“El tema de la violencia sexual, y en general contra las mujeres, es que no existe una sola política pública de prevención. Por el contrario, el continuar en una sociedad en donde la promoción de las mujeres como objeto sexual, uso y desuso, pues claro que incrementa estos casos”, dijo la investigadora Guadalupe Ramos Ponce.
A nivel nacional, el número de violaciones sexuales se encuentra estancado y los grupos civiles ven al Gobierno federal pasivo ante el fenómeno. En los primeros cinco meses del año se registraron 5 mil 222 carpetas de investigación por este delito; éstas son 38 más que en los mismos meses del 2016.
Ayer, un hombre que presuntamente abusaba sexualmente de una joven de 16 años fue detenido casi en el acto luego de que la pareja de la víctima escapó de los supuestos agresores y fue a pedir auxilio a una patrulla que hacía su rondín de rutina en las calles de Iztapalapa, Ciudad de México.
Y el jueves de la semana pasada, vecinos intentaron quemar una combi en Los Reyes La Paz por la presunta participación de un chófer en la violación de una menor de 16 años en la ruta Pegaso.
El incidente remitió a otro reciente en el Estado de México, la violación y asesinato de Valeria, una niña de 11 años, en la ruta de 40 de Nezahualcóyotl el pasado 9 de junio.
“Hay una cuestión de prevención, y otra de impunidad. Porque mientras no agarren a los culpables de estos delitos hay carta abierta para que los sigan cometiendo”, dijo Ponce.El Estado de México junto con Guerrero son las entidades con mayor número de incidencia delictiva. Sin embargo, en cuanto a las violaciones sexuales las condiciones de peligro son distintas, el primero registra entre enero y mayo 790 carpetas de investigación, y el segundo, 96.
IMPUNIDAD DE LOS CASOS
De acuerdo con el trabajo, publicado en 2016, “Diagnóstico sobre la violencia sexual” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de cada 100 agresiones sexuales registradas entre el 2010 y 2015 sólo seis fueron denunciadas, y tres terminan recibiendo sentencia.
A las pocas sentencias también se suman los retrocesos en algunos estados para castigar estos delitos.
Chihuahua es la entidad con más años con el nuevo sistema de Justicia Penal, desde el 2007. Y , a la vez, un estado en el que los niveles de violación no retroceden. Entre enero y mayo hubo 389 carpetas de delitos sexuales; en el mismo periodo 2016 hubo 395.
Allá el constante cambió de 13 magistrados durante el periodo del Gobernador César Duarte, hoy prófugo, echó atrás avances en el sistema penal para los casos de violación, dijo Nuño; cuyo trabajo en instancias de apelación había demostrado enmendar sentencias de jueces que no favorecían a las víctimas.
“¿Qué ha pasado en Chihuahua? En el inicio del sistema acusatorio se capacitó a muchos ministerios públicos. Pero, en los últimos años hubo una rotación muy importante de a esas personas”, relató.
En cuanto a las autoridades de Gobernación, Nuño señaló que las autoridades fallaron en la generación de diagnósticos y en la georeferenciación de la violencia contra las mujeres. Un mapa de incidencia delictiva que les podría dar claridad de en dónde realizar programas y campañas de prevención.
SE DUPLICAN LOS CASOS
Hay entidades que registran peligrosos aumentos. Entre ellas están Puebla y San Luis Potosí. La primera registró en los primeros cinco meses del año 279 carpetas de investigación, contra 217 del año pasado.
En San Luis Potosí, los primeros cinco meses del año sumaron 204 carpetas de delitos sexuales, en contra de las 101 que registró el mismo periodo el año pasado.
Vianeth Rojas Arenas, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), en Puebla, explicó que los programas de prevención han fallado, y las denuncias aumentaron, pese a que el subregistro en términos generales sea amplio.
“El índice de denuncias ha aumentado. También sabemos que se les sigue revictimizando, una vez que las chicas llegan a los ministerios públicos. En el acompañamiento que le hemos dado, sí vemos que no se les está aplicando la norma 046 sobre violencia sexual”, dijo Rojas.La norma, entre otras medidas, tendría que ofrecer la pastilla anticonceptiva del día después para evitar un embarazo. Sin embargo, los agentes del Ministerio Público adolecen del conocimiento de la norma; “y los que la saben no la están aplicando”, dijo.
El tema de las agresiones sexuales ha sido un tema de cuidado en los discursos de las autoridades federales y estatales, coincidieron las entrevistadas.
En el caso de Puebla, la nueva administración estatal, que encabeza el Gobernador de Acción Nacional (PAN) Antonio Gali Fayad desde febrero empezó a hablar de los delitos por violencia de género, después del silencio con que caracterizó el manejo del Gobernador Rafael Moreno Valle, quien ha manifestado su deseo de ser candidato presidencial del PAN.
“Ahora hay un poco de disposición. La nueva administración menciona el tema, en la anterior no se habló jamás. No se escuchó a Moreno Valle hablar de feminicidios, ni a agresiones, ni acciones”, sostuvo Rojas.
Las acciones en Puebla se han quedado meramente en documentos firmados por la autoridad, señaló Rojas, después de que la Secretaría de Gobernación recién prolongará el plazo de cumplimiento de recomendaciones de la solicitud de Alerta de Violencia de Género.
“A mí me parece grave que en esas ocho recomendaciones, donde da el Conavim da otros seis meses más, dice que hay que hacer un diagnóstico de la situación de la violencia a nivel estatal, sobre todo. Una recomendación que fue una de las primeras planteadas desde el año pasado [abril del 2016] y no se ha generado”, apuntó la activista.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-07-2017/3259620