El 3 de junio pasado, José Rodolfo N. recibió una llamada telefónica a su domicilio en Naucalpan y le dijeron: “Hijo de tu pinche madre, ya te tenemos fiscalizado. Si te presentas a votar te vamos a madrear a ti y a tu familia”. En el identificador aparecía un número privado. La llamada fue consignada como denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
El mismo día, también en Naucalpan, a Chantal F. la llamaron desde el teléfono 5541286564. Una voz masculina le dijo que marcaban del Instituto Nacional Electoral (INE). Se dirigió a ella por su nombre. Le preguntó si iba a votar por Morena y Chantal respondió que sí. Al recibir esta respuesta su interlocutor la insultó y le dijo que se la “iba a llevar la fregada”. La afectada colgó y se comunicó al centro de atención de la FEPADE.
“Si votas por Morena, te vamos a dar en tu chingada madre a ti y a toda tu familia; ya sabemos dónde vives”, amenazó una voz anónima a Guadalupe M., también en Naucalpan. Le dieron los datos exactos de su domicilio. El identificador mostró el número telefónico 5545804030.
Un mensaje más intimidante recibió en la madrugada del 3 de junio Leonardo G., vecino de Tecamac. Vía celular le dijeron: “Te tenemos ubicado. Si no paras tu desmadre te va a cargar la chingada. Atentamente: La Línea”. Recibió una segunda llamada: “No quieres hacer caso, a ver si con un levantón entiendes. Atentamente: La Línea”.
A otro habitante de Tultitlán lo llamaron el 4 de junio desde el teléfono 53460000. Le indicaron que le hablaban de la Procuraduría General de la República y que debía presentarse en sus instalaciones porque cometió “fraude electoral”.
Son ejemplos de las 135 denuncias presentadas ante la FEPADE sobre llamadas intimidatorias recibidas por ciudadanos del Estado de México un día antes y el mismo 4 de junio. Del total de esas denuncias, 23 provinieron de habitantes de Naucalpan, 23 de Toluca, 11 de Atizapán de Zaragoza, 10 de Metepec y nueve de Ecatepec.
El seguimiento de estas denuncias, cuya copia obtuvo Proceso, refleja una operación sistemática y masiva con llamadas telefónicas amenazantes para inhibir el voto.
Esta operación se concentró sobre todo en el Estado de México, ya que el 4 de junio la FEPADE recibió sólo siete denuncias sobre llamadas telefónicas de Nayarit, otras tantas de Coahuila y dos de Veracruz.
Estas llamadas constituyen una violación al artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual establece en su fracción segunda que el “voto es libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores”. Además, contraviene varios artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En las otras entidades se recibieron llamadas de promoción del voto a favor del PRI o de candidatos de la oposición, pero son muy escasas las que constituyen amenazas de muerte o de secuestro, como ocurrió en el Estado de México.
Una denuncia en Saltillo, presentada por Mayela G., señala que el día de los comicios recibió una llamada a las 8:50 de la mañana desde el número 8444632873. Le dijeron que hablaban de la FEPADE, donde tenían pruebas de que había recibido un pago por su voto y por lo tanto le llegaría un citatorio para presentarse en la fiscalía.
Era un engaño, como los de la mayoría de los cerca de 25 citatorios que se repartieron en varios municipios del Estado de México para que ciudadanos que iban a ser representantes de casillas de Morena, del PRD o de MC acudieran a un citatorio a las instalaciones de la FEPADE en la Ciudad de México.
Las llamadas anónimas en el Estado de México proliferaron desde la primera semana de mayo. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, presentó una queja y una solicitud de medidas cautelares para que cesaran las llamadas telefónicas en la madrugada que denostaban a su candidata, Delfina Gómez.
“El PRI tiene el interés de tergiversar la información para confundir a la ciudadanía en el Estado de México”, afirmó Duarte. El titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, afirmó que solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones un informe sobre los concesionarios o propietarios de las empresas telefónicas o líneas privadas desde donde se han realizado las llamadas.
Hasta el momento la fiscalía está investigando las llamadas de mayo, las de días previos y las realizadas el 4 de junio.
El 40% de los 396 expedientes que la FEPADE elaboró durante los comicios provinieron del Estado de México y una buena parte consiste en esas llamadas para inhibir el voto.
“Call centers” del PRI
Un extenso manual titulado Reporte Estado de México y fechado en tres días distintos (13, 25 y 27 de mayo) establece el uso de call centers para la operación piramidal de promoción del voto para el PRI.
La estructura que desplegó ese partido en todo el Estado de México consistió en 20 coordinadores regionales, 136 coordinadores municipales, 750 coordinadores territoriales, 7 mil 632 comisionados por sección y 70 mil coordinadores por cuadrante, cuya función principal fue conseguir 2.8 millones de “probables votantes”.
En la evaluación del 25 de mayo, antes de que se realizara el llamado “simulacro electoral”, detectaron que les hacían falta miles de ciudadanos para llegar a la meta de 2.8 millones de electores a favor del tricolor.
En el documento, cuya copia tiene Proceso, en el apartado “Cálculos Call Center” se ordena el despliegue de 6 mil 380 llamadas “para lograr registro de activistas no activos”, así como “7 mil llamadas efectivas para dar seguimiento a registro de cuadrantes”.
Su objetivo primordial fue tener un control centralizado de la campaña utilizando los call centers y dar seguimiento a quienes intervinieran en la promoción del voto.
La prioridad de la estructura del PRI fue evitar la derrota ocurrida en siete de 12 entidades donde se realizaron elecciones estatales en 2016. En otro apartado denominado “Antecedentes” se explica la importancia de asegurar el voto favorable al PRI e inhibir el opositor:
“En las elecciones estatales de 2016 se pudo constatar que en las nueve entidades donde participó el CDE (Comité Directivo Estatal), los programas de activismo alcanzaron las metas numéricas de promoción y movilización. Las encuestas de salida el día de la jornada electoral parecían darnos los resultados esperados.
“El anonimato de la urna (sic) determinó la diferencia y perdimos siete elecciones de las 12 que concurrieron (cuestionamiento a las instituciones, mentir es parte del comportamiento antisistémico)”, señala el manual.
Hasta el momento, la FEPADE no ha concluido la investigación de los números telefónicos y de los call centers de donde salieron cientos de llamadas anónimas para amenazar a ciudadanos.
Los servicios del SNTE al Panal
Otra pista que investigan dos partidos de oposición en el Estado de México es la de unos servicios de telefonía celular que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó a promotores del voto del Partido Nueva Alianza (Panal), que participó en coalición con el PRI.
Desde agosto de 2014 la empresa KUBO Cel S.A.P.I de C.V., obtuvo el permiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones para prestar servicios de telefonía e internet a través de la marca QBO-Cel, dirigida y operada exclusivamente para maestros del SNTE.
El permiso se le otorgó al SNTE por 10 años hasta agosto de 2024 y su eslogan es “la red maestra”. Ofrece planes tarifarios de bajo costo: 85 centavos a llamadas de larga distancia, teléfonos fijos y celulares, incluyendo mensajes de texto. Tiene un proveedor llamado KUBO Maestro.
En febrero de 2015, antes del proceso electoral de ese año, el SNTE entregó 100 mil smartphones o “teléfonos inteligentes” a sus agremiados y hubo algunas denuncias en las elecciones estatales de Quintana Roo por el uso electoral de estos servicios.
En el Estado de México los promotores del voto del Panal utilizaron QBO-Cel en al menos cinco distritos electorales rurales, como Valle de Bravo, Tejupilco, Ixtlahuaca, Atlacomulco y Lerma.
A través de un chip se enlazaron con el elector y le enviaron mensajes, llamadas de propaganda de Nueva Alianza y a favor del candidato priista Alfredo del Mazo. Aún está en investigación si se realizaron llamadas de amenazas a través de estas líneas telefónicas.
El SNTE y el Panal pueden haber incurrido en otro delito electoral, ya que está prohibido que un partido político reciba financiamiento monetario o en especie de un sindicato.