De acuerdo con el historiador y sociólogo Álvaro Arreola Ayala, la elección del domingo, en la que la autoridad electoral del Estado de México dio ventaja al candidato priista Alfredo del Mazo Maza –irregularidades que ahora causan sospechas por las inconsistencias en las sumas, por parte de diversos ejercicios de especialistas y medios–, fue resultado del “sistema clientelar histórico” que ha operado en territorio mexiquense y que consiste, entre otros elementos, en el despliegue de servidores públicos responsables de asignar los recursos requeridos en cada zona a partir de los diagnósticos socioeconómicos.
“El sistema clientelar es histórico para el PRI; ahora lo usan también los otros partidos, pero el del PRI es un sistema de clientelas que se hace desde la base local, donde hay una serie de personajes ligados a una estructura, encabezada por los presidentes municipales, los secretarios de Desarrollo Social, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Gobernador, pasando por la estructura electoral que tiene el PRI en el Estado de México, una estructura territorial que se afianza en la dádiva, en la gestión de expectativas, y así funciona”, dice Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Se les asigna la tarea de encabezar a un Secretario de Estado, del Gobierno federal y de la entidad; entonces, ellos son los responsables, los que reciben los recursos y éstos bajan para que, una vez que hacen el diagnóstico de quienes son los que necesitan un tinaco, una despensa o una bicicleta, empiezan a operar y son (apoyos) otorgados por listas del PRI”, agrega el también experto en historia electoral mexicana.
Esa dinámica, por ejemplo, de acuerdo con el investigador, explica el nombramiento como nueva directora general del DIF nacional de Laura Barrera Fortoul, hija de Heberto Barrera Velázquez, un priista mexiquense que, entre otros cargos, fue director general de Gobernación en la gubernatura de Alfredo del Mazo González (padre del actual candidato priista), coordinador de zona en la campaña del Gobernador Arturo Montiel y, a la fecha, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI en el Estado de México.
“Están los listados del DIF, los de Desarrollo Social y, bueno, es cosa de ir palomeando a la gente que vive en determinados lugares para saber con qué votos contarán”, explica Arreola.
“No es es ciento por ciento seguro el resultado, porque la población puede recibir este tipo de dádivas y votar por otro partido; pero siempre la amenaza latente de no tener estos apoyos los obliga a tomar esa posición”, agrega.
ENTRE MÁS POBRES, MÁS PRIISTAS
El Estado de México, el más poblado de la República, es territorio más que fértil para este tipo de prácticas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un 49.6 por ciento de la población del estado (8.2 millones de personas) vive en situación de pobreza; otro 23 por ciento (3.9 millones) es población vulnerable por carencias sociales y otro 9.3 por ciento (1.5 millones de habitantes) es vulnerable por ingresos. La suma de estos grupos indica que más de ocho de cada 10 habitantes del estado sufren algún tipo de rezago económico.
Población que, de acuerdo con el despacho de análisis de opinión y mercado Parametría, conforma hasta el 48 por ciento de la militancia priísta.
“Los que tienen los salarios más bajos –menos de 1,500 pesos al mes– tienen mayor preferencia por el PRI (48 por ciento). Entre la población en general, el PRI obtiene 32 por ciento de la preferencia efectiva, en el segmento poblacional con menores ingresos llega a 48 por ciento”, reportó Parametría en 2015.
“Respecto a la escolaridad, la mitad de las personas que indicaron no tener estudios dijeron que votarán por el PRI (49 por ciento), así como los que tienen primaria como el grado más alto de estudios. Los principales nichos de este partido están en las personas sin instrucción formal, primaria y secundaria”, agregó la investigación.
En este contexto, la elección para Gobernador del Estado de México estuvo caracterizada por la participación, antes y durante la campaña, de Secretarios de Estado del Gobierno federal que de manera reiterada realizaron actos públicos en los que entregaron diverso tipo de ayudas.
“Primero en el municipio de San Felipe del Progreso y luego en Atlacomulco, las funcionarias federales hicieron entrega simbólica de cinco tarjetas para Mujeres que Logran en Grande (Tarjetas MLG). En este evento se distribuyeron casi cuatro mil tarjetas, cada una con un saldo de 3 mil pesos que las beneficiarias pueden hacer efectivo para la compra de distintos artículos básicos para sus familias”, reportó el Gobierno federal en un boletín de febrero pasado.
“Por su parte Paula Hernández Olmos, Coordinadora Nacional del Programa Prospera, destacó que el presidente (Enrique) Peña Nieto se comprometió a hacer cada vez más fuerte al programa Prospera, en hacerlo cada vez más grande y en hacerlo un programa mejor para todos los beneficiarios. Explicó que el Gobierno federal entrega estas tarjetas a las mujeres porque son las que mejor administran el gasto de la casa, porque anteponen el bienestar de sus hijos al suyo”, agregó el comunicado oficial.
Como esta visita al Estado de México, de acuerdo con una estimación del periódico Reforma reportada en marzo pasado, 21 funcionarios federales hicieron al menos 107 visitas desde agosto de 2016.
“Se dio la instrucción (desde la Secretaría de Gobernación) de intensificar la entrega de apoyos sociales, lanzar nuevos programas y que el Gabinete presidencial reforzara su presencia en la entidad. Cinco días después, los gobiernos federal y estatal lanzaron la Feria Integral de Servicios, la cual se ha realizado en al menos 10 municipios mexiquenses”, mencionó Reforma.
En mayo, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, difundió un documento en el que describe la “maquinaria electoral” priísta, que divide el territorio de la entidad, atribuye responsabilidades a los secretarios que fungen como “presidentes de gabinete” y ejecutan los programas sociales con fines políticos.
“En cada sección electoral, el PCS [procurador social encargado de cada sección] forma de 1 a 3 comités ciudadanos (dependiendo del peso electoral de la sección) de Desarrollo Social formado por 10 ciudadanos cada uno. A ellos se les baja todo tipo de programas sociales, no reciben pago y normalmente son activistas del PRI. De ellos se desprende una estructura de movilizadores llamados ‘maestros’, quienes tienen a 10 ‘alumnos’ cada uno que llevarán a votar el 4 de junio”, dice el documento difundido por López Obrador.
“Toda esta estructura aporta el 60 por ciento del total de la votación estatal y el otro 40 por ciento lo aporta el partido y el candidato. Esta estructura de Gobierno es supervisada por otra figura de Gobierno creada ex profeso para ello llamada ‘Cres”, agrega el texto.
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales (PREP), Del Mazo obtuvo un 33.7 por ciento de los sufragios, por encima del 30.8 por ciento que obtuvo Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por su parte, estimó en mil millones de pesos los repartidos en ayudas tan sólo en marzo, y en unos seis mil millones de pesos a lo largo del proceso electoral, además de advertir que la entrega de dádivas “influyen en el proceso electoral, trafican con la pobreza e inciden de manera directa en la compra del voto”.En número de votos, la instancia oficial indica que el priísta recibió un millón 955 mil 347 sufragios, 168 mil 385 más que su más cercana competidora, que obtuvo un millón 786 mil 962.
De estos, estimó el investigador René Torres Ruiz, politólogo y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, un millón 200 mil pueden ser producto de la militancia “dura” o acostumbrada a ser movilizada, mientras que otros 500 mil fueron no priístas que, consideró, habrían votado de manera coaccionada.
“Diría que ese medio millón de votantes del PRI fue a partir de esas prácticas históricas en cuanto a movilización y compra de voto, que fue mucha y muy evidente que estaban repartiendo despensas, la instalación de las ‘casas amigas’, que estaban también activando programas sociales de manera importante, y que hubo una campaña sistemática en medios de comunicación, donde se atacó tanto a Josefina Vázquez Mota [candidata del Partido Acción Nacional‚ como a Defina Gómez”, dice Torres Ruiz.
“Entonces, da la impresión que hay toda una campaña que podríamos considerar como estrategia de Estado, porque no sólo hay que considerar la propia maquinaria que tiene el PRI en el Estado de México, donde es un partido histórico, que no ha tenido alternancia y donde también hay una cercanía del grupo Atlacomulco con el Presidente de la Republica [Enrique Peña Nieto, familiar y ex jefe de Del Mazo]; entonces, los apoyos llegaron desde Los Pinos, seguramente. Creo que hay una estructura muy importante actuando para que Del Mazo se vaya a imponer, a raíz de estas prácticas ilegales”, agrega.
EL IEEM, “INUTIL”
Parte de la operación de Estado, dice Arreola, fue incluso el anuncio hecho por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que la noche del domingo declaró ventaja a favor de Del Mazo luego de un conteo rápido sobre mil 347 casillas electorales cuando el acuerdo era darlo sobre una muestra de mil 818 casillas.
Presidido por el abogado Pedro Zamudio Godínez, el IEMM tampoco reaccionó, acusa el historiador, ante el despliegue de visitas de funcionarios federales ni la entrega de tarjetas intercambiables por dinero o productos.
Los mensajes intimidatorios dejados junto a cabezas de cerdo en el exterior del Comité municipal de Morena en Chalco y en otros puntos tampoco fueron investigados, advierte.
Y también fue “vergonzoso”, dice el académico, el registro de candidatos “independientes” a quienes no se les exigió probar que contaban con las firmas de más de 400 mil ciudadanos.
“Desde el inicio de la campaña, con los señalamientos que se hicieron, las evidencias de los spots, la presencia de autoridades federales a destiempo, nunca hicieron que la autoridad electoral, ni la del Estado de México ni la nacional, dijeran que iban a sancionar”, cuestiona Arreola.
“Hay muchas dudas sobre la capacidad profesional del Instituto […]. Debiesen renunciar todos, por dignidad, por que creo que su renuncia podría generar confianza en las instituciones”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-06-2017/3234637