Fidencio Hernández Lomelí, líder de El Barzón en el distrito 5 de Jalisco, explicó que los afectados pidieron el respaldo de su agrupación porque el funcionario estatal ha aprovechado su puesto para quedarse “de manera ilegal” con una propiedad, por lo que “pedimos la intervención directa del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para resolver este asunto”.
El dirigente campesino dijo que necesitan saber si el mandatario está protegiendo a Ochoa González en esta situación, en la que los hermanos Osorio Medina ya interpusieron un juicio de nulidad contra una de las sentencias dictadas por un juez, dado que “por todas las artimañas que han utilizado no han dado chance de que los campesinos se defiendan con sus abogados, por lo que tenemos un juicio nuevo, donde tendremos la oportunidad de demostrar que hay una tendencia”.
De acuerdo con las denuncias de Francisco Javier y Alejandro Osorio, en 2002 ambos compraron el rancho denominado “Las Ánimas” o “Los Coyotes”, de 284 hectáreas, en la localidad Los Ortices del municipio de Colima, y recibieron la posesión legal y material por parte de “su legítimo dueño”, Salvador Solís Orozco.
Sin embargo, semanas después se presentaron en el inmueble un hermano del entonces diputado federal Arnoldo Ochoa y un abogado, quienes argumentaron que el verdadero dueño era el legislador, el que supuestamente había comprado la propiedad a Solís.
Los afectados narraron que, a través de los años y “utilizando documentos y pruebas falsas y valiéndose de las influencias que ha tenido en el gobierno por los puestos que ha ocupado”, Arnoldo Ochoa pretende sacarlos del rancho que “con tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo hicimos productivo”.
Aunque han recurrido a todas las instancias legales posibles, dijeron, han topado con “el favoritismo, indiferencia y parcialidad” a favor del funcionario, además de que en los últimos años Ochoa “ha utilizado a elementos y patrullas de la Policía Estatal y de la Procuraduría de Justicia” para intentar intimidarlos y presionarlos para que le entreguen el rancho.
Horas después de la instalación del plantón, Hilario Leal Viera y Roberto Castillo, funcionarios del Poder Ejecutivo, se entrevistaron con los manifestantes, a quienes pidieron formular por escrito sus demandas para recibir una respuesta formal.
Durante el diálogo, el abogado Agustín Díaz Torrejón, representante distrital de Morena, se comprometió a hacerles llegar el escrito y planteó la necesidad de conformar una mesa de trabajo para abordar el asunto, en la que no participe el secretario de Gobierno.
En entrevista, Fidencio Hernández dijo que los manifestantes no tienen prisa, que están preparados para un plantón de un día, una semana, un mes o un año. “Si los señores no tienen voluntad, aquí estaremos, convocando a los intelectuales, a los abogados para que también opinen sobre el tema, porque ya basta de que se estén cometiendo estos actos de arbitrariedad por parte de las autoridades sin que nadie levante la voz”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/493915/acusan-funcionario-busca-despojar-rancho-a-campesinos-colima