La solicitud de extradición para Javier Duarte de Ochoa fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) el 7 de junio. La Fiscalía Veracruz se adhirió a la misma solicitud con sus propias órdenes de aprehensión.
Duarte llegó al Tribunal con una camisa azul, con barba y cabello recortado. Se le cuestionó si tenía privilegios en la cárcel guatemalteca.
“No tengo comentario”, contestó a la prensa reunida.
La audiencia, que inició con retraso de una hora y media, comenzó con la lectura de una lista de 19 acusaciones federales que el Fiscal de Asuntos Internacionales de Guatemala, José Antonio Galdaméz, leyó a Javier Duarte. Entre los cargos que se le imputan destacan adquisiciones ilícitas de propiedades a través de prestanombres como el rancho “La Macedonia”, el predio rústico “El Porvenir” y un lote de terreno ubicado en Las Mesas en Valle de Bravo, Estado de México.
Tras escuchar los cargos federales que el Gobierno de México le imputa, Duarte dijo que no tiene ninguna de las propiedades mencionadas y que en la solicitud de extradición no aparece su nombre en el registro agrario ni en pruebas.
“En solicitud de extradición no aparece mi nombre en el registro agrario ni en pruebas; está viciada. Un punto muy importante porque hay una confusión. La propia solicitud aclara que no soy ejidatario ni pienso ser ejidatario”, dijo el ex Gobernador, quien fue detenido la noche del 15 de abril en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel.
De acuerdo con el Fiscal de Guatemala, los ex socios de Duarte revelaron a la PGR la forma en que se desviaron recursos federales y estatales para la creación de empresas fachada y la adquisición ilegal de 21 parcelas en el Ejido Lerma.
“Se trató de ocultar el origen del dinero para la adquisición de inmuebles y operaciones empresariales y luego se pretendió hacer pasar como ganancias legales los recursos que obtuvieron las empresas fachada”, dijo.
Tras escuchar las acusaciones, Javier Duarte aceptó su extradición a México por las acusaciones de desvío de recursos y delincuencia organizada.
“He decidido allanarme a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de México por el desvío de recursos ya que no cometí tales delitos y es mi deseo acreditarlo ante el Poder Judicial de mi país”, aseguró Duarte durante la audiencia..
Durante esa audiencia, la Fiscal Karina Bolaños precisó que Duarte tenía dos solicitudes de extradición: Una orden emitida el 9 de marzo por incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias en Veracruz, y la segunda, del 30 de marzo, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, trafico de influencias y coalición.
Duarte de Ochoa gobernó hasta octubre pasado el estado de Veracruz. Él y sus secretarios son acusados de haberse robado el presupuesto de casi todas las dependencias y se les sigue un proceso en la Fiscalía estatal y en la Procuraduría General de la República (PGR).
Autoridades de Guatemala detuvieron el 15 de abril, en un hotel de Panajachel, al político de 43 años nacido en Orizaba, quien era buscado por la Interpol en 190 países.
Desde ese día, Duarte de Ochoa permanece en el penal de máxima seguridad Matamoros, donde están presos ex funcionarios y narcotraficantes guatemaltecos.
El 7 de junio, 53 días después de la detención del ex mandatario, el Gobierno federal presentó la solicitud oficial a Guatemala para su extradición.
LA ASF REVELA SAQUEO EN VERACRUZ
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el viernes pasado, a través de los resultados preliminares de la Cuenta Pública 2016 entregada a la Cámara de Diputados, que el estado de Veracruz de nueva cuenta ocupa el primer lugar entre las entidades con mayor daño presupuestal.
Entre los hallazgos destacan movimientos de miles de millones de pesos autorizados para ser enviados hasta el último año del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y que fue cerrado por Flavino Ríos Alvarado.
Los fondos más afectados por el desvío, de nuevo son los correspondientes al sector salud y educación, los que tienen que ver con la compra y abasto de medicamentos para el Seguro Popular y el pago de nómina de empleados de este sector y maestros.
También salieron observados con posible daño fondos de Prospera.
Los funcionarios duartistas que estarían en la mira por este mal manejo de recursos son Ramón Ferrari Pardiño, ex Secretario de Desarrollo Social; Fernando Benítez Obeso, ex Secretario de Salud; Raúl Alarcón, ex director del RESP; Xóchitl Adela Osorio, ex titular de la Secretaría de Educación, y Antonio Gómez Pelegrín, ex titular de Finanzas.
De acuerdo con las investigaciones de la PGR, Javier Duarte es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.
El expediente del caso fue expuesto por fiscales de la PGR y funcionarios del SAT en una audiencia oral realizada ante un juez federal en noviembre pasado.
La indagatoria del Ministerio Público, que contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, indica que entre 2012 y 2013, a través de las Sceretarías de Educación y Salud de Veracruz, se concedieron contratos a las compañías Evolución de Diseños, Farmacias Genéricos, Solaris Technologies, Gali Textil y Aglomerados de Concreto del Papaloapan.
Lo que luego documentó la PGR fue la ruta que siguió el dinero a través de transferencias electrónicas conocidas como SPEI. Los recursos fueron traspasados a por lo menos nueve empresas: Edifica México, Benfa Inmobiliaria, Diseño Arquitectónicos Malva, Diseños Arquitectónicos Aylin, Sacmet Inmobiliaria, Agatone Advisor, Medical Health Services H2S, Anivis International Y grupo Inmobiliario Boing.
Estas nueve compañías, que ya no eran contratistas del gobierno, recibieron el dinero público de las que sí eran proveedoras. Con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se detectó que todas ellas traspasaron el dinero a una empresa de tercer nivel denominada Consorcio Brades.
El seguimiento de las operaciones bancarias permitió a PGR establecer ante que la empresa Consorcio Brades simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio en Campeche. Dichos terrenos ejidales eran propiedad de prestanombres de Duarte que fingieron ser ejidatarios, entre ellos el empresario Moisés Mansur y el abogado fiscalista José Juan Janeiro Rodríguez.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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