En el noticiero conducido por Denise Maerker se mostraron imágenes de una reunión del Fiscal del estado con representantes de pobladores de San Miguel Totolapan, el 12 de mayo pasado, tras la irrupción de unos 500 soldados y policías a la cabecera de ese municipio
En el video el Fiscal dice: “Tengo perfectamente la radiografía, y ya les dije, ‘El Tequilero’ número uno se llama Saúl Beltrán Orozco, punto, pero tiene fuero”.
Luego se escucha otra voz que le responde al funcionario, “es lo más triste, ahí cómo le dices a una sociedad que ha sido agraviada que técnicamente no hay (inaudible)”.
Pero el Fiscal lo interrumpe alzando la voz: “No lo va a entender, hay que explicarles de otra forma, que aguanten”.
Las autoridades estatales han señalado a Raybel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”, como el líder del grupo delictivo de Los Tequileros que se ha dado a conocer en el país por los secuestros masivos de ciudadanos en el área de los municipios de San Miguel Totolapan, Arcelia y Ajuchitlán.
EL martes 30 de mayo, el Fiscal Javier Olea Peláez afirmó que sigue la investigación para detener a Jacobo de Almonte, y del proceso contra el Diputado local Saúl Beltrán Orozco, de quien la Fiscalía demandó su desafuero, reiteró que éste está amparado.
También le preguntaron si el Diputado era el número uno de los dirigentes de la banda de Los Tequileros, pero respondió que “El Tequilero” es Raybel (Jacobo) y no sabe si sea el jefe de Saúl Beltrán.
AUTODEFENSAS DETIENEN A AGENTE DE PGR
La detención ocurrió cuando el agente de la PGR y su acompañante presuntamente extorsionaban a una comerciante de esa localidad que está a orillas de la carretera federal, en la carretera a unos 5 kilómetros de Mezcala, y a 40 minutos de Chilpancingo, la capital del estado, en vehículo.
Los policías comunitarios de esa autodefensa trasladaron a los detenidos a la comisaría municipal de Mezcala, en donde se tensó la situación debido a que algunos ciudadanos pedían que fuera el pueblo, los ciudadanos, quienes hicieran justicia. Los activistas dijeron que si los entregaban a la autoridad serían liberados de inmediato y que regresarían a ejercer represalias, como ha ocurrido en situaciones anteriores.
El agente Onofre Pozos adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de Iguala y el civil José Gustavo fueron detenidos aproximadamente a la una de la tarde y entregados a mandos del Ejército a las 7 de la noche, en medio de la inconformidad de aproximadamente 300 pobladores que pedían al comisario Leonardo Avalos que no los entregara, porque serían liberados de inmediato.
Los dos detenidos se trasladaban en una camioneta Pick Up blanca doble cabina, placas HE-95-171, sin logotipo o sin insignias oficiales. Portaban un rifle de asalto AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros. Los nuevos policías comunitarios les encontraron tres cargadores abastecidos para esa arma larga y cuatro para la pistola.
También seis celulares, 8 mil 500 pesos en efectivo y cinco dólares en billetes americanos.
En la camioneta había un paquete de documentación oficial en folders. El oficio que estaba encima decía: Informe de investigación. Unidad Administrativa. Policía Federal Ministerial.
LA POLICÍA FEDERAL EN LA ZONA
El Informe de investigación de la Unidad Administrativa de la Policía Federal Ministerial va dirigido a Alejandra García Mellado, agente del Ministerio Público de la federación, en apoyo de la mesa uno del sistema tradicional, y lo firma el suboficial de la Policía Federal Ministerial, Javier Reyes Ramos.
Ese oficio es una comisión del agente para una investigación de campo en la comunidad de Santiago Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, en contra de un vecino de esa localidad.
Los pobladores dicen que los dos agentes que fueron encontrados in fraganti por policías comunitarios, recibieron el reporte de que estaban cobrando cuota a una comerciante de Plan de Liebres.
Uno de los policías comunitarios contó que al llegar a una tienda vio que se mantenía sometida a la propietaria de la tienda, apuntándole con una pistola. El segundo estaba atrás de la casa, aparentemente resguardando el área.
Sin embargo, el agente de la PGR dijo que fue a la tienda a comprar refrescos y su acompañante aseguró que fue a orinar atrás de la casa, pero el comunitario que encabezó la operación dijo que los encontraron extorsionando a la dueña de la tienda.
“No te hagas pendejo, yo te vi cuando tenías así, hincada a la señora y apuntándole con el arma”, dijo en la acusación frente al agente de la PGR a los policías comunitarios y pobladores, que los mantenían rodeados en la explanada de la comisaría de Mezcala.
Los policías comunitarios esposaron a los detenidos con las manos hacia atrás y los pobladores los obligaron a permanecer hincados hasta que llegó el oficial J.A. Aburto R. de la Policía Federal de Caminos (PFC) quien pidió que les permitieran sentarse o pararse para que no se violentaran sus derechos humanos.
Frente a ellos estaban las armas, los cargadores abastecidos, el dinero, -según los pobladores producto de las extorsiones cobradas- y todo lo que les habían encontrado al momento de su detención.
Alrededor de los acusados también había un pueblo embravecido que pedía al comisario que no los entregara y que dejara que fueran castigados en el propio pueblo, “si los entrega los van a dejar libres de inmediato a van a regresar a seguir haciendo sus chingaderas, y entonces quien sabe cómo nos vaya a nosotros”, dijo uno ciudadano que miraba retador a los detenidos.
Después de que llegó el oficial de la Policía Federal de Caminos, entró también el jefe del agente de la PGR, quien nunca se identificó. En la calle se estacionó una camioneta con varios agentes que lo acompañaban y de inmediato los policías comunitarios salieron con intención de neutralizarlos, pero éstos subieron los cristales de la camioneta y su superior explicó a los comunitarios que lo acompañaban y pidió a los agentes que se retiraran del lugar.
Otro momento de tensión se vivió cuando arribó al lugar el Fiscal de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE), Esteban Maldonado, él era acompañado por agentes ministeriales en al menos cuatro patrullas.
A ninguno de ellos accedieron los pobladores a entregarles a los detenidos, a pesar de que ofrecieron que los entregarían al Ministerio Público y pidieron que acudiera la familia agraviada a presentar la denuncia para que se integrara la carpeta de investigación. Los ciudadanos insistieron que solamente se los entregarían al Ejército.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ZACARÍAS CERVANTES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-06-2017/3230253.