Este día, una de las mujeres víctimas, de quien se omitirá el nombre por razones de seguridad, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de México por lo ocurrido la madrugada del pasado 11 de julio.
En la denuncia presentada por la mujer agredida se lee: “A mí me tiran al piso, me golpean, me quieren quitar el celular, comienza uno de ellos a tocar mis genitales y mis pechos de una manera de corte sexual y de forma brutal, forcejeo con él y al intentar levantarme llega otro elemento armado con botas militares encapuchado también y me pisa la espalda para que no pudiera levantarme”.
En entrevista para SinEmbargo, Juan Carlos García Ruiz, miembro del Colectivo Conciencia Crítica y Acción, narró que un grupo armado compuesto por alrededor de 30 hombres encapuchados irrumpió en el campamento permanente que mantenían en Paseo Tollocan, número 1700, frente a Galerías Toluca.
Los 11 defensores sometidos, tres mujeres y ocho hombres, fueron golpeados y amenazados de muerte con armas de fuego cortas, mientras algunos destruían el campamento instalado desde el 20 de junio, otros los despojaron de sus pertenencias, entre ellas, celulares, carteras y libretas con información sobre la lucha.
“Nos dijeron ‘ya se los cargó la chingada’. Llegaron y automáticamente nos tiraron al suelo, llegaron en cinco camionetas, entre 20 y 30 personas armadas. La forma en que llegaron fue la forma más violenta, si nos movíamos nos pateaban, a un ‘compa’ lo patearon en la cara, no podíamos ni reconocer los rostros porque varios venían encapuchados y otros descubiertos”, narró García Ruíz a este diario digital.El activista acusó que los principales sospechosos del ataque y las amenazas son los propios agentes del Estado mexicano.
“Nos dijeron ‘nos mandó el jefe y ya está muy enojado porque ha perdido mucho dinero. Nos dijeron que nos metimos con La Familia Michoacana, con los narcotraficantes, pero nosotros sabemos que nomás es algo para cubrir y nos quedemos con esa idea y no que es el Estado quien mandó a esas personas a golpearnos”.
La forma en la que fueron sometidos, aseguró, es la técnica utilizada por policías estatales. “Nos tiraron al suelo, nos pusieron las manos atrás y nos esculcaron, que es cuando nos quitaron nuestras cosas. Es como si fuera un asalto y una represión fuerte contra nosotros”.
Los opositores del Gobierno, los activistas ambientalistas y de derechos humanos, sostuvo, “le estorban” al Estado para llevar a cabo negocios con los recursos naturales.
En el mismo sentido, Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que da acompañamiento legal al caso, manifestó que quienes fueron “perturbados” en sus intereses por la labor de defensa ambiental que han realizado los activistas, son los dueños de Galerías Toluca y el Gobierno del Estado de México.A mitad de enero de este año, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó un análisis que arrojó que las entidades con más ataques contra los defensores en el país son precisamente el Estado de México, a la par de Sonora, con 12 casos cada uno; le siguió Oaxaca, con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada uno.
El documento dejó de manifiesto que el país gobernado por Enrique Peña Nieto es peligroso para los defensores del agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna; y las agresiones son perpetradas principalmente por el propio Estado, tal como lo denunció Cemda, al presentar por tercer año consecutivo el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México.
Ante este panorama, Lara Duque sostuvó:
“El Estado de México es una entidad federativa que tiene toda una trayectoria y tradición represiva. Desafortunadamente, es una tradición política represiva la que vivimos en el Edomex. Es un ejercicio cotidiano. Se enfoca en los grupos ambientalistas porque son los estratos más ciudadanizados. La política represiva, podemos leer entre líneas, es reprimir con mucha más agresividad a quienes se comienzan a organizar para que el mensaje sea categórico desde el principio, sea de terror y los inhiba a seguir en la defensa del medio ambiente”.
Y urgió a la Fiscalía General del Estado de México a realizar una investigación rigurosa y eficaz a fin de dar con los responsables, ya que, subrayó, el clima de impunidad “abre la puerta” a que este tipo de situaciones se repitan, e incluso, lleguen a generalizarse en toda la República Mexicana.
Cualquier agresión, hostigamiento o amenaza en contra de los once activistas, advirtió, es responsabilidad de dicha Fiscalía, ya que es de su competencia otorgar medidas de protección a las víctimas.
Cabe mencionar que después de la instalación del campamento, el Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas anunció la suspensión del proyecto, no obstante, los inconformes decidieron mantener el campamento hasta lograr la cancelación definitiva y la notificación por escrito de la misma.
Asimismo, a través de una petición colgada en la plataforma Change que puede ser firmada dando click aquí, ciudadanos señalaron: “Derribar cientos de árboles en la segunda ciudad más contaminada del país con dinero público y crear acceso vehicular a una plaza comercial privada en una ciudad donde menos del 20 por ciento de la población se mueve en auto, ¿te parece justo? No a la destrucción del patrimonio vegetal de Tollocan frente a Galerías Toluca”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-07-2017/3262192