley de Seguridad Nacional.
II. Precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida;
III. Identificar, de ser posible, el lugar o lugares donde se practicará;
IV. Determinar el tipo de comunicación que será intervenida;
V. Identificar a los servidores públicos a cuyo cargo se encuentre la implementación y supervisión del seguimiento o intervención;
VI. La duración de las intervenciones no podrá ser mayor a 180 días, salvo prórroga concedida judicialmente;
VII. Se deberá describir la técnica de intervención y la empresa que provea la infraestructura tecnológica;
Además, se deberá comprobar que no existe una medida alternativa que sea menos lesiva para los derechos humanos; acreditar que las ventajas que se obtengan con la intervención no son desmedidas respecto a la afectación producida, y justificar debidamente que no hay motivaciones políticas.
La iniciativa contempla que el CISEN debe presentar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional un informe bimestral “que contenga el ejercicio detallado del seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas”.
Ese informe deberá contener la acreditación del cumplimiento de los protocolos descritos en la ley y deberá ser presentado por el director del CISEN.
Miguel Barbosa propuso adicional un párrafo II al artículo 177 del Código Penal Federal para sancionar con la suspensión de actividades de 6 a 12 años a las empresas de telecomunicaciones o de tecnología, cuando se compruebe el uso indebido de los programas informáticos o herramientas tecnológicas a través de los cuales se realice la intervención.
Incluso, cuando la intervención se realice sin mandato judicial “se impondrá la sanción de disolución”.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y la elaboración del dictamen respectivo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2806/mexico/presenta-barbosa-iniciativa-para-fortalecer-la-prohibicion-del-espionaje-politico/