En su informe anual sobre el tráfico de personas a escala global, la dependencia a cargo de Rex Tillerson observó que “algunos funcionarios extorsionan a adultos en situación de prostitución y niños víctimas de trata sexual con sobornos y servicios sexuales; extorsionan migrantes en situación irregular, incluyendo a las víctimas de trata; falsifican los documentos de las víctimas; amenazan a las víctimas con perseguirles para persuadirles de testimoniar contra sus traficantes”.
También deploró que “aceptan sobornos de los traficantes; facilitan los movimientos de las víctimas a través de las fronteras; operan o patrocinan burdeles donde víctimas están siendo explotadas, o no atienden crímenes de tráfico, incluso en sitios de sexo comercial”.
Según la dependencia, México es un país de origen y tránsito -hacia Estados Unidos, sobre todo-, pero también de destino para hombres, mujeres y niños sujetos al tráfico sexual o al trabajo forzado.
Entre los sectores que abusan del trabajo forzado, el Departamento de Estado identificó el agrícola, el de los empleos domésticos, la industria manufacturera, los sectores minero y de la construcción, el turismo y el ambulantaje.
Agregó que los grupos del crimen organizado también aprovechan las redes de trata para reclutar sicarios o transportistas de drogas.
Señaló que en México el turismo sexual sigue siendo un problema “que se expande”, especialmente en sitios turísticos y en las ciudades fronterizas del norte.
“Muchos turistas sexuales vienen de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental”, subrayó, al añadir que “mexicanos también compran sexo a los niños víctimas de trata”.
La conclusión del Departamento de Estado fue que “el gobierno de México no cumple enteramente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico”.
Recorte de fondos
La Cancillería estadunidense también deploró que el gobierno federal recortó fondos destinados a investigar y perseguir los delitos de trata y para atender a las víctimas.
En consecuencia, las autoridades disminuyeron el número de investigaciones por trata de personas –de 250 a escala federal y 415 a escala estatal en 2015, pasó a 188 y 288 el año pasado, respectivamente–, y reportó una cifra dos veces inferior de víctimas de trata: de mil 814 en 2015 identificó apenas 740 un año después.
Sin embargo, la diplomacia estadunidense saludó que el número de personas condenadas por estos delitos se incrementó en los últimos dos años: de 88 en 2015, subió a 227 el año pasado.
Subrayó que el protocolo de la Comisión Ejecutiva para la Atención a las Víctimas (CEAV) resultó “inefectivo”, pues “la mayoría de los funcionarios no tenían instrucciones claras para identificar y dirigir las víctimas hacia los servicios”. Además, la dependencia no reportó en qué gastó su presupuesto asignado para el año 2016 y los albergues para víctimas no informaron sobre el número de víctimas de trata que atendieron.
El Departamento de Estado también recordó que sólo 14 estados adecuaron sus legislaciones con la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, pese que ésta se aprobó hace cinco años, el 14 de junio de 2012, mientras apenas 24 estados cuentan con unidades especializadas en la materia.
La dependencia urgió el gobierno mexicano a “reforzar sus esfuerzos” en la investigación y la persecución de los delitos de tráfico de personas, sobre todo en materia de trabajo forzado.
Tras recordar que muchos funcionarios confunden la trata de personas con la prostitución o el tráfico de migrantes, el Departamento de Estado deploró que “las autoridades no trataron como potenciales casos de tráfico a casos de individuos quienes pudieron ser forzados por grupos criminales a involucrarse en actividades ilícitas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
FECHA: 27 JUNIO 2017.
LINK: http://www.proceso.com.mx/492689/trata-personas-en-mexico-al-amparo-complicidad-oficial-e-impunidad-departamento