El megaproyecto pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuenta con autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con los representantes de los pueblos, las dependencias no tomaron en cuenta “el uso, aprovechamiento y disfrute de los recursos” en las comunidades ni se les consultó conforme a lo establecido en la Constitución Mexicana y en las convenciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que México ha firmado.
Las Cruces está prevista para operar en los límites de los municipios de Ruiz y Rosamorada.
En conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), Santos de la Cruz Carrillo, representante de la comunidad wixárrica, señaló que el proyecto viola el derecho a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, ya que se pretende construir dentro de su territorio sagrado, en la cuenca del río San Pedro, en Nayarit.
De la Cruz sostuvo que serían más de 4 mil 500 hectáreas del territorio de las comunidades se verán afectadas e informó que a finales de mayo pasado presentaron una solicitud de amparo a fin de detener la construcción de la hidroeléctrica que “modificará por completo y de manera irreversible la hidrografía, la morfología, los sedimentos y minerales, y la flora y fauna del territorio ancestral”. Este territorio, dijo, es usado por ellos para llevar a cabo sus tradiciones culturales y espirituales.
Nazario Navarrete Lara, gobernador tradicional, coincidió que Las Cruces afectará lugares sagrados. “No estamos de acuerdo porque es donde se hacen las ceremonias. Estamos en pie de lucha para proteger nuestros lugares sagrados”, señaló.
De la Cruz criticó que las autoridades estatales y federales actúan de manera irregular y ponen en peligro sus territorios.
“El Gobierno de Nayarit actúa en colusión con las autoridades federales […]. El Estado mexicano nos pone como pueblos originarios y a estas alturas hay este tipo de embates […]. Es un atentado fuerte y grave por el que pasamos”, acusó.En el mismo sentido, Juan López Canare, vocero del Consejo Náyeri, acusó que las autoridades actúan a favor de los intereses económicos y dejan en la indefensión a las pueblos indígenas.
Además, subrayó que la construcción de la hidroeléctrica no significa un desarrollo para las comunidades, por el contrario, aseguró que la CFE “acapara” los recursos naturales y los bienes comunes, entre ellos, el agua y dejan áreas sin tierra fértil.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-06-2017/3239727