El viernes 23 de junio, el mandatario designó a María Elena Jaimes Martínez, señalada por familiares de personas desaparecidas de tener presuntos nexos con la delincuencia, como coordinadora ejecutiva del Mecanismo estatal para la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas.
Mientras que el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Olea Peláez, tomó protesta oficial la semana pasada a Rigoberta Román Orea como fiscal especializada para la investigación de delitos cometidos en agravio de personas que realizan labores periodísticas y defensores de derechos humanos.
Román Orea no solo carece de certificación en el nuevo sistema de justicia penal, sino también de exámenes de control y confianza al igual que 300 peritos, agentes del ministerio público del fuero común y policías ministeriales que laboran de manera ilegal en la dependencia y que están incurriendo en delitos federales al no estar facultados para integrar carpetas de investigación.
Además, el polémico fiscal Olea evitó tomar en cuenta a los diputados locales como lo marca el Artículo 142 de la Constitución estatal, donde indica que el nombramiento de los fiscales especializados “deberá tener el visto bueno” de las dos terceras partes del Congreso estatal para aprobar los nombramientos en la FGE.
Incluso, a la fecha, el gobierno estatal no ha ofrecido una explicación concreta acerca del caso que Apro dio a conocer sobre el equipo de espionaje adquirido de manera irregular en 2014 a la empresa Neolinx -filial en México de Hacking Team- luego de que la semana pasada reconoció que el software conocido como “El Perro” tiene la capacidad de intervenir llamadas telefónicas “con propósito únicos de investigación criminal”.
El martes 27 de junio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que encabeza Edison Lanza, emitió un comunicado donde celebró el acuerdo de la OEA, para poner en práctica estrategias y recursos que terminen con la impunidad prevaleciente en los crímenes contra periodistas.
Las recomendaciones de la asamblea general de la OEA, durante el cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, realizada en Cancún, plantean la creación de fiscalías especializadas independientes; la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos.
Así como la formación continua de los operadores judiciales en materia de libertad de expresión y seguridad de periodistas, indica el acuerdo de la OEA, donde se plantea además que que la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento, y expresó su preocupación por los riesgos particulares que enfrentan las mujeres periodistas.
En contraste, hace 15 días, el secretario de Gobierno del gabinete astudillista, Florencio Salazar Adame designó a su colaboradora María Elena Jaimes Martínez como titular de la coordinación ejecutiva del Mecanismo estatal para la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, durante un acto privado.
A mediados de abril, Apro dio a conocer que Salazar Adame había colocado a Jaimes Martínez al frente de la Comisión Estatal de Atención a Víctmas (CEEAV), pero luego la removió porque integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilapa la acusaron de presuntos nexos familiares con el líder de la pandilla de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez.
La imputación contra Jaimes Martínez -quien públicamente ha exigido a las víctimas que presenten una denuncia en su contra ante autoridades ministeriales-, se realizó durante un encuentro privado que sostuvieron en ese entonces integrantes de varios colectivos ciudadanos con el secretario de Gobierno en su oficina de la sede del Poder Ejecutivo, al sur de esta capital.
Pese al señalamiento, Salazar premió a su colaboradora como subsecretaria en la Secretaría de Gobierno y ahora la colocó como coordinadora ejecutiva del Mecanismo.
Dicho Mecanismo fue presentado el 6 de junio pasado por el gobernador Astudillo, quien evadió el tema de transparentar la partida de publicidad oficial, opacidad considerada como mecanismo de censura sutil y cooptación de empresarios y reporteros que representa un ataque a la Libertad de expresión.
La propuesta de mandatario es replicar el esquema federal que ha sido criticado por activistas y periodistas por no tener la capacidad de prevenir y proteger a víctimas de delitos.
Esta situación contradice los principios de la OEA y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que recomendó al gobierno de México poner en práctica estrategias y recursos que terminen con la impunidad prevaleciente en los crímenes contra periodistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/493349/astudillo-contradice-las-recomendaciones-la-oea-derecho-a-la-libertad-expresion