A pesar de que los daños que generan los proyectos extractivos, las empresas cuentan con el respaldo legal por ser considerados sus servicios como “de utilidad pública”, lo que las ubica por encima de otras actividades económicas y sociales, así como de los derechos humanos y el medio ambiente, agrega el informe.
“Los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica”, señala Fundar.
Gracias a los privilegios que gozan, actualmente hay un total de 25 mil 178 concesiones otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, y 885 proyectos mineros, con 65.3 por ciento a cargo de empresas canadienses y 13.2 estadounidenses.
De acuerdo con el estudio, la mayoría de las empresas mineras y de hidrocarburos con actividades en México no cuentan con políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, además de que provocan conflictos sociales, dañan los ecosistemas y pagan una cantidad mínima de impuestos, comparados con las ganancias.
Los datos de Fundar apuntan que, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013, la minería sólo significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, mientras que la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por otra parte, la operación de estas empresas “genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables”, añade el informe.
Los altos niveles de conflictividad generados por las actividades extractivas provocaron por lo menos 37 conflictos relacionados con la minería y 11 por la explotación de hidrocarburos, remarcó Fundar.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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