Las cifras de desaparecidos en México aumentaron diez veces desde 2011 gracias a que las autoridades del gobierno federal no atienden las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, lo que permitió que los 3 mil casos registrados incrementaran a 30 mil, declaró el exrelator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ariel Dulitzky.
El exrelator señaló que si el gobierno hubiera implementado las 33 recomendaciones que realizó el Grupo de Trabajo luego de su visita en el 2011, “muchísimas de estas miles de desapariciones no hubiesen ocurrido”.
Agregó que desde hace años se detectó el problema “grave” de desapariciones forzadas en México, pero cuando se informó que existían 3 mil casos documentados, “el gobierno se enfureció en ese momento” y no atendió las recomendaciones. Hoy, los registros alcanzan los 30 mil casos.
Lo que destaca en los casos de desaparición forzada “es el sufrimiento de las víctimas, el desamparo con el que muchísimas se encuentran, la indiferencia, la inercia por parte del Estado. Conté también la urgencia de que se apruebe, a la mayor brevedad posible, la ley general sobre desapariciones forzadas”, dijo Dulitzky en entrevista para Aristegui CNN.
Por otro lado, lamentó que en materia de seguridad “el paradigma de respuesta del Estado es el paradigma militar”, por lo que recordó que es necesario que el ejército no participe en esas tareas, pues además “impide discutir la necesaria reforma policial en México”.
A finales de mayo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos declaró que las desapariciones forzadas forman parte de una “política sistemática y un crimen de Estado” en México y otros países regionales y en el mundo.
De acuerdo con colectivos y otros organismos internacionales, las desapariciones forzadas en México rebasan las 50 mil personas, a pesar de que “el gobierno –sólo- reconoce más de 20 mil”.
Además, las actividades de búsqueda han dado con cientos de fosas clandestinas en diferentes estados del país, entre los que destacan Veracruz y Morelos. Los familiares de las víctimas constantemente denuncian la intervención de las autoridades para manipular las fosas e incluso negar el acceso a los detalles para la identificación de los cuerpos.
“No se están haciendo bien las cosas, porque no se está siguiendo ningún protocolo”, señalaron integrantes del colectivo Regresemos a Casa Morelos ante los trabajos de exhumación de restos en la fosa clandestina de Jojutla, Morelos.
A pesar de las denuncias, las autoridades continúan sin atender el problema y la impunidad ha permitido que los casos de desaparición aumenten, al igual que los asesinatos, desalojos y actos de tortura.
AUTOR: REDACCIÓN.